Por Adriana Meyer
“Es una conquista muy importante para la educación argentina”, afirmó el ministro de Educación, Daniel Filmus, tras presenciar la sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Financiamiento Educativo impulsada por el Gobierno, que pretende asegurar fondos al elevar el presupuesto para el sector del 4 al 6 por ciento del Producto Bruto Interno en los próximos cinco años. Con visibles rastros de cansancio en su rostro, pero con el alivio de la misión cumplida, el funcionario mostró su satisfacción de que haya sido apoyada por casi todas las fuerzas políticas, a excepción del radicalismo, y agregó: “En Europa el promedio de inversión en educación es del 5 por ciento. Argentina va a llegar el año próximo al 4,7 por ciento, y esto es histórico e implica mejoras en las condiciones de estudiantes y docentes”. Con el voto de 204 diputados, contra 37, la cifra del gasto total en educación pasaría de 22 mil millones actuales a 53 mil millones en 2010. La ley fue aprobada sin modificaciones, de modo que no prosperó la iniciativa, propuesta con insistencia por el ARI y la UCR, que pretendía repartir en partes iguales los porcentajes que aportarán la Nación y las provincias.
La sanción de esta ley se produce ocho años después de que la dirigencia de CTERA instalara la Carpa Blanca durante 1003 días frente al Congreso, en reclamo de una medida que garantizara el financiamiento educativo. Después de seguir con atención las siete horas de debate desde un palco del recinto, Filmus no olvidó ese antecedente, más allá de que la propuesta fue uno de los ejes de la política educativa oficial. “No se trata de un partido, o de un gobierno, sino de una ley de mediano plazo para que esto quede como una mejora sustantiva, es un logro de los gremios docentes y de la sociedad que se puso de acuerdo”, precisó en el Salón de los Pasos Perdidos. El ministro destacó que este fue el primer paso para avanzar en una reforma estructural de la Ley Federal de Educación, de la época del menemismo.
Lo fundamental de la iniciativa, que llevó tres meses de debate en la Cámara alta, es el incremento del porcentaje del PBI destinado al sector educativo y el intento de dar previsibilidad al presupuesto al fijar pautas específicas de gasto. Para el 2006 implicaría un incremento de 9 mil millones. Sin embargo, si se toma un crecimiento del PBI del 8 por ciento, el aumento sería de 24 mil millones para 2011. El aumento presupuestario se distribuiría en un 60 por ciento a cargo de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y 40 por ciento a cargo de la Nación. (Actualmente, la proporción es 73 a 27). Esto produce reparos entre los gobernadores, quienes plantean que la distribución del aumento debería reposar menos sobre sus arcas. “Esta ley pone la carga en las provincias, y hubiera sido una buena oportunidad de remediar aquella injusticia de entregarles las escuelas, pero la única forma de expresar nuestro desacuerdo es votar en contra y aspirar a que la nueva ley no avance sobre la autonomía provincial”, argumentó el presidente del bloque radical, Fernando Chironi. Esa fuerza había emitido un dictamen en minoría. En el Senado, radicales y algunos justicialistas habían sostenido que el aumento debería repartirse 50 y 50 por ciento, con el argumento de que no representaría una erogación muy grande para la administración nacional y sí para las provincias. Sin embargo, el Gobierno no aceptó este cambio. Y tampoco pasaron ayer los pedidos en el mismo sentido en la Cámara baja.
“Queda claro que hay plata para pagar al Fondo pero no para cumplir con lo que la ley actual establece para la educación, y ésta podría ser complementaria, pero la deuda educativa no es la prioritaria como lo es la del FMI”, se quejó Eduardo Macaluse. Sin embargo, el ARI apoyó con sus votos. Las 204 voluntades se lograron, además de con el oficial Frente para la Victoria-PJ y el ARI, con una parte del ex duhaldismo, los macristas de PRO, los partidos provinciales y el socialismo. “Si alguna vez fuimos distintos en el contexto latinoamericano fue por la clase media que se formó en la educación pública, y ese es el tejido social que queremos recuperar”, afirmó el jefe de la bancada justicialista, Agustín Rossi, al cerrar el debate.
La ley advierte que cuando los ejercicios fiscales muestren una caída del PBI, “la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación”. En igual sentido, si se incumplen con las obligaciones, el Ministerio de Educación podrá echar mano a la transferencia de fondos nacionales destinados a la provincia. El proyecto también prorroga por cinco años el Fondo Nacional de Incentivo Docente, contabilizando como fecha de inicio el 1 de enero de 2004.
 
EL MINISTRO DANIEL FILMUS, SATISFECHO CON LA LEY
“A saldar la deuda educativa”
Por A. M.
“Si la Ley Federal de Educación no se cumplió, ¿qué asegura que ésta sí se cumpla?”, fue lo primero que le preguntaron al ministro Daniel Filmus cuando abandonó el recinto.
El funcionario no dudó en afirmar que esta norma “es mejor”. Y explicó que “viene a subsanar a la Ley Federal de Educación que hace diez años prometió un aumento que nunca llegó, porque nunca dijo de dónde tenía que salir la plata. Hoy estamos diciendo que del aumento de los fondos coparticipables a cada provincia se le abrirá una cuenta particular, que es la del aumento del presupuesto”. Consultado por Página/12 sobre el temor de que un “buen instrumento” vuelva a ser desvirtuado en la práctica, Filmus afirmó que “tiene todos los instrumentos legales para que esto no ocurra, porque la Nación tendrá la potestad de retener los fondos para asegurarlos”. Inmediatamente aclaró: “Pero nuestra idea no es llegar a castigar a ninguna provincia sino asegurar los fondos, la cuenta es transparente y la controla la comunidad, la utilización de los fondos es pública”. De todos modos, puntualizó que “si una provincia no cumple, la ley prevé que se le retengan los recursos coparticipables, cada provincia tiene que hacer un programa ante el Consejo Federal de Educación año por año de cómo se va a ir cumpliendo la ley. Y si no cumple, el Consejo decidirá la utilización de los fondos retenidos”.
Respecto de la actitud del radicalismo, el ministro recordó que no estuvo de acuerdo “en que los fondos sean específicos para la educación porque de esa manera no se respetaba el federalismo, pero lo que pasó es que cuando las provincias manejaban la plata, cuando fue la transferencia, no la destinaron a la educación, y ahora queremos que ese dinero vaya específicamente al sector”.
Filmus describió que la prioridad para distribuir esos fondos será la mejora salarial y del trabajo docente, y la construcción de escuelas, además de los 11 objetivos planteados en el texto: “Por ejemplo, que todos los chicos de cinco años vayan a la escuela, cuando hoy el 7 por ciento de ellos está afuera, que tengan los diez años de escolaridad obligatoria, terminar con el analfabetismo, fortalecer la educación técnica y mejorar la calidad de la universidad”. También le preguntaron si “más plata significará más días de clase”, a lo cual respondió que no es una cuestión “lineal”, aunque admitió que “puede ser una consecuencia de la mejora de la educación”.
Sin ocultar su satisfacción por la culminación del proceso legislativo de la iniciativa de su autoría, se entusiasmó ante los micrófonos: “Si se duplican los recursos en estos años Argentina va a saldar buena parte de la deuda educativa que tiene. Claro que salir no será de un día para otro. Con recursos es más fácil encontrar las medidas, como la que pensamos al avanzar en un debate amplio, que es discutir aquellos elementos de la Ley Federal de Educación que están obstaculizando la mejora de la educación argentina, y lanzar un debate nacional, dado que no es un año electoral”.
 
Optimismo gremial
Los gremios docentes salieron a apoyar ayer la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), integrada a la CTA, difundió un comunicado en el que señaló que esa ley “es un reclamo histórico desde la década de los noventa y tuvo un hito en la lucha de la Carpa Blanca en 1997, durante 1003 días” y destacó que “ve con satisfacción la sanción de la ley”. En tanto, la Unión de Docentes Argentinos (UDA), que responde a la CGT, remarcó que la sanción es un “cambio histórico” y afirmó que “es una norma que cambiará el curso de la educación y que dará una solución a gran parte de los problemas del sector”. “Ahora nos espera una ardua labor para lograr que esta ley sea un hecho y que se aplique en todo el país, para que redunde en beneficio de todos los niños, jóvenes y docentes”, sostuvo el titular de la UDA, Sergio Romero. La Ctera, conducida por Hugo Yasky, adelantó que buscará reunirse con el Ministerio de Educación para estudiar cómo se hará la aplicación de la ley.