Los docentes realizarán mañana el primer paro nacional en los dos años que lleva el gobierno de Néstor Kirchner. El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Hugo Yasky, explicó a Página/12 las razones de la convocatoria, que incluye una movilización al Congreso que arrancará a las 10.30 en avenida de Mayo y Lima: “Hay que terminar con un modelo del neoliberalismo que está llevando a la escuela pública prácticamente a su desaparición”. Lo que el gremio demanda es la implementación de “un nuevo modelo de financiamiento educativo” y tiene diferencias con el proyecto de ley que en la materia está elaborando el Ejecutivo. Yasky precisó las diferencias y advirtió que la discusión al respecto será una “prueba de la verdad porque podremos ver si muchas cosas que se plantean se transforman en políticas públicas”.

–¿Por qué la Ctera vuelve al paro nacional?

–El sistema educativo está colapsado en una especie de agonía lenta y por tratarse de la educación los daños de este estallido son silenciosos. En estos dos años sin que hubiera un paro nacional de Ctera se pudo establecer algunas líneas de avance, como la prórroga del incentivo docente por cinco años, la devolución del régimen jubilatorio docente, pero hubo picos de conflictividad en las provincias.

–¿En qué no se avanzó durante estos dos años?

–En las cuestiones de fondo no hubo modificaciones. Necesitamos un nuevo modelo de financiamiento educativo que permita salir de una crisis que es estructural, que tiene que ver con un modelo que se construyó a partir del Estado ausente, con un Ministerio de Educación sin docentes ni escuelas y que establece un mapa de desigualdades que hoy no tienen techo.

–¿Qué supone que va a cambiar después del paro?

–Ya hay una cosa que cambió: está instalada en la sociedad la necesidad imperiosa de terminar con un modelo del neoliberalismo que está llevando a la escuela pública prácticamente a su desaparición.

–¿Por qué cree que el actual gobierno no cambió ese modelo en los dos años que lleva de gestión?

–Muchos de los que gobiernan las provincias ejecutaron el modelo de los ’90. Cambiar estructuralmente implica asumir la disputa en el Gobierno para abrir mayores cauces de financiamiento y también la disputa política con muchos sectores que están anclados en una visión gatopardista.

–¿Cuáles son las expectativas en torno del proyecto de Ley de Financiamiento que está redactando el Ministerio de Educación?

–No lo conocemos y aparece de la noche a la mañana traccionado por la instalación del conflicto a nivel nacional. La inversión del Estado nacional para llegar a los seis puntos del PBI va a estar direccionada en dos sentidos: inversión por alumno y garantía de un salario unificado a nivel nacional. Otro punto imprescindible es garantizar la inviolabilidad de los recursos. La ley debe tener, además, una cláusula de garantía que permita el control de la asignación y la ejecución de los fondos.

–¿La Ctera acuerda con que la inversión educativa se lleve al 6 por ciento del PBI en cinco años, como establece el proyecto oficial?

–Ese debe ser el piso y no el techo. Lo razonable es que sea en tres años, porque plantear una gradualidad a cinco años es repetir el esquema de la Ley Federal de Educación, que está vigente y jamás se cumplió.

–¿Entonces qué garantías hay de que se cumpla lo que se apruebe?

–La garantía residirá en la capacidad de movilización de la comunidad educativa. Y otro tema importante es que la ley establezca el piso mínimo de inversión al que estén obligadas las provincias; por eso debería ser bajo la forma de una ley convenio.

–Más allá del formato con que se sancione la ley, ¿cuál es la capacidad de acción real que el gobierno nacional tiene para que se cumpla?

–En las actuales condiciones, la capacidad de definición de políticas educativas nacionales es nula. Como producto de la aplicación de la Ley Federal tenemos hoy 24 subsistemas educativos. Hay una balcanización absoluta y un Estado nacional que es una especie de coordinador del caos que no tiene ningún resorte político eficaz para intervenir.

–¿Es posible incrementar la inversión educativa mientras esté vigente la ley de responsabilidad fiscal, impuesta por los organismos de crédito internacional?

–La Ley de Financiamiento Educativo es la única llave para abrir el candado de esos condicionamientos.

–¿Y piensa que Economía querrá abrir ese candado?

–Ahí está la gran disputa política y se va a dar la prueba de la verdad porque podremos ver si muchas cosas que se plantean se transforman en políticas públicas. Desde ya que las declaraciones que se hacen desde Economía van mostrando que habrá una disputa fuerte.