“Nosotros sabíamos que ellos iban a sufrir un proceso muy fuerte,  y que además se sentían obligados a estar aquí en nuestro país” estas fueron las palabras reales de Juana Juri - asesora legal del CEAS (Comité Ecuménico de Acción  Social), encargado de la recepción y protección de refugiados chilenos - en la entrevista realizada por nuestro Departamento de Escenarios Latinoamericanos, sobre la experiencia de los refugiados políticos chilenos en Mendoza a partir de los 70’: una  sucesión de golpes de Estado e implementación de dictaduras militares desplazó a miles de personas a nuestra región, ya que sus vidas peligraban en sus propios países, como fue  el caso de Chile, tras el golpe de Estado de setiembre de 1973.

La represión desatada  contra el movimiento político social que apoyó al gobierno de Salvador Allende, abarcó la dirigencia política y aquellas personas del pueblo que habían tenido participación en el proceso popular que se desarrolló en Chile en los años anteriores. El 18 de diciembre de 1974 Augusto Pinochet fue declarado Jefe Supremo de la nación.

Ya a mediados de la década de 1970, se constituyó la Operación Cóndor, un acuerdo impulsado por la CIA a través del titular de la DINA (Direccion de Inteligencia Nacional) Chilena, Gral. (R.) Contreras. Fue aprobado también por los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Básicamente la operación era una coordinación represiva, la cual sedescribe como la fuerza multinacional, en la que intervinieron los servicios de inteligencia de países sudamericanos, que tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas “subversivas” residentes en dichos países, así como la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales. Este plan permitió a las fuerzas armadas y paramilitares de los países del Cono Sur desplazarse libremente en el territorio de otros para secuestrar, desaparecer o asesinar a los ciudadanos considerados sediciosos.

En este contexto miles de chilenos llegaron a nuestro país, y, por mayor cercanía, a nuestra provincia Mendoza.

JuanaJuri trabajó en Derechos Humanos, en la defensa de presos políticos, razón por la cual  fue conocida en el medio. Al constituirse el Comité Ecuménico, Naciones Unidas la propuso como abogada de ese organismo, ella aceptó. Primero fue contratada por seis meses y luego permaneció allí durante dieciocho años. Desde su experiencia ella nos describe el contexto político que vivieron los refugiados chilenos en nuestra provincia,  en distintas etapas: en la primera  se produjo el golpe de estado en Chile, paralelo a ello en Argentina se estaba preparando la vuelta de Perón al gobierno, había democracia, frágil, pero existía una predisposición para recibir a los refugiados.

Después del 74, con la muerte de Perón y la vuelta de los militares, endurecieron la situación. Frente a ello Juana expresó “…yo estuve en algunas reuniones de militares a las cuales no iba sola, sino acompañada por el Comité Ecuménico y delegado de las Naciones Unidas, aquí nos dijeron que los refugiados corrían peligro y el jefe de la policía, que no recuerdo el nombre, nos dijo que iban a poner  a todos los exiliados en la frontera  para que los bombardearan. Luego de esto vino el golpe del 76”.

Desde el primer momento, aclara Juana, “hubieron allanamientos en los hoteles, pero generalmente no perdíamos a nuestros refugiados íbamos a buscarlos en las distintas comisiones, yo me presentaba con los sacerdotes y delegados de las Naciones Unidas. En ese año, recuerdo que nos pusieron una bomba en la iglesia ortodoxa porque nos reuníamos ahí por protección, pero frente a lo sucedido por el atentado, hicimos un acuerdo y pedimos mayor seguridad policial, aunque no sabíamos si la policía había tenido participación en la bomba”.

De manera individual la que había  recibido  más amenazas y allanamientos  fue Juana, por el tipo de trabajo que ella  realizaba.

Según la columna Impertinente-Héroes Anónimos por Oscar Villalobos, los refugiados chilenos en Mendoza estaban divididos en ambulatorios y los residentes en hoteles. Los ambulatorios pertenecían al comité y tenían el status de refugiados bajo el amparo de las Naciones Unidas pero vivían en casas privadas. Los otros residían en hoteles donde comían y se alojaban financiados por el comité.

De acuerdo a Juana Juri los centros de refugiados se organizaban con delegados, el único referente que tenían los exiliados era el Comité Ecuménico.

Este comité tuvo su origen a principios de 1974, la afluencia de los migrantes políticos se transformó en masiva, por lo cual las Iglesias y las Organizaciones ecuménicas, en Asamblea resolvieron crear una institución denominada primeramente CEDAS y luego CEAS, par brindar acogida y orientación a las familias que llegaban.

Desde la experiencia, la asesora del CEAS nos comenta que los refugiados desaparecidos, eran aquellos que llegaban por la cordillera, o que llegaban  a pedir  status político y mientras lo tramitaban desaparecían.

“Los exiliados nos contaban que cuando los detenían, quienes los interrogaban no tenían acento argentino sino chileno, es por eso que cuando se descubre el Plan cóndor queda claro lo que ellos permanentemente denunciaban” expresa Juana.

El CEAS no trabajaba solo, sino que desde 1974 establece relación institucional con la Representación Regional  para el Sur de América Latina  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con sede en Bs.As y se incorpora como integrante   de la Comisión Coordinadora de Acción Social (CCAS)- organismo nacional de Iglesias  y ONG’s- para coordinar el cumplimiento operativo  de las actividades a favor de los refugiados.

En la  primera etapa, el CEAS tenía como objetivo brindar protección y hospedaje a los refugiados, pero luego comienza a manifestarse lo que constituiría uno de los problemas fundamentales: dificultades para la regularización de su estadía y prolongación de su transitoriedad en el país.

De 1975 a 1977 se plantearon dos objetivos: primero  realizar una campaña de esclarecimiento ante las autoridades públicas y población en general sobre los objetivos del CEAS y los Programas de refugiados políticos chilenos, que permitirían un conocimiento de la institución en el medio. Segundo concientizar al refugiado, tendiendo a que aprendiera a protegerse, que tomara conciencia de su realidad y de su situación política y social adversa en el país, y en consecuencia adoptara una conducta y una forma de vida acorde.

Como resultado de la presentación de refugiados, las autoridades realizaron una selección, considerando “positivos” aquellos a los que se le permitiría realizar los trámites de radicación en Argentina, y “negativos” a los que se les negaba esa posibilidad.

En  respuesta al alto grado de discriminación política, las tareas del CEAS gestionan el reasentamiento en terceros países. Según  lo expresa Juana Juri “El trámite se realizaba de acuerdo a la cantidad de avisos que hacían los otros países, el que era rechazado acá podía aspirar al 3° país que podían hacerlo una vez presentados los trámites tenían posibilidades a ir a los Terceros países. Aunque los organismos chilenos y las iglesias pedían por favor que tratáramos de disuadir, pero no era fácil. Yo estoy en contra del exilio voluntario o involuntario, es difícil dejar a la familia e insertarse en una nueva sociedad donde se los consideran menos y siempre están devaluados. Con respecto a las visas, no las decidíamos nosotros, nosotros realizamos las peticiones a los países”.

Durante 1980 la integración paulatina de los refugiados al medio local estuvo constantemente mediada por exigencias y demandas hacia la institución. La situación de desprotección, y el estado de precariedad en la satisfacción de las necesidades básicas, incrementaban las expectativas de dar respuestas y fueron configurando un fenómeno no deseado, el de la dependencia de los refugiados hacia la institución. La definición de la problemática, y una política  institucional de disminución  y/o corte  de la ayuda  de emergencia, enfrentaba a los refugiados a asumir las responsabilidades de su integración y autoabastecimiento. Sólo se mantuvo bajo ayuda a los casos vulnerables, por lo tanto  en 1980 no se produjo gran afluencia de refugiados desde Chile.

En 1982 comenzó nuevamente  la afluencia de refugiados. Los graves problemas   del régimen de Pinochet provocaron en ese momento que  el gobierno perdiera apoyo civil, lo que produjo protestas masivas y de movimientos sociales, que generaron y renovaron la represión.

Los refugiados  que llegaron en este periodo eran militantes, productos de una represión selectiva.

En esta etapa se produjo un pico importante  de retorno de refugiados desde Mendoza, motivados por la guerra de las Malvinas, en 1982. La posición que asumió el gobierno de Pinochet reavivó el sentimiento antichileno en sectores del pueblo argentino y recreó los temores  a la discriminación y repulsa.

En 1986, el atentado a Pinochet marcó un momento significativo en el proceso. Como consecuencia de ello, la represión  llegó a ser grave: detenciones, torturas, y relegaciones. Ello provocó un aumento de flujo de refugiados chilenos a Argentina.

La dictadura en Chile generó en estos años una nueva población de refugiados, se trataba de militantes activos  en la lucha de resistencia al regimen de Pinochet, presentaban secuelas de un periodo de clandestinidad, de torturas físicas y psíquicas. Este nuevo grupo de exiliados estaba compuesto por dirigentes poblacionales  que participaron en las protestas. La mayoría eran jóvenes, sin experiencia laboral previa y con expectativas de retornar a Chile.

Esta población presentó al CEAS un nuevo desafió de coyuntura donde los recursos financieros disponibles de ACNUR habían disminuido. Pero el equipo tenía ya una experiencia que permitía intervenir correctamente en este nuevo desafío.

De esta manera se lograron definir  los siguientes objetivos: lograr que el exilio fuera productivo, evitar la dependencia como fenómeno global tendiendo al autoabastecimiento del refugiado, reforzar el deseo de retorno de los refugiados a su país de origen.

En 1988, el triunfo de la oposición al régimen del dictador, crea en Chile  una nueva situación, en la que crece la esperanza de que se produzca un proceso de apertura democrática. Simultáneamente, en Argentina, continuaba agravándose la crisis económica.

En este marco el CEAS se propuso como objetivo: “contribuir desde el trabajo  institucional al retorno planificado y responsable de refugiados chilenos a su país de origen”.

En 1992 el trabajo se limitó a continuar la protección de las pocas familias que aún no decidían su retorno y la asistencia y protección  de un grupo de refugiados que debían permanecer en Mendoza, porque tenían procesos pendientes en Chile ante tribunales militares, y debían esperar un mejoramiento de su situación procesal.   

Situación judicial del principal responsable

Augusto Pinochet Ugarte (1915- ), político y militar chileno, jefe del Estado (1973-1990). Su régimen de represión y autoritarismo fue condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1977.

El 16 de octubre de 1998 fue detenido en España, el conocido juez Baltasar Garzón reclama su detención para juzgarlo por las muertes de españoles ocurridas en Chile.  Pinochet entonces se había internado en una clínica privada, London Clinic, operándose de una hernia.

Los delitos de los que se le acusaban eran los de genocidio y terrorismo. Garzón  pidió al gobierno español de José María Aznar que solicitara la extradición de Pinochet. La Cámara de los Lores británica decidió el 24 de marzo de 1999 que Pinochet no disponía de inmunidad en tanto que ex jefe de Estado, y abrió así la puerta a su extradición a España. Sin embargo, dictaminó que no se le podría juzgar por los crímenes cometidos antes de septiembre de 1988, ya que hasta entonces el Reino Unido no había firmado la Convención Internacional contra la Tortura.

El gobierno de Chile recibió la noticia como un bochorno internacional, por lo que el entonces presidenteEduardo Frei, junto aJosé Miguel Insulza y Gabriel Valdés, iniciaron acciones para lograr el regreso de Pinochet. Su argumento era que los crímenes del régimen militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía sólo a este país juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue seguida por todos los miembros de la concertación, especialmente ciertos sectores del PS y el PPD, que manifestaban su apoyo a la detención de Pinochet en Londres.

Pero la petición de extradición española continuó vigente dado que contemplaba crímenes cometidos con posterioridad a esa fecha. El ministro británico de Interior, Jack Straw, autorizó el 15 de abril de 1999 la continuación del proceso, y el tribunal encargado de decidir al respecto concedió el 8 de octubre de ese año su extradición a España por 34 delitos de torturas y otro de conspiración para torturar (según la demanda de Garzón que había sido ampliada respecto de la primera). Pese a ello, el propio Straw decidió el 11 de enero de 2000 que Pinochet no se encontraba en condiciones físicas de someterse a juicio debido a su enfermedad y, por tanto, debía ser liberado. Cuando Straw ratificó la suspensión del procedimiento judicial el 2 de marzo de ese año, denegando así la extradición del ex general, éste regresó en libertad al día siguiente a Chile, tras haber pasado más de 500 días, detenido en Londres.

El 5 de junio del 2000 se ratificó su decisión de retirarle la inmunidad, lo que permitiría que fuera procesado por la justicia ordinaria por su presunta intervención en los crímenes políticos cometidos por la denominada Caravana de la Muerte (que tuvo por víctimas a opositores al régimen instaurado en septiembre de 1973). Esta resolución resultó ratificada por la Corte Suprema de Chile el 8 de agosto y, el 1 de diciembre de ese mismo año, Guzmán acordó el auto de procesamiento que le inculpaba como “autor intelectual” de los delitos citados anteriormente. Su defensa interpuso un recurso de amparo contra dicho autor, que fue estimado por la Corte de Apelaciones de Santiago y acogido por esta instancia. Tras cumplir el trámite procesal requerido, el interrogatorio de Pinochet, Guzmán acordó nuevamente su procesamiento, el 29 de enero de 2001, y ordenó que quedara bajo arresto domiciliario por su responsabilidad como “autor inductor” de los 57 homicidios y 18 secuestros atribuidos a la Caravana. El 8 de marzo siguiente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el procesamiento, pero rebajó la presunta responsabilidad de Pinochet al grado de “encubridor”; en virtud de ello, Guzmán, actuando de oficio, le concedió la libertad provisional bajo fianza cuatro días después.

El 3 de mayo la Corte de Apelaciones decidió proceder con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de Pinochet apeló a la corte suprema, quién dictaminó, por 14 votos contra 6, que el senador vitalicio había perdido su desafuero.

La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió realizarle los exámenes, que revelaron que sufría de demencia vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.

Después del veredicto, Pinochet renuncióa su sillón senatorial, y se retiróa la vida privada.  El 28 de mayo, la corte de alecciones revocó el sobreseimiento por demencia, y la corte suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26 de agosto, y lo deja en posición de ser juzgado por su eventual participación en la denominada Operación Cóndor.

A estos problemas legales se le agrega el descubrimiento por parte del senado de Estados Unidos, de cuentas secretas que el general tuvo durante el proceso en Londres en el banco Riggs, lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su actual fortuna, ya que el banco Riggs a sido conocido por verse envueltos en problemas por lavado de dinero.

A modo de homenaje  los nombres de algunas   víctimas de la Operación Cóndor:

El 3 de abril de 1976 Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, ex secretario de la Seccional San Bernardo del PS, Juan Humberto Hernández Zazpe, ex presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos (Feitech), y Manuel Jesús Tamayo Martínez, sociólogo, quien trabajaba con los miembros del comité central de su partido, teniendo el rol de «enlace» entre Carlos Lorca, Ricardo Lagos (también asesinados), y otra fracción Socialista, fueron detenidos junto a otros chilenos en la vía pública, en Mendoza. Los tres habían llegado a Argentina el año 1974, abandonando Chile donde estaban perseguidos por razones políticas. Trabajaban juntos en la empresa Modernflood de Mendoza y estaban a cargo de reorganizar una coordinadora socialista, participando en actividades de la denominada "comisión de consenso" del PS. En el operativo participaron fuerzas conjuntas de la Policía Federal Argentina y agentes de la DINA. Los tres fueron trasladados por tierra desde Mendoza hasta Villa Grimaldi.

Ellos son  chilenos desaparecidos refugiados en Mendoza,  que forman parte de una larga lista de víctimas, de esta perfidia de crueldad…

Departamento de Escenarios Latinoamericanos.      

Fuentes:

www.derechos.org/nizkor/chile/doc/hinchey-ehtml-

sepiensa.org.mx

CEAS. “Recepción y Protección de refugiados chilenos”. Una experiencia Ecuménica en Mendoza 1973 – 1992.ALFA. 2001.

Entrevista  a Juana Juri- asesora legal   del CEAS (Comité Ecuménico de Acción        Social), por el dpto de Escenarios Latinoamericanos.

Columna Impertinente-Héroes Anónimos por Oscar Villalobos    (eduardo1cru@telus.net)

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