Resulta lamentable comprobar que la adhesión a la democracia que parecía haber hecho carne en algunos sectores de la Iglesia sea abandonada ni más ni menos que en una de sus más preciadas actividades cual es la educación. La excelente nota de Nora Veiras “Un cruzado de Ratzinger” (en PáginaI12 del domingo) saca finalmente a la luz que la corriente de pensamiento más reaccionaria que existe en el país actúa en diversos niveles del sistema educativo nacional y vincula intereses económicos con convicciones profundas y posiciones de poder.

El nombramiento del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, como presidente de la Comisión de Educación del Episcopado, es una acción que se aleja dramáticamente del “Diálogo Social” que encabezó la Iglesia el 14 de enero de 2002, bajo la influencia de prelados como monseñor Estanislao Karlic que sostuvo ese mismo día desde la Iglesia de Santa Catalina de Siena que “dialogar no es claudicar”.

En cambio, el flamante ministro de Educación de la Iglesia Católica integra las huestes de Esteban Caselli, conductor político en la Argentina de la línea ultraconservadora dominante en el Vaticano, y ex embajador de Menem en la capital del catolicismo. El nombramiento de Aguer se vincula con el lanzamiento de la estrategia para la represión del delito por parte del gobierno bonaerense, diseñada por su ministro de Justicia, Ricardo Blas Casal. Coherente con su carrera de funcionario del sistema penitenciario, Casal ha declarado que la Argentina necesita un régimen como el de Inglaterra, donde la imputabilidad termina a los 7 años. “No hay lugares de contención que alcancen pero se están construyendo. Por ejemplo, en el sistema penitenciario estamos construyendo veinte pabellones de máxima seguridad”, declaró (Radio Uno y noticias MDQ, 24 de octubre 2008). El ministro no proyecta reformar el sistema de protección de acuerdo con la Ley Nacional 26.061 “De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” y las leyes provinciales 13.298 “De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños” y sus complementarias 13.634 y 13.645, ni de la Convención de los Derechos del Niño que en el país cobró jerarquía constitucional con su incorporación en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, ni del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño cuyo órgano de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Humano, ni el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley Provincial 13.634/07). Desconoce que en octubre de 2005 el Estado argentino firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que abarca a las personas entre 15 y 24 años, reconociendo a “los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades” (CDJ, 2005).

Esa legislación hace hincapié en la producción de condiciones adecuadas para la educación, la salud, la recreación, la vida familiar y social de los niños y los adolescentes, no así en encerrarlos en pabellones de máxima peligrosidad desde los siete años, idea que rima con la campaña que Aguer lleva adelante en contra de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que se aprobara durante nuestra gestión en 2007. Aguer está especialmente obsesionado con la materia “Construcción de Ciudadanía”, introducida por nosotros como parte de la reforma de la escuela secundaria. Ha manifestado que la reforma realizada por nuestra gestión es un cambio de lenguaje educativo, de inspiración “neomarxista”, “psicoanalítica” y “gramsciana, todo lo cual tendría su origen en las derrotas de la razón” y la fe en manos de las “tinieblas” “de la Ilustración” (AICA documentos, 16/11/08). Aguer es un hombre culto de firmes convicciones que no duda en usar combativamente. En la IV Exposición del Libro Católico que auspició en 2002 en el Pasaje Dardo Rocha, de La Plata, ubicó como protagonista principal la novela El KahalOro, escrita por el antisemita Gustavo Martínez Zuviría durante la Década Infame. La exhibición reciente provocó el repudio de la comunidad judía, de la AMIA y del Concejo Deliberante local. Valga como ejemplo que el autor dice que “el odio a las doctrinas de la Sinagoga, que persigue la destrucción de la Iglesia Romana... es auténticamente católico”.

Las convicciones de Aguer son antagónicas con una pedagogía democrática que pretendió planificar una escuela secundaria inclusiva, respetuosa de las diferencias étnicas, religiosas, sexuales, ideológicas, que se propuso promover, con la ley atacada por Aguer, relaciones dialógicas e igualitarias entre personas y grupos que participan de universos culturales diferentes, trabajando los conflictos inherentes a esta realidad. En el instructivo para docentes de “Construcción de Ciudadanía” se propone la enseñanza de “derechos vinculados con la sexualidad” (...) “excluyendo todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida” (todas las) “formas de discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o invalidez física o de otro tipo”.

Cuando publicamos el mencionado instructivo, Aguer nos acusó de querer imponer “el libro único”, con las mismas palabras que lo hacía Gregorio Badeni, el abogado de Luis Patti que actuó como letrado de personeros de los intereses editoriales, contra los concursos y licitaciones públicas convocados por el gobierno de la provincia, para producir los cuatro millones de libros de textos de las materias de la secundaria, que repartió gratuitamente en los años 2006 y 2007.

Atacar una política que garantiza una pluralidad de libros gratuitos a todos los alumnos, repeler la consideración de los adolescentes como sujetos de derecho, la educación sexual y prohijar el antisemitismo sólo puede desembocar en cambios curriculares que degradan la educación, que dificultan la inclusión y requieren encerrar a los niños y los adolescentes en siniestros pabellones donde en lugar de encontrar protección se encuentran a merced de las más crueles prácticas antisociales.