“Estas formas de intervención... suponen una manera de resolver los conflictos que van a contracorriente de las mejores tradiciones de política universitaria y que además (y esto es más preocupante) implican la adopción de la judicialización y criminalización de la política como método de resolución de conflictos... La judicialización de hechos problemáticos, que son resultado de una dinámica de la vida política de la institución universitaria, más allá de las distintas consideraciones que puedan merecer, significa centralmente su despolitización”, señala la declaración.

Por otra parte, uno de los procesados, Martín Ogando, informó que la UBA no se retiró como querellante en la causa que se les sigue a él y a Sergio Salgado, acusados de haber participado en la quema de urnas ocurrida en 1999. “En aquel momento la universidad hizo la denuncia y, como es una causa penal, no puede retirarse. Lo que sí ha hecho la UBA, desde la nueva gestión del rectorado, es mantenerse inactiva. Cuando empiece el juicio tiene varias alternativas: o directamente no presentarse, o hacerlo y decir que no hay pruebas contra nosotros (como determinó un sumario interno), o pedir condena, cosa que no creemos que pase”, dijo Ogando, hoy integrante de la agrupación Praxis y ya no del PTS, donde militaba cuando ocurrieron aquellos hechos.