“La situación era insostenible. El secretario había perdido la confianza de todo el consejo y el rector tuvo que pedirle la renuncia”, comentó un decano. Los cuestionamientos a Gosis comenzaron a fines de 2004. Como publicó este diario, la mayoría de graduados del Consejo Superior (CS) alertó entonces sobre la dudosa administración de los fondos ahorrados por la UBA en los últimos años en concepto de aportes patronales no realizados. Las respuestas dadas desde Hacienda a los sucesivos pedidos de informes no satisficieron a muchos decanos y consejeros. Según se estima, el monto de la discordia rondaría los 120 millones de pesos y habría sido usado para atender problemas en el Hospital de Clínicas, la obra social Dosuba y el pago de servicios básicos. Si bien nadie habló de malversación de fondos, ni se puso en duda la honestidad de los funcionarios, sí se insistió en que el destino de los recursos debería haber sido definido por el CS y no por el Rectorado.

Para aclarar cualquier sospecha, el rector solicitó a la Auditoría General de la Nación un análisis completo de la gestión económico financiera de la universidad entre 1998 y 2004. No conformes, ahora los consejeros pretenden crear una comisión específica con el mismo fin. Anteayer, la comisión de Interpretación y Reglamento del CS aprobó un proyecto en ese sentido, que sería votado la semana que viene en sesión ordinaria. “El objetivo es que la auditoría no quede sólo en manos de la AGN, sino que sean los representantes de toda la comunidad los que puedan investigar qué pasó”, contó el consejero estudiantil Agustín Vanella, autor del proyecto.