Por Javier Lorca
El gobierno de la Universidad de Buenos Aires aprobaría hoy una nueva convocatoria a la elección del rector. La propuesta que se analizará consiste en que la asamblea ya tres veces frustrada por la protesta estudiantil vuelva a ser convocada el próximo martes. El bloque mayoritario –el que postula a Atilio Alterini como rector– pretende que sea en la Facultad de Medicina y con acceso restringido. Ese será el eje de la discusión que se planteará esta mañana en el Consejo Superior: hasta ahora, tanto la izquierda estudiantil como los decanos del espacio de centroizquierda han sostenido que la asamblea debe ser pública y abierta.
 
A diferencia de lo ocurrido hace una semana, cuando muy pocos tenían esperanzas de que se pudiera concretar la elección, los consejeros del bloque de radicales, peronistas y aliados que consultó ayer este diario mostraron un moderado optimismo respecto de la asamblea que se prevé para el 2 de mayo. De volver a fracasar la designación del sucesor de Guillermo Jaim Etcheverry, todo indica que la UBA esperará a que caduque el mandato del actual rector (será el 7 de mayo) y asuma el nuevo Consejo Superior.
 
En busca de una salida a la crisis institucional, Jaim Etcheverry organizó reuniones con los decanos y los consejeros profesores, alumnos y graduados en los últimos días. “Confiamos en que la asamblea se pueda hacer”, dijo Gabriela Nasser, del claustro de egresados. “Esperamos que el rector tome las decisiones y los recaudos que debe tomar para que se concrete. La universidad no se merece otro papelón.”
 
Ayer hubo una segunda reunión entre el rector y los trece decanos. Luego, los decanos del bloque mayoritario se reunieron en la Facultad de Farmacia para definir la propuesta que presentarán hoy. Si es aprobada, la cuarta convocatoria a los 236 asambleístas implicaría varios cambios respecto de los llamados previos. Primero, la sede de la asamblea ya no sería en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tomado por la FUBA y las agrupaciones de izquierda los días 4, 6 y 18 de este mes en rechazo al actual régimen electoral de la UBA y, centralmente, a la candidatura de Alterini, cuestionado por su paso como funcionario público durante la última dictadura. Esta vez, la asamblea intentaría sesionar en el aula magna de Medicina, una facultad cuyas autoridades han definido su apoyo al decano de Derecho. Aparentemente menor, otra modificación sería que la fecha del llamado es la posterior a un feriado: la facultad estará cerrada desde el viernes y la noche previa –momento elegido por la FUBA en los casos anteriores para movilizar a los estudiantes– no habrá alumnos en la universidad, por lo que se dificultaría su eventual organización.
 
El cambio más importante que se pretende instrumentar es el control de los ingresantes. La propuesta es que el acceso esté acotado a los representantes de profesores, graduados y alumnos –tanto titulares como suplentes–, a invitados –funcionarios públicos, rectores y autoridades de universidades, entre otros– y la prensa acreditada. El operativo incluiría, en el exterior, una pantalla gigante y un sistema de audio.
 
Hasta la última fallida sesión, uno de los puntos que complicaba la organización de una asamblea restringida era la resistencia universitaria, y también gubernamental, a que la policía fuera la encargada de garantizar la seguridad. La cuestión parece haberse zanjado. La propuesta concreta es que sean los trabajadores de Medicina, en colaboración con otros trabajadores de la universidad, quienes se ocupen del ingreso. Esto era inicialmente resistido por la Asociación del Personal de la UBA. Jorge Anró, titular del gremio, había advertido hace unas semanas que no quería un enfrentamiento entre los estudiantes y los no docentes, algo que ocurrió en la asamblea celebrada en 2002. Ahora, el kirchnerista Anró parece haber acordado prestar colaboración con el bloque mayoritario para que se desarrolle la elección.
 
“La situación sigue siendo complicada, no ha habido avances hacia un acuerdo”, resumió ayer Hugo Trinchero, decano de Filosofía y Letras. El espacio de izquierda y centroizquierda, también integrado por las facultades de Sociales, Exactas y Arquitectura, postula como candidato al rectorado a Alberto Kornblihtt, quien ya advirtió que sólo participará de una asamblea de carácter público y abierto. Para este espacio, la salida del conflicto debería llegar mediante un acuerdo político y no una “decisión burocrática”.
 
Los estudiantes de las agrupaciones de izquierda reclaman, directamente, que se retire la candidatura de Alterini, algo que su bloque ha rechazado una y otra vez con firmeza. La federación estudiantil continúa realizando un plebiscito para consultar a la comunidad universitaria. “Los estudiantes de la FUBA vamos a poner las urnas para que miles de estudiantes voten si impugnar o no a Alterini como rector, si quieren un claustro único docente, el aumento de la representación estudiantil, la incorporación de los no docentes en el cogobierno con voz y voto y la reforma del estatuto de la UBA previa a la elección del rector”, dijo ayer Agustín Vanella, titular de la federación, al llevar la consulta a la Facultad de Derecho. Según la dirigencia estudiantil, ya votaron más de 10 mil alumnos y esperan que más lo hagan antes del viernes, cuando cerrará la consulta. Mientras, durante la semana, los centros de estudiantes conducidos por la izquierda decidirán qué hacer ante la cuarta convocatoria de la asamblea.
 
“El sentido de la educación”
  
Autoridades y representantes de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas, Ciencias Sociales y Arquitectura organizan un debate sobre “La universidad que el país necesita”. Este jueves, a las 18, en 25 de Mayo 217, la jornada será abierta al público y contará con la participación de organizaciones sociales y sindicales. “Quienes estamos preocupados por lo que sucede en la UBA queremos que la ciudadanía conozca qué es lo que está en juego en el conflicto actual –señala una declaración del espacio–. Lo que está en disputa no es otra cosa que el sentido mismo de la educación superior. Entonces, frente a las pretensiones de retrotraer la UBA a un ominoso pasado de prebendas y clientelismo a espaldas de la sociedad que la sostiene, nos pronunciamos por: defender una universidad pública, estatal, gratuita, laica, abierta a la sociedad, autónoma y cogobernada.”
 
OPINION
Ilegalidad de la elección
 
Promulgada la Ley de Educación Superior (LES) en 1995, la UBA presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli, quien con fecha 3 de febrero de 1996 dictó sentencia en la causa Nº 38.781/95 caratulada “UBA c/Estado nacional s/Proceso de conocimiento”. El fallo admitió parcialmente algunas de las pretensiones de la UBA tendientes a lograr la declaración de inconstitucionalidad de la LES. Incomprensiblemente, el ministerio no apeló y la sentencia quedó firme.
 
Desde entonces, por ejemplo, la UBA no está obligada a presentarse a los procesos de evaluación y acreditación de calidad que lleva a cabo la Coneau. Así como la UBA tuvo este “beneficio” o trato discrecional respecto del resto de las universidades estatales y privadas, la sentencia de marras no hizo lugar a las impugnaciones de los artículos 52 a 55, 57 y 78 a 80 de la LES, referidos al gobierno de las universidades. Por lo que deberían ser de cumplimiento obligatorio para una institución pública que en un sistema democrático debe respetar las leyes nacionales. La LES prevé que al menos el 70 por ciento de los docentes de las universidades estatales estén concursados (art. 51), para lo cual se estableció un plazo de 3 años que por supuesto está vencido. Hasta tanto se produjera esa adecuación, los docentes interinos con más de 2 años de antigüedad continuados tienen derechos electorales (arts. 78 y 55). La UBA no tiene el 70 por ciento de sus profesores concursados y por lo tanto ha impedido el derecho electoral de los profesores interinos de elegir y ser elegidos. La hipocresía de la universidad estatal argentina es que no se reconoce que el manejo de los concursos se vincula al poder y que ello explica que los concursos no se sustancien, con muy pocas excepciones.
 
Por todo lo anterior, el actual proceso de elección de autoridades está absolutamente viciado de nulidad. No se justifica que un sector estudiantil impida que sesione la asamblea que debería elegir un nuevo rector pero, salvando las distancias, también en 1918 los estudiantes se rebelaron contra los profesores vitalicios (oligarquía académica) y reclamaron los concursos y la renovación del claustro, impidiendo la designación del rector. Es evidente que los representantes de los claustros en la asamblea de la UBA no han surgido de un pleno funcionamiento democrático, ya que los profesores interinos han sido proscriptos. No vale la justificación de que los interinos y los auxiliares de docencia (JTP y ayudantes) participan a través del claustro de graduados, porque eso también está vedado por la LES y por el criterio histórico establecido desde Dell’Oro Maine (ministro de Educación de Lonardi y Aramburu), cuando mediante el decreto ley 6403 de 1955 creó el gobierno tripartito a través de profesores, alumnos y egresados.
 
No se ha respetado la ley, pero al mismo tiempo se juzga como antidemocrática la conducta de los estudiantes de impedir la asamblea.
 
Cualquiera de los sectores actualmente en pugna por el rectorado de la UBA, que tienen el privilegio de representar o no a la comunidad universitaria, tienen la obligación legal y moral –independientemente de quién sea ungido rector– de cambiar el sistema de representación. No creo que nadie se oponga a que los profesores interinos (algunos tienen 20 años de antigüedad) tengan los mismos derechos electorales que los profesores concursados. Será la forma de terminar con el manejo político de los concursos. También la reforma del sistema de gobierno será una buena oportunidad para plantear que los auxiliares de docencia (los kelpers de los docentes universitarios) tengan representación en tal carácter y no disfrazados de egresados, y que los no docentes también tengan participación en el gobierno de la UBA, tal como ocurre en las universidades estatales europeas y lo estableciera la ley del ministro Taiana del gobierno de Héctor Cámpora, en mayo de 1973.
* Por Juan Carlos Del Bello, Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, ex secretario de Políticas Universitarias.
 
OPINION
Las causas de la crisis
 
Las causas de la furiosa crisis política desatada en la UBA no se agotan en los oscuros antecedentes del candidato a rector que ha juntado una presunta mayoría de votos. Tampoco en los supuestos “excesos” de una turba estudiantil. Ninguno de estos argumentos, ni mucho menos su combinación bajo la falaz síntesis de “los dos demonios” sirve para explicar la crisis. Sus causas van más allá del ámbito universitario. La universidad no fue ajena a los avatares que atravesó la sociedad argentina durante los últimos 30 años de sistemática desindustrialización y de creciente pauperización del grueso de los trabajadores. Por el contrario, su actual semblante es un fiel reflejo de ese proceso.
 
En un marco de ajuste fiscal permanente, la UBA fue sometida a la lenta tortura del estrangulamiento presupuestario y sobrevivió de manera darwiniana, adaptándose. Los recursos públicos no llegaban, así que al principio tímidamente, y luego con salvajismo, salió a la caza (y a la pesca) de recursos provenientes de toda fuente imaginable. Los negocios académicos o directamente privados se colaron por cada poro de la universidad. La Facultad de Ciencias Económicas, por caso, abrió una agencia de empleo ofreciendo a sus 60 mil estudiantes para trabajar en negro en empresas o en el Estado, a cambio de una comisión (“pasantías”). Otras facultades se convirtieron en consultoras de todo pelaje, o vendían cursos de idiomas, o alquilaban inmuebles e instalaciones o incluso llegaron al extremo de implantar el arancel a través del cobro de bochazos y trámites. Más adelante apareció el negocio de los posgrados arancelados. El viejo principio de gratuidad había pasado a la historia, llevándose consigo a su compañera, la autonomía.
 
La consolidación de las famosas “camarillas” responde a este movimiento de mercantilización. La generación de “recursos propios” cada vez más cuantiosos –no sujetos a reglamentación estatutaria– dio lugar a todo tipo de componendas y acuerdos, cuando no a grupos de accionar cuasi mafioso que se disputan las cajas. Y a la vez, produjo una profunda fragmentación entre los docentes: mínimos recursos “limpios” que sólo alcanzan a un grupo pequeño, recursos “negros” que se distribuyen “a dedo”, y, en el otro polo, miles de docentes que dictan cursos gratuitamente o cobrando salarios de hambre. Esta estructura de castas tiene, además, su correlato en el sistema electoral. El estatuto de la UBA les da voto a los docentes concursados; cuando ese estatuto se aprobó, la mayoría lo era, pero hoy sólo un porcentaje mínimo puede votar. Así, en los hechos, tampoco está vigente el espíritu del cogobierno.
 
Durante los ’90, el menemismo generó al interior de la universidad su contrapartida, el llamado “shuberoffismo”. La oposición al gobierno permitía abroquelar a profesores y estudiantes para defenderse, pero, mientras tanto, se extendía la privatización encubierta de la UBA. Bajo el rectorado de Shuberoff se multiplicaron los negocios privados, los “quioscos” y los “convenios”. Los centros de estudiantes controlados por Franja Morada se convirtieron en “empresas de servicios” con facturaciones millonarias. Con el estallido del gobierno de la Alianza, el radicalismo en retirada debió ocultarse, también en la universidad. Durante el gobierno de Jaim Etcheverry, el rectorado perdió su hegemonía sobre los negocios de las facultades, fue impotente para desarticularlos e incluso denunciarlos. Las camarillas siguieron vivas y los negocios, viento en popa.
 
La confrontación toma hoy formas tan violentas porque la vieja sociedad de negocios necesita, para imponerse nuevamente, aplastar al movimiento estudiantil y docente organizado, acallando a la oposición. Pero esta oposición existe y entiende que la necesidad de desprivatizar la UBA y devolverle su carácter público, gratuito, cogobernado y crítico, no se resuelve con pequeños retoques de maquillaje. Esta crisis es entonces síntoma de una necesidad, presentida desde hace años y puesta en fatal encrucijada hoy: la transformación de la UBA requiere un cambio de raíz. No olvidemos que en 1918, para reformar los estatutos y disolver las camarillas, hizo falta tomar la asamblea universitaria y arrojar a su rector por la ventana. Esa reforma fue una revolución en la universidad.
* Por Axel Kicillof. Profesor regular e investigador de Ciencias Económicas (UBA).