Por Javier Lorca
Por ahora, el campo deportivo del Colegio Nacional de Buenos Aires no se vende. Después de las protestas estudiantiles, el gobierno de la Universidad de Buenos Aires decidió ayer postergar por al menos 150 días el proyecto de vender parte del predio ubicado en Puerto Madero. “La decisión debería ser tomada por amplio consenso, por eso propongo seguir analizando y debatiendo el tema”, dijo el rector Guillermo Jaim Etcheverry, quien en diciembre había presentado la propuesta de realizar un convenio y una operación comercial con la Corporación Puerto Madero y la Armada para solucionar un largo conflicto legal y reubicar el casi centenario campo de deportes. La discusión se vio cruzada por el proceso electoral que vive la UBA (ver aparte): en un mes se elegirá al rector para el período 2006-2010.
 
“Se siente, se siente, el campo no se vende”, cantaban los alumnos del colegio en la sala del Consejo Superior de la UBA. De brazos cruzados, consejeros y decanos esperaban que se hiciera silencio para debatir una cuestión que ya estaba definida de antemano: el martes el rector había enviado una circular anunciando su decisión de pedir una prórroga para evitar mayores conflictos, decisión aprobada por la amplia mayoría del cuerpo.
 
El problema con el campo del Buenos Aires no es nuevo, y cada tanto reaparece. Empezó en 1989, cuando un decreto del recién asumido Carlos Menem entregó a la Corporación Puerto Madero la propiedad de un predio que la UBA poseía desde 1915, ley mediante. Emplazado en el Dique 4 del puerto, el predio nunca había sido escriturado por la universidad y la corporación aprovechó la omisión para, en 1998, intentar la construcción de un complejo edilicio. La UBA se presentó ante la Judicial, logró una medida cautelar y el pleito sigue abierto.
 
En ese contexto, Jaim Etcheverry propuso un acuerdo: vender la mitad del terreno (con la recaudación se crearía un fondo de infraestructura), recibir terrenos lindantes y rediseñar el predio, que pasaría de los actuales 20 mil metros cuadrados a tener unos 26 mil.
 
Pero la oposición de los alumnos fue rotunda. “Nosotros hacemos deportes ahí y no queremos que se venda. La educación y el patrimonio de la universidad no se negocian”, dijo la presidenta del centro estudiantil del colegio. Además de señalar que “el convenio no era el más adecuado para los intereses de la UBA”, el consejero alumno Agustín Vanella (MST) reclamó “no avanzar en la política de generar recursos propios para permitir que el Estado se desentienda de su responsabilidad de financiar la universidad pública”. “Estamos en desacuerdo con la prórroga –agregó el consejero Pablo Jolodenko (Evet)–. Directamente, queremos que se decida no vender el campo. El presupuesto no puede ser sustituido por negocios inmobiliarios.”
 
Ningún orador defendió ayer la propuesta de venta. Aunque quedó claro que la oposición al proyecto en particular no implica un rechazo general a la idea. “Una decisión de esta envergadura requiere un consenso informado de la comunidad –opinó el decano de Ciencias Sociales, Federico Schuster–. Antes de los 150 días deberíamos garantizar la existencia de reuniones abiertas de discusión, en el Nacional de Buenos Aires, para que se puedan analizar todos los puntos. Si no, vamos a llegar a un nivel de confrontación malo para la universidad.”
 
Antes de encarrilarse hacia una disputa por las necesidades financieras de la UBA, la discusión incluyó respuestas a los planteos estudiantiles. “No podemos sostener una postura de no vender nada del patrimonio”, dijo el profesor Ernesto Podestá, y puso como ejemplo un equipo de laboratorio que se vuelve obsoleto. Luego, sí, se produjo el desvío, cuando el profesor Juan Azcoaga recordó que fue el claustro docente el que promovió una resolución tan vigente aun como desatendida: “Votamos que, si para el 1º de marzo de 2006 no se incrementaba en forma adecuada el presupuesto, no se iniciarán las clases”.
 
EL 4 DE ABRIL SE ELEGIRA AL PROXIMO RECTOR
La asamblea de la UBA ya tiene fecha
  
Por J. L.
Con una discusión que dibujó los bordes del mapa político que hoy divide a la UBA, ayer también se aprobó la fecha que definirá el futuro de la institución: el 4 de abril será el día en que una asamblea universitaria integrada por 236 profesores, alumnos y graduados elegirá al rector para los próximos cuatro años.
 
Para fijar la fecha, el Consejo Superior debió optar entre dos propuestas. Una, apoyada por consejeros vinculados con el radicalismo universitario y aliados, buscaba que la asamblea se reúna el 28 de marzo y que, una semana antes, el 21, sean elegidos los nuevos consejeros de claustros. La otra postura, sostenida por un grupo algo heterogéneo, sectores progresistas y otros más de centro, impulsaba la fecha que resultó aprobada, con las elecciones de claustros el 31 de marzo.
 
En superficie, para argumentar por la segunda fecha, se recordó que la semana del 24 se prodigarán actos –con amplia participación de la UBA– por el 30º aniversario del golpe de Estado. “Justamente, el mejor homenaje sería ejercer la democracia esa misma semana”, se retrucó. Lo único que pudo percibirse como fondo fue que la ligera postergación les dará más posibilidades de participar a los representantes docentes de la Facultad de Agronomía, que esperan una resolución judicial para ser elegidos y poder integrar la asamblea. Agronomía, claro está, no es parte del bloque radical y su decano, Fernando Vilella, se postula al rectorado. También son candidatos, por ahora, los decanos Atilio Alterini, Alberto Boveris, Pablo Jacovkis, el profesor Aníbal Franco. Y el propio Guillermo Jaim Etcheverry aspira a la reelección.
 
Otro debate versó sobre cómo deberá sesionar la asamblea, que, igual, puede ignorar lo sugerido. ¿Qué se aprobó? Los candidatos a rector tendrán 30 minutos para, antes de la votación, exponer sus planes para la UBA. No se aprobó, en cambio, una idea promovida por el rector y otros consejeros para evitar presiones de último momento: que los asambleístas voten en forma secreta y, sólo después del resultado final, se publicite el sufragio de cada quien. Muchos consejeros entendieron que el procedimiento iría contra el espíritu asambleario.