Periodistas, movimientos sociales, variopintos -y hasta antagónicos- partidos políticos, intelectuales, académicos, militantes universitarios, docentes, estudiantes, medios sociales de comunicación y público en general se concentraron desde las 18:30 en los Tribunales Federales ubicados en la esquina de Av. España y Pedro Molina para marchar hacia la Legislatura de la provincia. (Foto: Fuente MDZ)
“Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Todos queremos hacernos escuchar” o “Cuántas voces nos callaron a machete y balazos”, fueron algunas de las frases que pudieron leerse en pancartas y afiches, manifestando la desaprobación social contra el freno judicial impuesto a la ley. Uno de los oradores en el acto que se improvisó en la Legislatura fue el Doctor Roberto Follari, destacado epistemólogo de esta Universidad, quien sostuvo: “Esta es una defensa que hacemos con el corazón. Nos sentimos estafados luego de la amplia mayoría obtenida en el Congreso de la Nación donde se aprobó la ley”(..). Es una de las leyes que más se ha discutido en nuestro país y ahora un pequeño grupo, junto al diputado Thomas, cobista, y un pequeño grupo de jueces, nos pretenden robar lo que consideramos uno de nuestros mayores logros”.
Fueron duros los cánticos contra los grupos mediáticos oligopólicos locales, entre los que se destaca el Multimedios UNO, cuyo titular Daniel Vila busca mediante una artimaña legal apropiarse de 34 hectáreas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo, institución que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en favor de la LSCA tanto a través de sus autoridades y órganos máximos de gobierno, como también sus medios de comunicación.
Jueces cuestionados
El recorrido judicial de la ley comenzó con la presentación del diputado nacional Enrique Thomas cuestionando la forma en que fue sancionada la ley en el Congreso Nacional y a la que dio lugar la titular del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, Olga Pura de Arrabal. El siguiente paso lo dio la Cámara Federal de la provincia ratificando el fallo de primera instancia.
Tanto la jueza Pura de Arrabal, como los integrantes de la Cámara Federal fueron cuestionados desde diversos enfoques. La primera por una supuesta cercanía al grupo Vila-Manzano, ya que en otra circunstancia falló en contra de la instalación de una repetidora de Canal 7 de Buenos Aires, la televisión pública, en la provincia. Al respecto, el constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo que debería “someterse su conducta por mal desempeño al conocimiento del Consejo de la Magistratura”. Por su parte, los integrantes de la Cámara son cuestionados por su actuación respecto de las causas de Derechos Humanos en la provincia. Julio Petra y Alfredo Lopez Cuitiño dejaron libres a los últimos represores presos por delitos de lesa humanidad durante la dictadura iniciada en 1976 y están denunciados por Organismos de Derechos Humanos como interesados en la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado; mientras que Otilio Romano, que preside la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y la Sala “A” donde la Jueza Olga Pura de Arrabal hizo lugar al pedido de suspensión de la LSCA, se encuentra penalmente denunciado por su accionar ante casos de violación de menores, su secuestro y tortura, entre otras acusaciones. Asimismo, existen pedidos de destitución en su contra encabezados por el Gobierno Nacional y de la provincia.
Julio Petra, por su parte, tiene un pedido de destitución por supuestamente no investigar, cuando fue fiscal, denuncias por torturas, secuestros y violaciones. Lopez Cuitiño, durante el gobierno del ex presidente Carlos Saúl Menem, estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas, donde firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Monzer Al Kassar. Su jefe en ese momento era el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, hoy socio de Daniel Vila en grupo UNO, segundo multimedios más grande del país.
Entrevista de Radio Universidad El presidente del Foro Aargentino de Radias Comunitarias, Néstor Busso (descargar)
