La facultad donde estudian más de 30 mil alumnos está concluyendo un proceso de reforma y actualización de la carrera de Abogacía, cuyo plan vigente data de 1985. Los cambios ya aprobados incluyen una ampliación de la carga horaria, la obligatoriedad de rendir un idioma extranjero y la introducción de nuevas áreas temáticas: el derecho y las tecnologías informáticas, los consumidores y usuarios, la regulación de servicios públicos y los llamados derechos de nueva generación, entre otros. La estructura del plan de estudios conservará al Ciclo Básico Común de la UBA como primer año; y ya en la facultad, la carrera mantendrá el Ciclo Profesional Común (CPC) y el Ciclo Profesional Orientado (CPO).
En su última sesión antes del receso invernal, la semana pasada, el consejo directivo de Derecho aprobó los nuevos contenidos mínimos para Abogacía, es decir, el piso a partir del cual las cátedras deberán desarrollar los programas de las materias del CPC y las obligatorias del CPO.
Respecto del objetivo general de la carrera –donde se centró el debate–, sólo se definió que los egresados deben comprender “sus responsabilidades políticas, jurídicas, sociales y éticas referidas a su actuación como operadores que deben posibilitar a la ciudadanía el acceso a la Justicia, a un modo de resolución de sus conflictos en un Estado democrático de derecho”.
La resolución del consejo directivo se aprobó con el voto a favor de doce profesores, graduados y estudiantes. La única mano que se alzó en contra provino de la agrupación de minoría estudiantil. “No hicimos un planteo osado, sino de sentido común. En la sociedad argentina actual, con millones de personas en la pobreza, que los contenidos mínimos de Abogacía no incluyan las consecuencias jurídicas de la indigencia y la desocupación no tiene nada que ver con la realidad –planteó el consejero Facundo Taboada, de la independiente NBI–. Por ejemplo, en Derecho Penal se podía incluir el estudio de la criminalización de la protesta social. O en Derechos Humanos, las consecuencias del hambre y la desnutrición. Pero el consejo directivo cree que la formación debe ser neutral y aséptica, prescindiendo de las relaciones de poder que existen en la sociedad.”
El decano de la facultad retrucó: “En lugar de incluir la indigencia y la desocupación en cada materia, propuse que en los objetivos generales de la carrera se incluyera un mandato para atender a las circunstancias sociales, económicas y culturales. Esto era mucho más amplio, porque hoy es la indigencia y mañana puede ser otro problema social. Además, la indigencia tampoco es el único problema: también lo son la exclusión de la mujer o la infantilización del trabajo, por ejemplo”. La propuesta de Alterini no fue tomada por ningún consejero, así que no se incluyó ni la suya, ni la del NBI. Aunque todavía puede hacerse alguna modificación en el Consejo Superior de la UBA. “Este pudo ser un plan de estudios muy progresista. De todos modos, en el plan hay varias señales en ese sentido”, dijo Alterini.
Para el consejero estudiantil de NBI, el objetivo definido en los contenidos mínimos “no pasa de ser algo declamativo, sin un reflejo en los contenidos aprobados”. “Independientemente de que uno comparta una perspectiva –opinó Carlos Mas Vélez, consejero graduado–, la discusión de fondo es si la facultad debe marcar una línea de pensamiento o debe dar libertad de cátedra, respetando la diversidad y pluralidad de ideas.”
