Soy profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y creo no equivocarme si afirmo que gran parte de la comunidad universitaria siente vergüenza y tristeza ante la situación de nuestra institución. Es inadmisible que un grupo de 500 estudiantes, arrogándose la representación de una población estudiantil de 300 mil y encabezados por una conducción que se ha perpetuado ilegítimamente en la FUBA, impida que se lleve a cabo normalmente la elección de autoridades porque el rector que podría resultar electo no es de su agrado.
 
Para justificar su conducta injustificable esgrimen tres argumentos: el primero, la supuesta complicidad del decano Alterini con la dictadura 1976-1983, avalada únicamente por el hecho de haber ocupado un cargo público durante un período de la misma. El argumento es insostenible –o si no deberíamos impugnar la presencia del juez Zaffaroni en la Corte Suprema, la de Elisa Carrió en el Parlamento, por citar tan sólo a dos actores de nuestra vida política cuyo prestigio ético nadie discute–. El segundo argumento alega que la elección de Alterini consagraría el retorno del shuberoffismo; ante ello, sólo cabe responder que si así fuera eso significaría únicamente que, nos guste o no, fueron los sectores ayer cercanos a Shuberoff quienes logran hoy conformar una mayoría suficiente para consagrar a un rector afín. En tercer lugar, los dirigentes de FUBA cuestionan la representatividad de la asamblea alegando en particular la baja representación estudiantil; considero absolutamente ilegítimo impugnar un proceso eleccionario en medio del proceso mismo, cuando ya todos los miembros de la asamblea han sido electos según las normas en vigor. Es legítimo sostener la necesidad de reformar los estatutos; es ilegítimo impugnarlos porque su resultado, en estas circunstancias, les es desfavorable.
 
No menos inadmisible resulta la actitud patoteril del grupo de trabajadores no docentes que agredió violentamente a los estudiantes que, por cuarta vez consecutiva, lograron impedir la asamblea. Nuestra universidad no puede permitir que a la soberbia de una minoría estudiantil responda la violencia de una patota sindical, reproduciendo algunas de las peores imágenes de otras épocas. Urge saber qué actores de este conflicto alentaron una agresión que avergüenza a la institución.
 
La postura de un grupo de decanos que propone, como fácil solución a este conflicto, la renuncia de Alterini a su candidatura, aparece a su vez como lamentable. A esta altura del conflicto esa propuesta no hace sino avalar la conducta antiinstitucional de los dirigentes de FUBA, cuyo objetivo declarado es, precisamente, impedir la candidatura del actual decano de Derecho. En estas circunstancias resulta incomprensible el silencio de las actuales autoridades de la universidad. Cabía esperar que el rector fuera un actor central y visible en el conflicto, que mediara de manera pública y enérgica para intentar garantizar la asamblea y para evitar la exacerbación de las posturas en pugna, como supo hacerlo en otras ocasiones.
 
Entiendo que la única actitud responsable que los profesores podemos asumir hoy es la de intentar hallar las condiciones para que la asamblea pueda sesionar en libertad. Más allá de las resoluciones que ésta tome cuando pueda por fin sesionar –y debemos esperar que se debata entonces sin egoísmos cuál es el camino para asegurar de la mejor manera el futuro de la UBA–, la defensa de la institución exige hoy a la vez que no nos dejemos someter por la actitud patoteril de una minoría estudiantil, que repudiemos la respuesta violenta de integrantes del sindicato de no docentes alentada por actores de este proceso a quienes es imperativo identificar, y que rechacemos toda postura demagógica que, con el argumento de buscar una solución, avale el atropello a las normas de funcionamiento de nuestra universidad. La situación actual de la UBA expresa, cómo negarlo, una profunda crisis: la prepotencia de una minoría de estudiantes reveló que ninguno de los actores en juego estuvo a la altura de la respuesta que podíamos exigir de ellos. Será responsabilidad de las nuevas autoridades no conformarse con la obtención del poder como si de un botín se tratara, y será responsabilidad de toda la comunidad universitaria abrir una discusión seria respecto de esta crisis y de los caminos para hacerle frente. La imagen de la universidad que hoy llega a nuestros conciudadanos es lamentable. Con razón podrán preguntarse cuál es el sentido de que una institución que se presenta atravesada por el desinterés en su misión pública, las acusaciones cruzadas de corrupción y la violación de las reglas que ella misma se da sea sostenida por la comunidad. Es urgente que quienes creemos seriamente en la misión de la universidad pública hagamos oír nuestras voces para afirmar que la UBA está integrada, también, por quienes luchan en su seno por lo que ella debe ser: una institución educativa de excelencia, democrática y gratuita.
CLAUDIA HILB. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
 
***
 
Ya es el cuarto turno en que resulta aplazada la clase política de la Universidad de Buenos Aires. Todos los ciudadanos observamos estos días un espectáculo penoso, donde se cuestiona la legitimidad misma de las próximas autoridades, siendo una verdadera pena porque la principal universidad del país no se merece esto.
 
El cuestionamiento se ha ido gestando desde hace años. Repasemos: la UBA tuvo un rector que se perpetuó en su gobierno por más de tres lustros y puso la institución entera al servicio de la UCR. La inacción signó la gestión del rector saliente. El sistema electoral de la institución tiene una enfermedad de origen: al confundirse méritos académicos con derechos políticos, se manipulan aquéllos a través de los concursos para lograr adeptos a la hora de los votos. Pero además es un sistema electoral tan indirecto que cualquier rector queda preso por los compromisos asumidos no ante la sociedad civil, que finalmente financia la universidad a través de los impuestos, ni siquiera ante la comunidad de profesores y estudiantes, sino sólo ante los pocos que votan, siguiendo más intereses corporativos que propuestas de política universitaria. En resumen, un sistema feudal clientelístico.
 
Este sistema impide que la UBA se ponga a la altura de los tiempos, que privilegie siempre sus rencillas internas antes que su compromiso debido con la sociedad argentina. Si es cierto que es la universidad más importante de la Argentina, este problema adquiere una trascendencia que no tendría tratándose de una pequeña universidad privada, nos atañe a todos, y el camino que adopte la UBA seguramente influirá en el resto del sistema universitario.
 
Lo peor que podemos hacer es adoptar una actitud complaciente con los problemas argentinos en educación superior. El futuro de nuestro país depende de la calidad, pertinencia y equidad de nuestra educación y por ello tenemos que ser muy exigentes a la hora de encarar los problemas sabiendo de antemano que los resultados serán a largo plazo.
 
Hay una deserción feroz que supera en promedio el 80 por ciento, con lo que anualmente se gradúan menos argentinos que colombianos. ¿Qué programas activos se adoptan en nuestra principal universidad al respecto? El tan meneado ingreso irrestricto es una bandera política que no se acompaña por una gestión eficaz que se preocupe por la permanencia de los estudiantes en la universidad. Pero tampoco existe una estrategia para orientar la matrícula de manera explícita, con lo cual aquel ingreso irrestricto se convierte en el principio liberal de que el cliente siempre tiene razón. En este punto, una articulación mayor con la vapuleada educación secundaria parece un imperativo de sentido común.
 
La duración de las carreras es otro de los problemas a encarar. Y ello tiene que ver con una caracterización obsoleta de nuestros estudios de grado, que nos aísla respecto de lo que ocurre en el resto del globo terráqueo. Planes de estudio que muchas veces tienen que ver más con los intereses creados por algunos docentes que con lo que marcan las actuales tendencias. Ni siquiera aparece una preocupación sistemática por las necesidades de nuestro país al respecto.
 
El subdesarrollo de los estudios de posgrado en relación con países hermanos como Brasil o México tampoco puede ser dejado al garete, esperando que nuevos vientos mágicos corrijan lo que no encaramos con decisión de una política universitaria activa. El peso de nuestra producción en materia de investigaciones pasó en apenas 14 años de representar el 60 por ciento del sistema brasileño a sólo el 32 (léase Caicyt, diciembre de 2005). Falta una discusión abierta sobre el equilibrio que han de tener las distintas orientaciones de la universidad, la profesional, la académica, la tecnológica y la general. Pareciera que el predominio excesivo de la primera es sinónimo de conservadurismo y lleva a la parálisis a la institución.
 
La UBA es una institución elefantiásica. Sería importante que el futuro rector adopte una política activa al respecto, que termine con facultades privilegiadas y con otras que son las cenicientas, que adopte una descentralización ordenada que le dé más libertad a cada unidad académica a la vez que exija más responsabilidad. Todas estas cuestiones pendientes, y otras que aquí no desarrollo, sustentan la crisis de representación, legitimidad y moral que hoy vemos en la UBA. No sólo se juega si un profesor con antecedentes notorios en la dictadura militar puede ser el rector. No sólo se da la situación insólita de que grupos radicalizados terminen siendo los portaestandartes de los derechos humanos y de la democracia. Es hora de que la sociedad toda, en particular su clase política, se sensibilice activamente ante estos cuatro aplazos y le exijamos al mundo académico una respuesta de largo plazo al respecto.
ERNESTO VILLANUEVA. Sociólogo, profesor y ex rector de la UBA.