La investigación de la Fundación Huésped (con participación de la Consultora Equis) se efectuó sobre poblaciones de bajos recursos en los municipios de La Matanza, Lanús y San Fernando, que a su vez serán destinatarias de programas preventivos de esa entidad; la muestra total fue de 1200 personas; aproximadamente la mitad eran mujeres y el 32 por ciento de ellas estaba embarazada o lo había estado en los últimos dos años. “Poco más de un tercio de las embarazadas no se efectuaron el test de HIV durante el embarazo”, según el estudio; “el porcentaje de embarazadas no testeadas llega al 38 por ciento entre las de 25 a 34 años”.
Esto se agrava porque, entre las que llegaron a hacerse el test, “la prueba se hizo, en promedio, entre el quinto y el sexto mes”, pese a que se recomienda hacerlo durante el primer trimestre. A la mujer que se hace el test a tiempo y le da positivo, además de sugerirle el tratamiento para ella misma, se le indican medicamentos que reducen el riesgo de transmisión vertical en más del 95 por ciento. Sin este tratamiento, el riesgo de infección perinatal llega al 40 por ciento.
Así las cosas, “pese a que, a nivel nacional, se ha dispuesto ofrecer a todas las embarazadas el análisis de VIH, en los sectores de menores recursos no está cubierta toda la población, y a la que está cubierta se está llegando tarde”, advirtió Mariana Vázquez, coordinadora del área preventiva de la Fundación Huésped. Según la especialista, “una importante causa de demora es que, en muchos municipios, la mujer debe viajar hasta el hospital para hacerse el análisis, traslado que a menudo supera sus posibilidades económicas: sería muy fácil, sin embargo, hacer la extracción de sangre en el centro de atención barrial y desde allí enviarla a analizar al hospital”.
Además, “muchas veces los médicos, cuando piden el análisis, no le explican a la embarazada qué es y para qué se hace, con lo cual se pierde una oportunidad privilegiada para informarla, para darle a la mujer recursos para que ella gestione mejor la salud”, señaló Vázquez. El hecho es que “de toda la población que encuestamos, sólo el tres por ciento sabía que el VIH se trasmite de madre a hijo”, observó la investigadora de Fundación Huésped. Este dato es consistente con los que, a nivel nacional, obtuvo el equipo dirigido por Ana Lía Kornblit –de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA– en su informe para el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida. De los 4000 encuestados de 15 a 54 años de edad –que conformaban una muestra representativa de distintos sectores sociales en todo el país–, sólo el siete por ciento sabía que existe la trasmisión madre-hijo; esta proporción caía al cuatro por ciento en los que tenían educación primaria incompleta, subía sólo al seis por ciento en “secundaria completa” y apenas al 12 por ciento en “terciaria y universitaria completa”.
A nivel nacional, al 34 por ciento de las mujeres los médicos no les ofrecieron hacerse la prueba de VIH durante las visitas de control del embarazo. Y aquí se plantea una diferencia social: al 77 por ciento de las embarazadas de nivel socioeconómico “alto” les fue ofrecida la posibilidad del test; para las de los niveles socioeconómicos “bajo” y “medio”, este ofrecimiento llegó sólo al 65 y 66 por ciento de las embarazadas.
Es que –como suele suceder tratándose del VIH/sida– estos estudios de población permiten discernir en sintonía fina desigualdades sociales, en este caso las referidas a la atención médica. El 46 por ciento de las mujeres de clase alta recibió información sobre VIH durante los controles del embarazo, número bajo en sí mismo pero que supera bastante al de mujeres de clase media y baja adecuadamente informadas por los doctores: entre 28 y 35 por ciento.
El 94 por ciento de las mujeres de nivel socioeconómico “alto” efectuó siete o más controles médicos durante el embarazo, contra 78 y 74 en los niveles “medio” y “bajo”. Pero aquí intervienen también otros factores. La proporción que efectuó esa cantidad de controles cae al 44 por ciento para las chicas de 15 a 19 años. Y se advierte, en éste como en otros campos, la fuerte incidencia de la escolaridad: el 89 por ciento de las mujeres con instrucción universitaria o terciaria completa llegó a los siete controles, contra el 73 por ciento de las que hicieron primaria completa y sólo el 47 por ciento en el nivel “sin instrucción-primaria incompleta”.
Estos datos, registrados por Kornblit a nivel nacional, corroboran la fórmula que discierne el estudio de Fundación Huésped en el conurbano: “Existe un corte entre quienes no han finalizado el nivel primario de escolaridad y quienes sí lo han hecho. Entre los primeros, la asunción de pautas de cuidado de la salud sexual y reproductiva es menor”. También la investigación de la UBA muestra que “en especial las personas que han alcanzado los niveles de instrucción más bajos están más expuestas a la trasmisión del VIH”.
En la encuesta nacional, el 58 por ciento de las personas con primaria incompleta no había usado preservativo en su última relación sexual con “pareja ocasional”, contra el 31 por ciento en las personas con primaria completa y un 25 por ciento en los graduados universitarios. Además, el grado de acceso al sistema de salud –incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva– es menor para los que tienen menos instrucción: carece de cobertura de salud el 75 de las personas con primaria incompleta; el 53 por ciento de los que terminaron la primaria; el 38 por ciento de los que completaron el secundario y el 16 por ciento de los que terminaron la universidad o el terciario.
