Hace unos días, en un artículo de opinión sobre la universidad y su futuro, se criticaba el hecho de que la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata hayan incluido en sus nuevos estatutos el ingreso directo a sus aulas. Se opinaba que esto había sido un error, ya que no todos los alumnos están en condiciones de cursar estudios universitarios, por el bajo nivel con el que egresan del secundario.

Sin embargo, los asambleístas de la UBA -profesores, graduados y estudiantes- consideraron de forma casi unánime que, si la educación superior es un bien público y un derecho social, como lo señalan la ley de educación en vigor y la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008, Unesco-Iesalc, entonces debemos asumir el desafío de la heterogeneidad de los ingresantes y comprometernos a ayudar a los que por situaciones que no dependen de su voluntad tienen mayores dificultades.

El principio ético y político que se sostiene es el de promover una educación inclusiva, que, por otra parte, ubica a nuestro país en uno de los primeros lugares de América latina y el Caribe en términos de la tasa de escolarización del nivel superior (64%), según el Informe 2009 de Seguimiento de Educación para Todos, de la Unesco.
Esto no nos conforma. Sabemos que tenemos mucho por hacer desde la universidad, por más que nuestros egresados sigan siendo muy bien conceptuados en los órdenes nacional e internacional.

Es necesario mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y asegurar una educación de calidad creciente para todos, así como comprometernos con el resto del sistema educativo, para colaborar, especialmente, con la educación secundaria.

Una educación justa, desde nuestra perspectiva, es la que asegura las mayores oportunidades y mejores condiciones a los que están en situación desventajosa, porque somos universidades públicas y esto es lo que espera de nosotros la sociedad. Y, por ser universidades públicas, ningún problema que aqueja a nuestro país nos es ajeno.

Tratamos de producir conocimientos útiles para el diseño y la instrumentación de políticas públicas.

Por cierto, no es, necesariamente, ni la misma postura ni el mismo compromiso que tienen aquellos que están insertos en instituciones privadas de elite y que pueden seleccionar a los alumnos que, en general, tienen mejores condiciones socioeducativas, como consecuencia, en gran parte, de la suerte de haber nacido en grupos sociales favorecidos. Sin embargo, no nos arrogamos ser los dueños de la verdad. Simplemente, tenemos visiones diferentes con respecto a las políticas para la universidad. Nosotros proponemos una educación superior masiva de excelencia.