Cada vez más apoyada en las nuevas tecnologías de la información y las redes de comunicación, la educación a distancia abarca diversas modalidades, todas caracterizadas por el reemplazo de la presencialidad por una relación de aprendizaje mediada, aunque en casi todos los casos los exámenes son presenciales.
“En diez años, la oferta a distancia de las carreras de grado, posgrado y pregrado creció en forma exponencial”, explicó a Página/12 Francisco Martín, a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. De hecho, los primeros datos de un relevamiento que está procesando esa dirección señalan que, de las cien universidades públicas y privadas del país, hoy son 44 las que ofrecen cursos a distancia, “en distintos niveles, con más o menos desarrollo”. Aunque ha crecido el número de universidades privadas que dan clases no presenciales, la oferta pública sigue siendo mayoritaria: el 57 por ciento de las instituciones oferentes son estatales. Y el 43, privadas. Cabe aclarar que el predominio estatal no implica gratuidad: en la mayoría de los casos, el estudiante debe hacerse cargo de los costos implicados. Aunque varía según la institución y el curso elegidos, la cuota puede rondar los 800 pesos anuales.
La nueva información oficial concluye que en el país se dictan 290 carreras superiores a distancia, 96 veces más que en 1994. El 63 por ciento de esas carreras, posgrados y tecnicaturas es dictado por universidades nacionales, mientras que el 37 por ciento proviene de casas de estudios privadas. Datos del año 2000 permiten observar que ha ido aumentando la participación de estas últimas instituciones: en ese momento, las universidades públicas todavía concentraban el 70 por ciento de la oferta a distancia.
“Antes se pensaba que educación a distancia era sólo enviar materiales pedagógicos para que el estudiante los memorizara en forma individual. Con los avances en metodología de la enseñanza, está claro que no es tan sencillo. Ahora se hace énfasis en el trabajo en grupos y en una fuerte intervención del profesor”, dijo Horacio Santángelo, responsable del área de educación a distancia de la Secretaría de Políticas Universitarias. La reglamentación que está empezando a aplicar la cartera educativa pretende actualizar esa concepción mediante diversos componentes y requisitos mínimos que deben poseer todos proyectos de educación no presencial. Uno, central, es la obligación de explicitar el modelo pedagógico que sustenta el proyecto, así como el detalle de las sedes distantes que posee la universidad. “No se pueden abrir kiosquitos en cualquier lado y de cualquier manera. Las sedes deben tener un responsable local y el equipamiento adecuado para tomar exámenes y realizar actividades académicas”, señaló Santángelo.
Otros requisitos se refieren a los materiales (“el objetivo es avanzar del viejo soporte papel a los formatos basados en tecnología multimedia”) y la evaluación (“la universidad debe garantizar la autenticidad y confiabilidad de los exámenes, y la identidad de los alumnos”). “Las mayores innovaciones tienen que ver con que se va a exigir que las instituciones tengan suficiente capacidad tecnológica y una plataforma informática desarrollada que permita la interactividad entre profesores y alumnos, y también entre los alumnos.”
En demasiados casos la expansión de la educación a distancia fue alentada más por el lucro disimulado (o no tanto) que por el interés académico o la pretensión de superar las limitaciones geográficas. “Por eso, ahora vamos a requerir que, antes de abrir una nueva oferta, las instituciones presenten un estudio previo de demanda educativa, para que los proyectos respondan al interés de la población y no al negocio”, comentó el funcionario. El Estado otorgará permisos por períodos de seis años y, se supone, realizará inspecciones periódicas.
