Durante su desempeño como Director General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el abogado Atilio Aníbal Alterini dictaminó en favor del despido de mujeres embarazadas, con la única salvedad de que se respetara el periodo de licencia por maternidad, siempre y cuando ya lo hubieran comenzado. Su dictamen, firmado en mayo de 1982, se refiere a la cesantía con la significativa expresión “acto eliminatorio”. Alterini ocupó ese cargo durante las gestiones de los interventores de la Junta Militar en el municipio Osvaldo Cacciatore y Guillermo Del Cioppo, en 1981 y 1982.
 
Actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Alterini es el candidato de la Unión Cívica Radical al rectorado. Hasta ahora la elección no pudo concretarse porque los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de Buenos Aires ocuparon las instalaciones en las que debía sesionar la Asamblea convocada para designar al sucesor del actual rector, el médico Guillermo Jaim Etcheverry. Alterini contaría con la mayoría de los votos necesarios para resultar electo, pero la difusión de su curriculum vitae ha provocado una enconada reacción que pone en duda el futuro de la principal universidad del país. El gobierno nacional no ha fijado posición sobre el conflicto. Un grupo de consejeros que se identifican como peronistas apoyan a Alterini. Pero el ministro del Interior, Aníbal Fernández dijo que no recurriría al uso de la fuerza para desalojar a los ocupantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, salvo que lo solicite el rector Jaim. Luego de diversas alternativas, los sostenedores de Alterini, a quien apoya el ex rector Oscar Shuberoff, que gobernó la UBA durante dieciséis años, se proponen sesionar en otro lugar el martes.
 
Hoy un juramento
 
Los opositores a la candidatura de Alterini revelaron que en marzo de 1976 había prestado juramento por una serie de documentos de la Junta Militar que a partir de entonces subrogaron a la Constitución Nacional. Los partidarios de Alterini respondieron que ese juramento había sido exigido a todos los jueces que estaban en funciones en el momento del golpe y que Alterini renunció al año siguiente. Entre los jueces designados con acuerdo del Senado que prestaron el juramento exigido por la Junta Militar estaba el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni. Como juez de instrucción en lo criminal y correccional, Zaffaroni firmó fallos ordenando la libertad de personas detenidas por tiempo indeterminado a disposición del Poder Ejecutivo, sin opción de salida del país. Consideró que ello era inconstitucional porque constituía una pena impuesta por el Poder Ejecutivo .equivalente a la privación de libertad efectiva que suele sufrir un homicida doloso.. Además ordenóinvestigar las torturas denunciadas por esas personas detenidas. En cambio Alterini era juez en el fuero civil y comercial. Las partes involucradas en la disputa universitaria no han difundido objeciones ni encomios a su conducta como tal. La impugnación por haber ocupado cargos durante la dictadura preocupa a la conducción de la UCR, que se pronunció en forma explícita en contra de los ocupantes que impiden la eleccción de Alterini.
 
Los dirigentes de la FUBA, encuadrados en distintas siglas de la paleoizquierda local también denunciaron que el brigadier Cacciatore había designado a Alterini en la intendencia porteña. En este caso la respuesta la ofreció el propio candidato, quien dijo que se trataba de “un cargo técnico y no político”. La Dirección de Asuntos Jurídicos es uno de los cargos de mayor confianza política y personal de un gobernante y tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, en este caso municipal. Si en el caso de la judicatura Alterini ocupaba su juzgado al producirse el golpe, en la Municipalidad de Buenos Aires fue nombrado por el interventor militar en el organismo, brigadier Caccciatore. El 1º de abril de 1982, Cacciatore fue reemplazado en la Municipalidad de Buenos Aires por el civil Guillermo Del Cioppo, quien había tenido a su cargo el desalojo violento de miles de habitantes de las villas de emergencia de la Ciudad. Alterini permaneció dos meses más en su Dirección de Asuntos Jurídicos hasta que Del Cioppo escogió a una persona de su confianza.
 
En mayo de 1982 dictaminó en favor del despido de mujeres embarazadas. El interventor en la Intendencia había pedido su opinión “acerca del criterio a seguir respecto de las bajas dispuestas, cuando ellas afectan a agentes que se encuentran en uso de licencia por maternidad”. La respuesta de Alterini, firmada el 31 de mayo de ese año en el dictamen 4185 afirma que la situación es distinta “según que el personal en estado de gravidez haya iniciado o no goce de la licencia especial por maternidad, contemplada por las disposiciones en vigencia”. En ese caso “es opinión de esta dirección que sin perjuicio de la eficacia del acto eliminatorio (sic), su baja debe hacerse efectiva a partir de la conclusión de dicho beneficio”. Según Alterini el goce la licencia por maternidad “constituye un derecho irrevocablemente adquirido”. Por lo tanto “deben abonarse los haberes a la agente, hasta tanto concluya su licencia, momento en el cual cesa su relación contractual, concretándose su baja”.
 
Consultado para esta nota, el presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación y asesor letrado de la CGT, Héctor Recalde, sostuvo que el dictamen es discriminatorio en contra de la maternidad. A la luz de los principios generales del derecho, la cesantía durante el embarazo carece de razonabilidad y justificación, dijo. La ley de contrato de trabajo 20.744, de 1974, establecía en su artículo 174 una protección especial de siete meses y medio a partir del parto, con una indemnización agravada en caso de despido. Esa ley sólo regía para los trabajadores privados. Sin embargo, expresa el espíritu del legislador y debe considerarse como un piso de protección, dado que la Constitución Nacional establece en su artículo 14 bis la “estabilidad del empleado público”. Según el especialista en derecho laboral, la falta de cualquier referencia a la causal de la cesantía, indica que estuvo motivada por el embarazo. “Si hubiera habido una causal justificada, constaría en el dictamen y no habrían esperado que terminara la licencia”, dijo Recalde. A su juicio, el dictamen “no muestra sensibilidad hacia la situación de la mujer ni protección a la familia”.
  
Las posiciones sobre el candidato Alterini
  
A favor
Entre quienes se pronunciaron a favor de Alterini está el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, para quien “los fundamentos que se esgrimen son subjetivos y no tienen base cierta para decir que Alterini fue un cómplice de la dictadura militar”. Con una cita de Chesterton afirma que en la UBA “el sentido común es el menos común de los sentidos”. Al referirse a su nombramiento como Director de Asuntos Jurídicos del brigadier Cacciatore, Pérez Esquivel dice que Alterini “trabajó” en la Municipalidad. “Muchos ciudadanos y ciudadanas pasaron por la misma situación en el país y eso no significa que apoyaron la dictadura.” El fundador del Servicio de Paz y Justicia invita a hacer un balance de la gestión de Alterini como decano de la Facultad de Derecho. A su juicio, en esas funciones demostró “idoneidad y dignidad, como su compromiso con los problemas sociales”. Considera la denuncia como una “caza de brujas”, que podría afectar “la libertad y dignidad de la Universidad”. Al referirse a los ocupantes dice que “actúan a través de la razón armada”. Para Pérez Esquivel es necesario “derribar los muros de la intolerancia” ya que la dictadura “dejó muchas secuelas en la sociedad. Además del horror desatado en el país, está la fractura social, cultural, filosófica y de valores. Necesitamos recomponer en la diversidad la unidad del pueblo”.
 
Desde el radicalismo, Alterini también tuvo apoyo. El jefe de la bancada radical en Diputados, Fernando Chironi, en una charla en el aula magna de la Facultad de Derecho, se expresó a favor. “Me gustaría que el clima de respeto que existe en ese debate sea un mensaje para aquellos que, desde una violencia incomprensible, están impidiendo que la UBA tenga autoridades legítimamente electas”, remarcó. Por su parte, el jurista Ricardo Gil Lavedra destacó que “es un buen candidato, pero quien debe elegirlo es la asamblea universitaria”. Sobre los cuestionamientos que surgieron por el cargo que ocupó durante la dictadura, Gil Lavedra consideró que “para ser serios y rigurosos con la historia, me parecería muy valedera una impugnación que signifique una colaboración directa. Pero no lo invalida haber ocupado un cargo en una dictadura, en un país que en 50 años tuvo alternancia permanente entre dictadura y democracias”. “Eso significaría descalificar a todos aquellos que cumplieron una función estatal en esa época. No basta haber desempeñado una mera función, sino que tendría que haber prestado una colaboración directa con los métodos sangrientos y salvajes que se instauraron en esa época”, remarcó el constitucionalista, que rechazó las tomas como “una práctica absolutamente antidemocrática de un pequeño grupo que impide el funcionamiento del órgano encargado de la designación”. “Veo con preocupación cómo se está instalando la acción directa, al margen del funcionamiento de los órganos democráticos. Sustituyen un gobierno legítimo y asumen representaciones populares de las que carecen. Manifiestan intolerancia a los mecanismos democráticos”, concluyó.
 
En contra
En 1966, Alterini era docente en la cátedra de Derecho Civil cuyo titular era el ministro de la Corte Suprema de Justicia Luis María Boffi Boggero, recordó el ex decano de la Facultad de Derecho Mario Kesteilbon. La dictadura de Onganía removió a todos los jueces de la Corte y luego intervino la universidad. Pese al compromiso previo asumido, cuando Boffi Boggero renunció a la Cátedra Alterini se negó a hacerlo, y en 1974 quedó a cargo de ella por obra de la Misión Ivanissevich, dice Kestelboin. En 1972, Alterini integró la Junta Electoral del Foro de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, antecedente del actual Colegio Público. Integraban la lista “Liberación y Justicia”, sostenida por la Asociación Gremial de Abogados, el constitucionalista Arturo Sampay, el laboralista Andrés López Accotto, el civilista Héctor Masnatta y el asesor de la CGT de los Argentinos, Hipólito Solari Irigoyen. Durante la campaña electoral esa lista sostuvo que el Foro pretendía limitar la defensa de los presos políticos de la dictadura. La Junta Electoral los sancionó con apercibimiento por aquellas opiniones y faltando dos días suspendió las elecciones, en las que “Liberación y Justicia” era la lista favorita. Según Kestelboin, esto demuestra que “el cargo político que Alterini desempeñó entre 1981 y 1982 fue el resultado de una carrera anterior ligada al accionar de las distintas dictaduras”.
 
El crítico literario y ensayista Nicolás Casullo consideró que Alterini “tiene una prosapia de antecedentes que yo cuestiono, pero está ejerciendo un decanato en forma legal y tiene los mismos derechos que cualquiera. La biografía es lamentable, pero no define el hecho en sí de una elección”.
 
“No es para nada el rector que se merece la UBA. Esto marca un regreso al shuberoffismo y el nivel de crisis en que se encuentra la UBA: la dificultad para realizar transformaciones profundas, el estar siempre situados en una propuesta retrógrada y perversa”, destacó Casullo, que también deslizó críticas hacia los sectores que realizaron las tres tomas al Colegio Nacional de Buenos Aires. “La radicalización sin sentido y como un juego estéril de la izquierda estudiantil. Mal que nos pese, se tiene que celebrar la asamblea y si resulta elegido rector, será Alterini. Cualquier alternativa hay que gestarla y, evidentemente, hoy no tiene la envergadura para derrotarlo.”
 
Contra el bloqueo
Para Susana Decibe, ex ministra de Educación, la cuestión más importante en este momento ni siquiera es el perfil del candidato Alterini sino la manera en que está trabada la votación. “No existe ninguna posibilidad de vida institucional si uno no respeta las reglas del juego, más allá de las personas que puedan resultar electas por ellas”, dice, agregando que ésa es la “regla básica para vivir en una sociedad organizada”. Decibe explica que “si el sistema actual de integración de la asamblea universitaria facilita la elección de personas con las que la mayoría no está de acuerdo, lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego. Pero en el momento oportuno, no impidiendo la elección. Nunca eso. Hay que dejar que las instituciones funcionen según las reglas del juego vigentes: y si esas reglas del juego no gustan, habrá que cambiarlas después. No se puede desconocer o impedir una votación porque no se está de acuerdo con el candidato que sería electo”. Estas ideas se aplican “más allá de las personas que pudieran ser electas. Quieren cambiar la forma de elección de la asamblea, pero eso no se puede hacer cuando sabés que estás perdiendo una elección. Por otro lado, es un argumento bastante débil decir que no podés garantizar que la asamblea funcione en un clima adecuado y normal. Hay que hacer que la asamblea pueda funcionar. Porque si no es como que la democracia funciona cuando se eligen personas que gustan, pero cuando no, no sirve”.
 
El politólogo Franco Castiglione concuerda con que “se tiene que hacer la elección. No se la puede interrumpir, sencillamente”. En el caso particular del candidato Alterini, para Castiglione “lo que hay que examinar, en todo caso, es su programa para la UBA”. Y el politólogo avanza en que “en cuanto al veto que se le da por su pasado de funcionario de la municipalidad del Proceso, con ese argumento caerían en la misma crítica una gran cantidad de funcionarios progresistas como el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que fue juez, tanto como el fiscal Strassera, que juró por los estatutos del Proceso. Para poner dos nombres asociados a la democracia y progresistas, los dos juraron por los estatutos del Proceso. Nadie va a poner en duda lo que pusieron a favor de la democracia en estos años. No conozco las contribuciones de Alterini a la democracia, puede ser un gran jurista, pero lo que está claro es que no tuvo un cargo de responsabilidad política durante la dictadura. Es un cargo emparentable con los que pudieron tener Zaffaroni y Strassera. Como sea, para poder debatir cuáles son las relaciones de Alterini con la Franja Morada y una cantidad de temas que desde luego habría que dilucidar, lo primero es poder realizar la asamblea. Por otro lado, lo que están planteando los pibes de la FUBA es legítimo, como que voten los docentes no concursados. En cambio, no es válido el criterio por el cual debería ser paritético el voto de los estudiantes con el de los docentes. La universidad es justamente una institución para producir investigación y conocimientos que van a ser trasladados a los estudiantes. Y los alumnos tienen de hecho una jerarquía que es propia: un estudiante no le enseña a un profesor. Sí es absolutamente legítimo que los docentes no concursados puedan votar en la asamblea. Pero para poder debatirlo hay que reconocer la legalidad de las normas de la reforma del ‘18 y sus actualizaciones: es la norma que existe. Está bien que el objetivo sea estar en la asamblea universitaria para hacer allí todas las reformas necesarias para conquistar la hegemonía cultural y conquistar tus reivindicaciones. Pero no debatir, ni permitir que haya debate, es una actitud decididamente antidemocrática. Están bloqueando el funcionamiento de la UBA”.