Hoy a las 10, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación escucharán a delegados de comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta, para conocer cómo se ve amenazada su subsistencia a causa de los desmontes autorizados por el gobierno provincial. También oirán las explicaciones del representante de Salta, y del secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, ya que el Estado nacional ha sido acusado de "falta de control" de esas prácticas.

Será la primera audiencia pública pautada por la Corte, que el 29 de diciembre hizo lugar al pedido de comunidades aborígenes y pequeños productores criollos, y ordenó frenar los desmontes y talas de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Entre setiembre de 2004 y diciembre de 2007, el gobierno de Juan Carlos Romero aprobó 191 de los 195 pedidos de desmonte, por 807.509 hectáreas; sólo en 2007 fueron autorizados desmontes por 435.399 hectáreas. Del total, los departamentos más afectados son Anta (243.920), San Martín (217.569) y Orán (205.403).

Por ahora, la suspensión de la Corte se refiere a los desmontes aprobados por el gobierno salteño en el último trimestre de 2007, cuando se reunía un millón y medio de firmas en reclamo de la Ley de Bosques, entonces "cajoneada" en el Senado. La norma, sancionada el 21 de noviembre de ese año, prohibió realizar desmontes y talas hasta que cada provincia elabore una ley de ordenamiento territorial de bosques nativos.

Precisamente la Legislatura salteña aprobó la suya hace pocos días. Pero la Universidad Nacional de Salta acaba de pedir a la Corte Suprema de la Nación que la declare inconstitucional, por considerar que vulnera el derecho a un ambiente sano porque "no conserva ningún bosque".

Delegados de 30 comunidades viajaron a Buenos Aires y están desde ayer en vigilia en Plaza de Mayo. En su presentación a la Corte recordaron que en su mayoría "viven desde tiempos inmemoriales en y de los bosques nativos (monte)" de esos cuatro departamentos norteños. En sus territorios -hoy propiedad de particulares o lotes fiscales- se han provisto desde siempre de los recursos necesarios para su sustento: peces, animales, frutos, raíces, miel, algarroba, materiales para sus viviendas y sus artesanías.

Más aún, "la relación entre los pueblos originarios y el bosque nativo reviste un carácter espiritual único: el monte es su hogar y su medio de subsistencia, el lugar en que descansan los restos de sus ancestros, su identidad y su cultura mismas". Sin el bosque nativo, destacan, las comunidades aborígenes desaparecerían.

Al recurrir a la Corte, recordaron que "fruto de los desmontes indiscriminados que llevan adelante los propietarios de las tierras, el bosque nativo de la zona -que alberga a miles de indígenas- se encuentra en proceso de desaparición", debido a la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la explotación maderera, la minería, la construcción de rutas y puentes. Señalaron que tampoco se han salvado las comunidades que lograron los títulos de propiedad de sus tierras -muy pocas, pese a ser un derecho constitucional-, ya que sufren el permanente saqueo de sus árboles de palo santo.

Al pedir la declaración de inconstitucionalidad de los permisos de desmonte, indígenas y criollos se basaron en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, donde "las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Según lo que prevé la Carta Magna, pidieron también que, tanto los culpables como los responsables, recompongan los ambientes al momento anterior a los daños o, de no ser posible, se les fije una indemnización sustitutiva, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la Ley de Bosques.