Hay una buena y una mala noticia. La buena es que el Gobierno decidió elevar en 160 millones de pesos los recursos destinados a las universidades nacionales. La mala es que para conseguir esos recursos se recortarán, entre otras partidas, en un 8,4 por ciento (10 millones de pesos) los fondos destinados a la compra de medicamentos del programa nacional de lucha contra el sida, dependiente del Ministerio de Salud. “No nos gusta que nos toquen el presupuesto de Salud, pero tenemos stock de remedios para personas con VIH y no habrá problemas con las entregas”, dijo a Página/12 un colaborador del ministro Ginés González García. El funcionario admitió, además, que el ministerio se enteró de la decisión de la Rosada un día antes. También se achicarán en 100 millones de pesos (18%) las transferencias a provincias dentro del programa de construcción de viviendas populares, a cargo del Ministerio de Planificación Federal.

El miércoles último se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 76/2005, que modifica la distribución de gastos en el Presupuesto 2005. Tales resoluciones son una potestad del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el marco de las famosas facultades delegadas por el Congreso de la Nación.

La mencionada Decisión Administrativa podría decirse que está guiada por filosofía de desvestir a un santo para vestir a otro. O, si se prefiere, consagra la idea de que para conseguir recursos para la educación no hay otra alternativa que arrancarlos a la salud pública y a la construcción de viviendas. Por su puesto, tal opción luce, por lo menos, sospechosa si se tiene en cuenta que el superávit fiscal (recaudación menos gastos) sigue batiendo records.

El alerta lo dio la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que nuclea a los máximos expertos del país en finanzas públicas. La entidad creó un “observatorio fiscal” para monitorear y transparentar todas las decisiones sobre el presupuesto público adoptadas por el gobierno.

Página/12 accedió a las planillas anexas de la DA 76/2005 y pudo corroborar la información. Los puntos más importantes son los siguientes:

- Aumentan en 160 millones de pesos los recursos del Ministerio de Educación, fondos que íntegramente se destinarán a las universidades nacionales para financiar el aumento salarial no remunerativo para el personal docente y no docente.

- En promedio, la suba en el gasto autorizada para las universidades es del 7 por ciento, pero hay contrastes importantes según la casa de estudios. Por ejemplo, la Universidad del Noroeste no recibe aumento alguno y la suba para la Universidad de Tres de Febrero asciende al 1 por ciento. En cambio, el presupuesto de la Universidad de La Rioja crece un 20 por ciento. Es difícil desvincular semejante salto de los cuantiosos beneficios que recibió en los últimos meses de la Casa Rosada el gobernador Angel Maza, quien transitó así un veloz camino del menemismo al kirchnerismo.

- Del lado de los recortes, la poda más llamativa es la que sufrirá el “programa de lucha contra el sida”; los fondos destinados a la compra de “productos farmacéuticos y medicinales” disminuyen en 10 millones de pesos, lo que representa más del 8 por ciento de los recursos previsto para tal programa.

- También resignó partidas el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Más precisamente se redujo en 100 millones de pesos el programa que financia la construcción de viviendas populares en las provincias. Tal ajuste representa una caída del 18 por ciento en el presupuesto de este año para tal fin.

En el Ministerio de Salud admiten que la decisión de Jefatura de Gabinete los tomó desprevenidos. Pero dicen que no es significativa en un presupuesto total del ministerio, de 1200 millones de pesos.

–¿No podrían haber recortado en gastos administrativos? –preguntó Página/12 a un funcionario del ministro González García.

–No se pudo. Siempre es más fácil y rápido recortar de un solo programa. Pero, además, si después necesito dinero para pagar sueldos, lo voy a tener que sacar de algún programa –respondió.

En el Ministerio de Salud aseguran que, aún después del tijeretazo manipulado por la Jefatura de Gabinete, “la entrega de drogas para pacientes con VIH no corre peligro. Estamos bien de stock con estos medicamentos, e incluso le prestamos 2 millones de dólares en medicación a Brasil, que nos tienen que devolver en junio”, explicó el funcionario.

Consultados por este diario, en la Fundación Huésped –una de las principales ONG de lucha contra el sida en el país– no piensan lo mismo. Primero se mostraron sorprendidos por una decisión que no les fue consultada. Además sostienen que el stock de medicamentos siempre es relativo y que el Estado no está proveyendo a los pacientes las drogas más modernas que existen contra el mal. “Somos un ministerio que con fondos públicos atiende diversas patologías. No podemos comprar la última droga lanzada al mercado”, se defienden en Salud. Sea como fuere, en la Fundación anticiparon que no aceptarán mansamente la medida oficial.