Por Javier Lorca
El cogobierno de la Universidad de Buenos Aires cerró ayer el año discutiendo dos temas conflictivos, atravesados por intereses legítimos y por aspiraciones enfocadas en la elección del futuro rector, en 2006. El tema 1 fue la cesión de una parte –y la reubicación general– del campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires, asentado en Puerto Madero. Con la presencia de decenas de alumnos que se oponen a la medida, el Consejo Superior resolvió postergar hasta marzo la decisión y proseguir el debate en febrero. El tema 2 desembocó en la admisión –del consejo y del propio rectorado– de que hubo un manejo irregular de fondos entre 2002 y 2004. De hecho, el rector Guillermo Jaim Etcheverry abrió una instrucción sumaria (ver aparte).
“No a la venta del campo”, decía la cartulina que portaba un alumno del Buenos Aires. Desde las 9, los estudiantes empezaron a reunirse sobre Viamonte al 400. Una hora después pudieron entrar en la sala del Consejo Superior para rechazar un convenio alcanzado por el rector con la Corporación Puerto Madero y la Armada, un intento de solucionar un largo conflicto. En 1989, un decreto de Carlos Menem le entregó a dicha corporación la propiedad del campo deportivo que, gracias a una ley, la UBA poseía desde 1915. Ubicado en el Dique 4, el predio nunca había sido escriturado a nombre de la UBA. Cuando la corporación quiso construir un complejo edilicio, en 1998, la UBA hizo una denuncia judicial y logró una medida cautelar. Pero la cuestión de fondo no se resolvió.
“Antes de asumir esta gestión, las partes iniciaron negociaciones para encontrar una solución –explicó Jaim–. El interés principal es que el colegio conserve el campo de deportes.” Ad referéndum del Consejo Superior, el rector acordó ceder la mitad del campo. De la venta de esa parte (en un monto a tasar), un 70 por ciento del ingreso sería para la UBA. Además, la universidad recibiría terrenos lindantes hoy en poder de la Armada y de la corporación. El propósito es –dijo el rector– “diseñar un campo de deportes más racional”, zanjar la cuestión judicial y conseguir recursos para: mejorar las instalaciones del campo, reciclar el edificio del colegio, crear un fondo de infraestructura para toda la UBA. Con el trueque, el campo deportivo pasaría de los actuales 20 mil metros cuadrados a tener unos 26 mil. La corporación conseguiría terrenos más valiosos donde construir y se comprometería a erigir para la Armada un Centro de Hidrografía en Costanera Sur.
“No se ha consultado a los principales interesados, los alumnos y ex alumnos”, objetó el centro estudiantil del Buenos Aires. Y advirtió que el convenio habilitaría la elevación de edificios, generando contaminación visual e incierto impacto ambiental. Las críticas de los alumnos y también de los consejeros apuntaron a que el acuerdo firmado el pasado martes 13 implicaba la necesidad de ratificarlo –vía aprobación del consejo– en 30 días: como era la última sesión del consejo, era ayer o nunca. “En virtud de la claridad, tomémonos el tiempo necesario para buscar la mejor solución”, planteó el graduado Edgardo Decaminada. Casi todos los consejeros que hablaron –y casi todos lo hicieron– repitieron el argumento, así como una positiva valoración preliminar del acuerdo. Tras unos cuantos dichos redundantes, y no menos rencillas internas, se aprobó discutir el tema en comisión desde el 11 de febrero, para tomar una decisión a mediados de marzo. Siempre que el rector consiga la prórroga de 90 días que se le encomendó solicitar a la corporación y a la Armada.
 
Manejo irregular
El Consejo Superior de la UBA aprobó la investigación interna que halló irregularidades en el manejo de recursos propios del rectorado y ahorros por aportes patronales no realizados (en acuerdo con la AFIP), que sumarían de 120 a 180 millones de pesos. Aunque los egresos fueron contabilizados y gastados en la UBA, su uso no fue autorizado por el consejo y difirió del asignado por las partidas presupuestarias (posible malversación). Ayer, los consejeros apuntaron como posibles responsables al ex secretario de Hacienda y al ex contador general. El descargo del rector limita la virtual irregularidad a 15 millones y explicó que inició un sumario para deslinda responsabilidades.