Mientras continúan las negociaciones entre gremios y funcionarios para mejorar los salarios docentes, dirigentes y autoridades de la comunidad universitaria tienen los ojos enfocados, con esperanzas y también con críticas y resistencias, en el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que el Gobierno envió al Congreso. Aunque ya comenzó a encontrar reparos en el Senado, de aprobarse la ley el presupuesto de la educación se elevará al 6 por ciento del Producto Bruto Interno en 2010. Por supuesto, ninguno de los actores de la universidad consultados por este diario se opuso a tal incremento. Pero diversos sectores cuestionan la dilación de las mejoras contempladas por la norma, su aporte a la educación privada y “su carácter atentatorio contra los derechos de los docentes”, entre otros aspectos.
Ayer, desde Jujuy, el ministro de Educación, Daniel Filmus, defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo de destinar mayores recursos a la educación: “Las provincias sostienen actualmente la educación en un 80 por ciento y lo que plantea la ley es que se aumente el porcentaje de recursos para un mayor esfuerzo de la Nación”. Las declaraciones del ministro buscaban, también, responder a los peros que, por lo bajo y a través de los senadores, han comenzado a pronunciar algunos gobernadores, que temen que la ley implique una merma en la coparticipación o, al menos, en la forma en que podrán distribuir esos fondos, cuyo destino estará predeterminado por la norma. Como la inversión educativa actual ronda los 4 puntos del PBI, el aumento en el próximo lustro sería de unos 9 mil millones de pesos.
En la universidad hubo una primera inquietud cuando el proyecto de ley que llegó al Congreso el mes pasado difería del borrador inicial: la mención a las universidades entre las beneficiarias del financiamiento había desaparecido. Los rectores, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se lo hicieron notar a Filmus y éste prometió enmendar la falta. “Acordamos con el proyecto de ley. Pero el CIN sugirió incorporar un artículo para garantizar la proporcionalidad de lo que se invierte en educación básica, en ciencia y tecnología y en educación superior, para que todos los programas crezcan en la misma medida. El ministro se comprometió a incluirlo”, contó a Página/12 el titular del CIN, Eduardo Asueta.
Contador, Asueta advirtió una cuestión técnica pero clave, aún indefinida: ¿cuál será el presupuesto base sobre el que se calcularán los futuros aumentos? “Si se toma el presupuesto 2005, quedarían afuera los incrementos salariales ya acordados, entonces no habría un aumento presupuestario real”, explicó. Según su cálculo, basado en las proyecciones del Ministerio de Economía, si la base son los 2400 millones presupuestados este año para las universidades, se llegaría a 2010 con 7969 millones. En cambio, si se parte de los 3300 millones implicados por las recientes mejoras salariales, dentro de cinco años el monto sumaría 10.688 millones. No es lo mismo.
“La Ley Federal de Educación también comprometía mayor inversión y nunca se cumplió”, recordó Marcos Duarte (Franja Morada), vicepresidente de la Federación Universitaria Argentina y alumno de la UNC. “En el actual contexto de desfinanciamiento, la universidad necesita un shock presupuestario, como mínimo, para empezar a discutir la inversión a largo plazo –agregó–. Pero el problema de fondo son las leyes de educación del menemismo. El Estado debe recuperar la jurisdicción nacional sobre el sistema educativo.” Para Pedro Sanllorenti, secretario adjunto de Conadu, la Ley de Financiamiento Educativo sería, justamente, “una de las pocas políticas nacionales que tiende a desandar el camino neoliberal de fragmentación”. Si bien declaró el apoyo de la federación al proyecto de ley, el dirigente docente consideró que “el paso del 4 al 6 por ciento del PBI debería darse en tres años, para 2008 y no para 2010”.
Las posiciones más críticas provienen de la izquierda. “Con el superávit fiscal actual, ¿por qué esperar cinco años? El Estado tiene capacidad financiera para solucionar los problemas hoy –dijo el estudiante Agustín Vanella (MST), copresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires–. Además, la ley no estipula que el financiamiento se vaya a destinar a la educación pública. Plantea la continuidad del statu quo, con aportes que irían a la escuela privada, cuando se podría plantear un aumento gradual específicamente para la educación pública.” También varios gremios de docentes y profesores denunciaron “el carácter mercantilista y atentatorio contra los derechos de los docentes” de la norma proyectada. Por caso, la Asociación Gremial Docente (UBA) consideró que la propuesta “está al servicio de vincular la escuela con la empresa, y a la educación con la productividad”, porque, entre otras cosas, prevé la realización de pasantías (“mano de obra barata”, acusa el gremio), cambios para la carrera y el estatuto docente, y la sujeción del financiamiento a la obtención de resultados (“las jurisdicciones que acepten las metas privatistas serán financiadas, las que no lo acepten desaparecerán”).