Por María Soledad Moreiras

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Departamento Escenarios Latinoamericanos

10/05/06 Según un informe de Telesur, numerosas organizaciones de derechos humanos llevarán una propuesta para juzgar al actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe y jefes paramilitares ante la Corte Penal Internacional. Se lo acusaría de crímenes de lesa humanidad debido a la aplicación de la llamada “Ley de Justicia y paz” dictada en julio de 2005.

Las organizaciones que presentarían la demanda según lo revelado por Telesur son el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, el Comité Permanente por le Defensa de los Derechos Humanos y otras entidades asociadas.

El motivo de la demanda son las acciones generadas por el presidente Uribe para combatir la guerrilla en Colombia. A partir del año 2002, cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia del país, puso en marcha una serie de acciones tendientes a lograr recuperar el territorio ocupado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC). Entre estas acciones comenzó el operativo de desmovilización paramilitar proceso de amnistía y sometimiento a la justicia de los grupos armados anti-insurgentes en Colombia. La condición para una negociación con el gobierno era que la fuerza “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) cesaran las hostilidades contra la sociedad civil, requisito que la AUC aceptó.

En julio del año pasado el gobierno colombiano impulsó la Ley 975 llamada “Ley de justicia y paz”, la cual propicia un marco jurídico para el proceso de desmovilización de los paramilitares. En palabras del propio cuerpo legislativo mediante dicha ley “se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. La ley concede ventajas procesales a miembros de grupos armados ilegales que han participado en  abusos a los derechos humanos y que acepten desmovilizarse.

La aprobación de esta ley -llamada por muchas organizaciones de derechos humanos “ley de impunidad”- ha sido criticada por organismos y hasta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El motivo argumentado por sus detractores es que sería demasiado generosa ya que ofrece penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el estado pueda probar. Otra de las críticas expresada por la organización “Amnistía Internacional” es que la ley sólo concede un plazo de 36 horas a los investigadores judiciales para presentar cargos contra los sospechosos, y establece solamente un periodo de 60 días para investigar un caso, aunque esté relacionado con crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. De esta forma se facilita el sobreseimiento de los implicados, ya que el período para realizar la investigación es muy corto.

A partir de la sanción de la ley se han desmovilizado gran cantidad de guerrilleros. Sin embargo -aún con las excepcionales ventajas que se les están dando- no se ha logrado parar con la violencia.

Según informa el diario Clarín, en lo que va del año, ya fueron ultimados 18 ediles, de acuerdo a datos de la Federación de Municipios de Colombia, que agrupa a las casi 1.100 municipalidades del país. Además como lo informa el diario colombiano “El tiempo” hay denuncias de que paramilitares desmovilizados portan armas legales.

A esto debe sumarse la escalada de violencia que está viviendo la ciudad debido a que el próximo 28 de mayo se celebrarán las elecciones. En las últimas semanas grupos guerrilleros asesinaron a Liliana Gaviria, hermana del ex presidente de Colombia y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria. También el viernes por la noche fue secuestrado en el interior del país Juan Carlos Lizcano, de 23 años, hijo del ex congresista Oscar Tulio Lizcano, en poder de las FARC desde el 5 de agosto de 2000.   

De esta forma, la ley 975 vulnera el derecho de las víctimas de abusos a conocer la verdad y a obtener justicia y reparación. Y por ello las organizaciones de derechos humanos ven como una alternativa llevar al presidente Uribe y procesar a militares que estén implicados y a los propios grupos paramilitares ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI fue creada en julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Según el estatuto de Roma, que sienta las bases de la corte. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los crímenes más graves contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los Estado Parte. Los crímenes que juzga son: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Colombia aprobó el Estatuto de Roma en agosto de 2002. En el texto de la ratificación el gobierno colombiano presentó la única reservada contemplada en el Estatuto en el artículo 124 del mismo. La Corte no tendrá competencia por un lapso de siete años para conocer sobre crímenes de guerra.

Sin embargo en los demás asuntos la corte puede actuar con plenos poderes. Según Telesur, Jairo Ramírez, del Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, declaró que “durante estos cuatro años se han cometido hechos lo suficientemente meritorios para sostener una denuncia contra el presidente y su gobierno”.