La rebaja de aportes al sistema privado de jubilaciones, actualmente en 7 por ciento sobre el original de 11 por ciento, fue prorrogado hasta julio del 2006. El pasado 30 de junio había vencido uno de los plazos del cronograma para eliminar la reducción y, en consecuencia, el aporte debía subir al 9 por ciento desde el 1º de julio y al 11 desde el 1º de octubre. De la rebaja quedaron excluidos docentes, diplomáticos y judiciales. Además, el Poder Ejecutivo se reservó la posibilidad de aumentar el aporte en cualquier momento.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicó que la nueva postergación persigue “no afectar los ingresos de los trabajadores que están en el sistema de capitalización”. “Como muchas de las medidas que se han tenido que adoptar, ésta tiene que ver con la salida de una crisis muy importante en el orden económico y social, y la recuperación de cierta normalidad tiene que ser progresiva”, justificó.

La medida fue dispuesta por el Decreto 788/05 publicado ayer en el Boletín Oficial. La norma aclara que quedan “excluidos los aportes al Régimen Previsional Público, por ser éste el que toma a su cargo el pago del suplemento necesario para cumplir con los porcentajes establecidos en las respectivas normas”.

La medida fue tomada en plena crisis con el objetivo de incentivar el consumo. Los considerandos del decreto recuerdan que las rebajas de la alícuota fueron dispuestas para “facilitar la reactivación del consumo interno y contribuir a lograr el equilibrio de las cuentas públicas, por el consecuente aumento de los ingresos fiscales”.

En un primer momento, la reducción dejó el aporte en el 5 por ciento del ingreso del trabajador, una reducción que alcanzó tanto a los afiliados al régimen de reparto como al de capitalización. Luego, debido a que la reducción afectaba seriamente los recursos de la seguridad social, se dispuso la necesidad de restituir el aporte obligatorio de 11 por ciento respecto de los afiliados al sistema público.

Si bien el decreto mantiene el aporte en el 7 por ciento por un año, también otorga al Poder Ejecutivo la facultad de levantar la medida antes de este plazo, previa comunicación con una antelación de no menos de dos meses. Algunos analistas interpretaron por ello que el Gobierno podría aumentar los aportes después de las elecciones.

La demora en resolver sobre la medida, que venció el 30 de junio, obedeció a un cambio de último momento impulsado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Estos cambios fueron la excepción de la reducción de aportes para los docentes de nivel inicial, primario y secundario (oficial o privado) y a los científicos y docentes universitarios. También fueron excluidos de la prórroga el personal del servicio exterior de la Nación y los empleados judiciales. En consecuencia, estos sectores volverán gradualmente al aporte previsional histórico, con el 9 por ciento desde el pasado 1º de julio y con el 11 a partir del 1º de octubre.

El ministro Tomada explicó que este conjunto de exclusiones obedece a la necesidad de que el régimen cuente con los recursos necesarios para poder cumplir con el pago del 82 por ciento de los haberes jubilatorios para docentes y personal científico. “Esos recursos –generados por el incremento de la alícuota a aportar– conformarán un fondo específico para poder cumplir con el pago previsional del 82 por ciento a esos sectores”, precisó.