Por Andrea Ferrari
Al menos tres proyectos de investigación desarrollados por científicos de instituciones públicas argentinas recibieron fondos de la Armada de los Estados Unidos. Según la propia descripción de la fuerza, se trata de un trabajo de nanotecnología, que realizan investigadores del Instituto Balseiro, un estudio oceanográfico de la cuenca del Río de la Plata y un proyecto en el área físico-matemática para estudiar redes complejas con vistas a su aplicación en modelos de redes terroristas. Aunque el dato era hasta ahora prácticamente desconocido en el país –incluso para las autoridades del área científica–, el financiamiento no es secreto: los proyectos aparecen mencionados en el sitio de Internet de la Oficina Naval de Investigaciones (ONR) norteamericana. Consultados por Página/12, reconocidos científicos manifestaron su oposición a la posibilidad de que investigadores argentinos puedan ser subsidiados por una fuerza militar extranjera. El debate que se abre echa luz sobre la siempre difícil relación entre la ciencia y el poder militar, pero también sobre las dificultades que enfrentan los investigadores a la hora de obtener recursos para sus proyectos.
Fue la diputada Lidia Puig de Stubrin, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, quien dio el alerta en un proyecto de resolución por el cual busca que el Poder Ejecutivo informe sobre todas las investigaciones científicas en instituciones nacionales que estén siendo financiadas por fuerzas armadas de países extranjeros, los mecanismos que permitieron su autorización y el control que ejerce el Ejecutivo sobre estos convenios.
El pedido de informes señala también que si bien en Estados Unidos el Departamento de Defensa es la principal fuente de financiamiento de la investigación científica, existen límites legales –como la enmienda Mansfield– que obligan a que los fondos sean utilizados sólo en proyectos vinculados a un objetivo militar. “Quizás se trabaja en ciencia básica, pero ese proyecto está dentro de un programa y tiene una finalidad que no es conocida por el científico –sostiene Puig en diálogo con este diario-. Sucede que muchas veces los investigadores ni saben para lo que están trabajando. La permanente búsqueda de subsidios genera estas situaciones. Las organizaciones científicas nuestras –y en este caso la CNEA es un ejemplo– han sido sometidas desde los 90 a una restricción de recursos muy grande y han lanzado a los científicos a buscar sus propios recursos bajo el supuesto de que tenían que autosustentarse. Entonces no hay una planificación, lo que hay es personas que buscan recursos para sostener sus carreras como investigadores. Se producen estos ingresos de subsidios que pueden ser inocentes del lado del científico que lo pide pero no de quien lo da. No siempre la ética y la ciencia van de la mano. Uno puede estar trabajando en el desarrollo de armas sin saberlo.
 
El caso del Balseiro
Bajo el título de “Nanomateriales para sensores”, en la página oficial de la Oficina Naval de Investigaciones (ONR) norteamericana se menciona un proyecto conjunto iniciado en 2004 entre ellos mismos, la NRL (Laboratorios Nacionales de Investigación) y por Argentina el Instituto Balseiro, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Página/12 se comunicó con el doctor José Rolando Granada, Gerente del Centro Atómico Bariloche. “Creo que las preocupaciones planteadas son absolutamente válidas –dijo–. Prontamente vamos a responder desde acá en cuanto a la información que se solicita.” Si bien Granada no quiso proporcionar los nombres de los científicos involucrados en la investigación, admitió que “es gente que trabaja acá hace tiempo. El trabajo es una investigación sobre cuestiones básicas de la física que involucran el estudio de algunas propiedades que presentan sistemas nanoestructurados. Es la clase de trabajo que se realiza en investigación básica”.
–Lo que está en discusión es que aunque se trate de ciencia básica, el financiamiento de Defensa está condicionado a un objetivo militar.
–Creo que la objeción es válida. No tengo por qué dudar de la investigación que han hecho los diputados y sus asesores en la materia. Creo que es pertinente el pedido de informes y también es pertinente que en el país tengamos una posición clara de estas cuestiones.
–Es decir que su opinión es contraria a aceptar un financiamiento militar externo.
–Seguro. Existen varias cuestiones: estamos acá en el ámbito de la Comisión de Energía Atómica, que es un organismo del Estado, y nos regimos por una ley donde fundamentalmente estamos hablando del desarrollo de tecnologías para el uso pacífico de la energía nuclear. Claramente no veo la necesidad de obtener financiamiento de organismos que no son simplemente organismos internacionales sino las fuerzas armadas de Estados Unidos: es una situación a mi juicio que amerita un análisis muy particular. Creo que es apropiado tener una normativa explícita que requiera una aprobación que trascienda el simple interés de una persona como investigador. De hecho, todos los que trabajamos en investigación estamos usando de partida infraestructura que pertenece al Estado nacional.
–¿Entonces los investigadores firmaron el convenio por su cuenta sin conocimiento de las autoridades de la CNEA?
–No, existen instancias en las cuales se requiere la aprobación de una autoridad local. Pero es seguro que esa autoridad que firmó no conocía el alcance de lo que se estaba firmando. Si yo hubiera estado cuando se inició, tal vez también lo hubiera firmado. Para serle sincero, en mis propias conversaciones con diputados y asesores he tomado conocimiento de detalles que desconocía en cuanto a las implicancias y los condicionamientos que tienen esos organismos vinculados a las fuerzas armadas en cuanto a la utilización de los fondos.
–¿Esto significa que se interrumpirá el financiamiento en cuestión?
–En realidad este proyecto, que empezó hace años, en lo que a nosotros concierne está prácticamente terminado, de manera que no va a haber una acción particular. Pero lo que estoy diciendo es que en conocimiento de toda la información que se manejo ahora, yo sería reticente a recibir ese tipo de subsidios. Lo que tenemos que pedir es que nuestras propias agencias atiendan los pedidos, formulen planes estratégicos y traccionen los esfuerzos de nuestros investigadores en aquellos temas que consideramos de importancia para el país.
 
Redes muy complejas
El proyecto que aparece con más detalle en el sitio web de la ONR es el del área físico-matemática. Bajo el título de “Investigación de redes complejas con aplicación en modelación de redes terroristas” se explica que “se brindó apoyo financiero y logístico a la Dra. Lidia Braunstein de la Universidad de Mar del Plata, Argentina, para visitar la Universidad de Boston entre el 25 de junio y el 2 de agosto de 2004 a fin de desarrollar investigación en redes complejas”, y aclara que la investigación ayudará en la elaboración de modelos de guerra terrorista y bioquímica, “utilizando enfoques tomados del análisis de redes sociales, uso de teorías de grafos y de redes espaciales/físicas”. También se informa que “se está desarrollando un proyecto de colaboración entre la ONR, la Universidad de Boston y la Universidad de Mar del Plata”.
Pese a lo explícito del texto, Braunstein rechaza que su trabajo pueda tener relación con el terrorismo. “Yo tengo colaboraciones con la Universidad de Boston, donde hice mi postdoctorado –le dijo a Página/12-. Trabajo en redes, no en terrorismo. Lo que pasa es que una red de colaboraciones uno podría aplicarla para donde quiera y lo podría ver desde ese punto de vista. Se trata de un modelo matemático computacional que habla de inmunización de redes.
–Pero evidentemente la utilidad para ellos está en aplicarlo a redes terroristas.
–Sí.
Braunstein aclara que “el convenio todavía no salió” y que la financiación de la Armada en su caso consistió en “una beca para ir a Boston por 45 días para elaborar un proyecto, que todavía está en evaluación”. Sostiene que su línea de trabajo es “ciencia muy básica” y que en su lista de publicaciones “no hay ninguna referencia al terrorismo”. “Uno hace la inmunización de una red, para matar un virus computadora, por ejemplo. Eso también se podría aplicar a matar algo que te molesta como un terrorista, pero en realidad la aplicación es muy teórica.”
–Más allá de que el trabajo sea teórico, ¿no se plantea una cuestión ética ante la posibilidad de que lo usen con fines militares?
–No, porque creo que no lo pueden bajar para nada. Mi sensación es que tienen esa plata y la tienen que gastar en investigación. Entonces buscan grupos de renombre. Yo trabajo con un grupo importante en Boston, dirigido por Eugene Stanley. Sus publicaciones tampoco tienen nada que ver con terrorismo. Y uno aplica (al subsidio) también porque acá hay tan pocos fondos para investigar, que si no no se puede solventar. O sea que mi problema ético se me termina cuando no tengo plata para investigar.
–¿Y no tiene pruritos de que esa plata venga de una fuerza militar?
–No, porque no trabajaría con ellos sino con la gente de la Universidad de Boston. Si acá los militares me diesen plata para investigar también la aceptaría.
 
Haciendo contacto
En el caso del tercer proyecto, en el área de oceanografía, la Oficina Naval de Investigaciones norteamericana no menciona instituciones específicas. Aparece descripto en su página web como “un proyecto de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos para estudiar los efectos de la cuenca del Río de la Plata en el Atlántico sur”.
Se trataría, según supo este diario, del Proyecto La Plata, donde participa el Servicio de Hidrografía Naval argentino y organismos equivalentes de Uruguay y Brasil, además de científicos de las universidades de San Pablo y Río Grande do Sul.
Que los investigadores locales son apetecibles para la Armada norteamericana queda en evidencia no sólo por estos proyectos sino también por la organización montada para facilitar los contactos. La Oficina Naval de Investigaciones estableció una sede en la embajada norteamericana de Santiago de Chile que tiene como objetivos “facilitar la colaboración de científicos e ingenieros latinoamericanos” y “realizar un estudio continuo sobre las áreas de investigación en Ciencia y Tecnología relevantes para el Departamento de la Armada”. Cuentan para ello con cuatro programas posibles: visitas individuales de investigadores “para evaluar capacidades y el estado de madurez técnica”, el Programa de científicos visitantes, conferencias y talleres de ciencia en América latina y becas internacionales de investigación, que llevan el nombre de NICOP.
Entre los eventos que se llevaron a cabo se hace mención a un foro realizado en Washington el 15 de abril de 2004, organizado por la ONR más el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el Instituto Stevens de Tecnología (SIT) y la Oficina de Investigación científica de la Fuerza Aérea (AFOSR). El objetivo fue “incrementar el conocimiento de los líderes norteamericanos sobre el progreso de la ciencia y la tecnología en América latina” y contó con la presencia de científicos representantes de Argentina, México y Chile. Al parecer, a los organizadores les gustó el resultado, ya que planean un próximo evento similar sobre áreas específicas, como “nanotecnología, materiales electrónicos y biotecnología”.
 
“En el ojo del que la mira”
La forma en que un investigador financiado por una fuerza militar ve su propio trabajo suele ser muy distinta de cómo lo ve esa misma fuerza. Esto, que puede aparecer en los casos argentinos descriptos en estas páginas, ha sido bien estudiado en Estados Unidos. En un artículo publicado en la revista Science, Stanton Glantz y Norm Albers hicieron un concienzudo análisis de la forma en que las fuerzas armadas decidían en qué proyectos invertir el dinero disponible para investigación científica. Para eso, estudiaron todos los proyectos financiados a lo largo de un año. Sus hallazgos son muy interesantes.
Encontraron, por un lado, que tomados “individualmente los científicos financiados con dinero del Departamento de Defensa se veían a sí mismos involucrados en búsquedas objetivas en pro del avance de la ciencia y no consideraban que sus investigaciones estuvieran íntimamente conectadas con los problemas militares inmediatos”. Pero al mismo tiempo concluyeron que “el Departamento de Defensa apoya investigaciones para obtener resultados para los cuales los estrategas militares prevén una necesidad, y sostiene proyectos de desarrollo para implementar esos resultados en términos de sistemas militares específicos. Su estudio, sostuvieron, “demostró que los militares habían desarrollado un programa racional y bien administrado para definir prioridades de investigación en términos de necesidades presentes y futuras”.
Los autores citaban un caso particular en el que la Oficina de Investigación Naval describía un proyecto sobre “semiconductores amorfos” haciendo especial hincapié en que se trabajaba “una función crucial de los materiales utilizados en instrumentos de visión nocturna”. El investigador principal, sin embargo, objetó la descripción considerando que no había relación entre su trabajo y esa función. Glantz y Albers consultaron al jefe del área científica de la Armada, quien sostuvo que entendía que el investigador opinara que la descripción no representaba con exactitud su percepción del proyecto, pero que no era correcto que no hubiera relación. Resumió la diferencia diciendo: “La investigación básica, como la belleza, está en el ojo del que la mira”.
 
GREGORIO KLIMOVSKY, EPISTEMOLOGO.
“No habría que permitirlo”
“Habría que ver exactamente cómo son los contratos, pero en principio me parece que efectivamente no habría que permitir que investigadores argentinos presenten sus trabajos con una posible aplicación militar a un país extranjero –sostiene el epistemólogo Gregorio Klimovsky–. Ya hay bastantes reconvenciones que los países democráticos hacemos a Estados Unidos por su uso de armas en países invadidos como para considerar que es un peligro que se puedan seguir desarrollando investigaciones cuya aplicación a cuestiones bélicas no está muy clara. Y me parece muy bien que se pida una investigación particular sobre el tema.”
Klimovsky recuerda una gran polémica en el pasado, “cuando a un investigador del grupo de De Robertis le dieron financiamiento de una fundación para investigar el comportamiento de los vasos capilares en la retina en situaciones de alta y baja presión. Esa investigacion con fondos extranjeros no tenía aparentemente nada de sospechoso hasta que uno se daba cuenta de que la situación típica en que vasos de la retina pueden estar sometidos a mayor o menor presión corresponde a aviones de gran altura, de modo que lo que se investigaba en realidad era cómo reaccionaría la vista de los pilotos en bombarderos que fueran a gran altura. Se armó un escándalo tan grande que la investigación quedó interrumpida. También recuerdo otros casos en los que hubo una actitud exagerada: por ejemplo la fundación Ford contribuyó bastante a que se comprara material bibliográfico, a veces sucede que las universidades no tienen plata para comprar las revistas principales. Y hubo incidentes con los estudiantes en la facultad de Ciencias Exactas: eso me parece exagerado porque comprar revistas científicas no implica una acción bélica.”
 
MISCHA COTLAR, DOCTOR EN MATEMATICA.
“La destrucción de la ciencia”
“Yo soy pacifista –aclara de entrada Mischa Cotlar, profesor emérito y doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires–. Estoy ahora participando de la organización del ‘Proyecto para la preservación de la unidad ciencia y ética’, donde hay científicos de mucho renombre. Lógicamente pienso entonces que estos proyectos no deberían existir. No soy político, pero creo que a Argentina no le conviene, ni debiera permitir este tipo de alianza.”
Para Cotlar, un matemático muy reconocido entre sus pares, nacido en Ucrania y nacionalizado argentino, “toda alianza con intereses militares, lo que produce es la destrucción de la ciencia. Sin juzgar a nadie, me gustaría convencer a los científicos de que no deberían aceptar proyectos de origen militar o cualquier otro con carácter de destrucción. Este tipo de trabajo destruye la ciencia misma, porque la ciencia se basa en la total libertad de pensamiento”.
Cotlar cree que es siempre un error para un científico involucrarse con un poder militar. “Hay situaciones extremas –dice–, pero debe tratar todo lo posible de no comprometerse. Los grandes problemas se resuelven con la inteligencia, con las intuiciones, pero no matando a los otros. Para que haya bienestar tiene que haber armonía. Tenemos ahora la más alta tecnología, se podría vivir en el paraíso, pero cuanto más progreso tecnológico, más enfrentamientos. Se quiere utilizar ese progreso en intereses creados, para lograr poder, que es el instinto negativo más fuerte. Hitler no quería ser rico, quería poder.”
“Se supone que el científico ama su ciencia, si no no puede salir nada bueno –termina–. Y si la ama tiene que entender que la alianza con intereses militares destruye la esencia de la ciencia, a la vez que pone en peligro la vida del planeta.”
 
PABLO JACOVKIS, DECANO DE CIENCIAS EXACTAS (UBA).
“Tiene que haber control”
“En principio estoy de acuerdo con los cuestionamientos –sostiene Pablo Jacovkis, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA–. Si bien en muchas oportunidades los organismos militares norteamericanos financian ciencia básica cuya aplicabilidad es más remota, yo sería bastante reticente a aceptar fondos de fuerzas militares extranjeras en general, no sólo de Estados Unidos. No me parece que corresponda que se haga investigación en Argentina subsidiada por organismos militares extranjeros.
–¿Qué tipo de control se hace sobre el financiamiento de proyectos de investigación?
–Nosotros en la facultad tratamos de tener el mayor control posible y en principio espero que lo logremos. En muchas oportunidades es inevitable porque la institución que financia el proyecto exige que los fondos sean depositados en una cuenta institucional. Pero a veces ese requisito no existe, y se da la posibilidad de que el investigador no informe a la institución, lo cual está mal, sea el financiamiento de la Armada norteamericana o de la Madre Teresa.
–¿No es necesaria una aprobación oficial?
–Si el investigador se presenta a un subsidio y es otorgado, en principio debería estar avalado por una autoridad. Porque no es una cosa privada del investigador: usualmente va a usar espacio de la universidad, consumos como electricidad, equipos, etc. No solamente debería informar sino que es correcto que la institución a la que pertenece reciba un overhead. Pero en la práctica a veces no sucede y manejan las cosas por su cuenta. Está mal y hay que combatir esa práctica. Aunque no fueran organismos militares tiene que haber controles éticos; por ejemplo, para hacer investigaciones con animales de laboratorios hay que cumplir con ciertos procedimientos y si no se cumplen la institución es corresponsable. Desde todo punto de vista los subsidios no son una actividad privada del investigador que los obtiene.