De esta manera, el ex funcionario de Lafalla criticó a la gestión de Cobos en materia de seguridad.
 
Alejandro Cazabán: Creo que la reforma está virtualmente paralizada y ha sufrido retrocesos sustanciales, concretamente en esto que ustedes mencionaban, es decir el concepto central de que el poder político, el poder civil asumía el control de todo el sistema de seguridad, incluyendo en ello el aparato policial, el aparato penitenciario, a través de distintos mecanismos como debe ser el sistema educativo, el sistema de control interno conducido por civiles, la necesidad, que nunca se hizo, todo lo contrario, se retrocedió, de profundizar la reforma del sistema penitenciario. Todo eso creo que fue dejado de lado, creo que promediando la gestión de Iglesias es cuando empiezan a caerse digamos, todos estos conceptos y estas ideas y esta forma de gestionar la seguridad pública de Mendoza, y con la gestión de Cobos, directamente creo que termina de desaparecer aquella política de Estado. Creo que la política de Estado ha desaparecido, creo que la Inspección General de Seguridad no es el órgano de control civil interno que tiene que tener, que prevé la ley y en este concreto, que pasando 48 horas esté toda la provincia enterada y la Inspección General por un llamado se entere, me parece realmente lamentable, independientemente del correcto accionar de la Justicia.
 
En cuanto a la preparación de los futuros policías, Cazabán aseguró que el Instituto de Seguridad Pública hoy está desvirtuado: Este instituto debía dar educación no sólo para quienes ingresaban a la Policía, de mejor calidad, con profesores universitarios, sino también una capacitación y un entrenamiento permanente. Hoy, para ser muy sintético, eso se ha convertido en una bolsa de trabajo de funcionarios políticos y de familiares de funcionarios políticos, en donde están nombrando una enorme cantidad de personas, la calidad del Instituto, que se pretendía, no ha sido lograda, está en el mismo nivel que la Escuela de Policía, si no es menos, y yo creo que ese es el corazón de la reforma, porque eso significa un cambio cultural, una incorporación del sistema policial o de los futuros policías y de los actuales policías a lo que damos en llamar la cultura democrática y creo que eso fue totalmente desvirtuado y acá ya ni siquiera hay responsabilidad del personal policial, ahí está la Universidad y está el Gobierno provincial, representado creo que por el doctor Duch.
 
Ricardo Rodríguez: bueno pero discúlpeme doctor, hay una Legislatura, hay legisladores, hay una comisión bicameral, de Seguridad, que supuestamente tendría que investigar todos estos hechos.
 
Alejandro Cazabán: por supuesto, supuestamente! Por eso le estoy diciendo que lamentablemente, lo digo con mucho dolor, la reforma, este no es un problema solamente de la Inspección, la reforma, por falta de decisión política y en esto siempre quien lleva la mayor responsabilidad es quien está a la cabeza del gobierno, en este caso el ingeniero Cobos, ha sido virtualmente abandonada, no hay ni siquiera espacio de consenso, el Consejo Asesor de Política Criminal, anunciado tantas veces, han nombrado al doctor Godoy Lemos al frente del Consejo, fue tapa de los diarios, vayan y pregunten qué han hecho! es decir, para la foto están todos pero para el trabajo concreto, y esto exige un trabajo cotidiano muy fuerte, muy intenso, no hay actividad! Se resignó la Dirección de Seguridad que estaba en manos de un civil a favor de un policía y en la penitenciaría, el sistema penitenciario está exactamente igual que el año 98, cuando allí había que reformar toda la estructura orgánica y toda la ley de personal policial, no se hizo nada de eso, sino que aún peor, le ponen a un director penitenciario al frente de la penitenciaría, es decir, concretamente, acá se ha vuelto a repetir el viejo pacto del poder político con el poder policial, y no me cabe ninguna duda que estamos teniendo “suerte” de que no ocurran hechos más graves o mucho más graves en cantidad y en calidad de lo que viene ocurriendo.
 
Marisa Carrizo: es cierto, la Inspección General de Seguridad al fin y al cabo es un órgano de contralor, el poder político es quien tiene la responsabilidad para el manejo, el perfil de la Policía, pero hasta qué punto el poder político puede avanzar sobre las corporaciones, la corporación policial, la corporación penitenciaria? De acuerdo a la luz de los hechos parecen inermes a veces como para hacer esta reforma, más allá de la buena voluntad o de algunas causas muy concretas como es la falta de compromiso, como ha sucedido con la oposición y el oficialismo en seguir adelante con la política de estado.
 
Alejandro Cazabán: bueno, evidentemente que estos hechos demuestran una debilidad del poder político, por eso mismo lo que se encaró en su momento fue una política de Estado con un fuerte compromiso de todos los partidos políticos para trabajar, el gobierno a cargo de la gestión y la oposición aportando ideas y controlando, controlando positivamente, es decir, en las críticas constructivas y en decir, esto está mal y no lo consentimos.
 
En la medida que el poder político no se una, no trabaje concretamente y efectivamente, las corporaciones van a seguir funcionando, como funciona la Policía, la Justicia y también funciona la corporación política, convengamos, entonces yo creo que acá la corporación política ha tomado una decisión de no, no digo enfrentar, sino de no mejorar las instituciones del sistema de seguridad pública! No es de enfrentamiento, esto de mejorar, de introducir la cultura democrática y de tener una Policía capaz de prevenir y reprimir el delito desde la legalidad, con la firmeza que la sociedad hoy exige. Ahora, cuando todo se confunde, cuando hay pactos de silencio, es una enormidad que hayan pasado 3 días para que el director de Seguridad se le ocurra levantar el teléfono para avisarle a un funcionario civil que debería estar controlando, que ha ocurrido un hecho! Es decir, acá no es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión de decisión política, de mejorar la calidad institucional en la provincia de Mendoza, vinculada con la seguridad pública y no es un problema legislativo, porque leyes sobran.