El grueso de la Universidad Nacional de La Plata cerró filas en contra de la Facultad de Ciencias Médicas y su política de ingreso restringido. “Sólo una carrera de las 140 que se dictan en la universidad sigue en esta posición de tener ingreso eliminatorio”, señaló ayer el presidente de la UNLP, Gustavo Azpiazu, acompañado por los decanos de catorce unidades académicas y dirigentes gremiales de los docentes, estudiantes y no docentes. Ante la presentación judicial realizada por Medicina –que logró permiso cautelar para sostener el examen de admisión–, el gobierno de la universidad elevó su defensa a la Cámara Federal de Apelaciones. Allí denunció que el sistema de acceso vigente en Medicina oculta un régimen de cupos, prohibido por el estatuto de la universidad.
Mediante la creación de un régimen general de ingreso no eliminatorio para toda la institución, el Consejo Superior de la UNLP intentó, en marzo pasado, terminar con el recurrente bochazo masivo de aspirantes a estudiar Medicina. Pero esa facultad consideró que la ordenanza vulneraba su autonomía y, además, iba en detrimento de la calidad de la formación. Por eso recurrió a la Justicia el decano Miguel Salvioli, que cosechó apoyos diversos, entre ellos el del ministro de Salud, Ginés González García.
Hasta ahora, la UNLP no había respondido. Lo hizo ayer. Azpiazu presidió un acto apoyado por decanos de 14 de las 16 unidades académicas de la casa, además de representantes de la comunidad universitaria. “El espíritu de la ordenanza tiene una dimensión social”, dijo sobre el nuevo régimen, cuya finalidad es “que los alumnos no sean excluidos de la universidad y queden a merced de las academias privadas, si son reprobados en una prueba eliminatoria. Buscamos que todos los alumnos queden contenidos en la estructura universitaria, para que la universidad les provea los conocimientos que ella exige para el ingreso en las carreras”.
La respuesta a las impugnaciones de Medicina presentada por la UNLP ante la Justicia comienza negando que la facultad tenga legitimidad activa para demandar a la universidad, ya que es parte integrante de ella y sólo la última tiene personería jurídica. También objeta que, antes de recurrir a la instancia judicial, Medicina debió agotar la vía administrativa y cuestionar la resolución dentro de la propia universidad.
Sin perjuicio de esas objeciones, la defensa se dirige luego al tema de fondo. “La polémica desatada con relación al examen de admisibilidad en la Facultad de Ciencias Médicas tuvo un efecto muy importante: desnudar su verdadera razón de ser, dejar en claro que no se trata de un test de conocimientos mínimos indispensables para abordar los contenidos del primer año de la carrera, sino de un sistema de cupo para ingresantes o limitación numérica a priori. Las autoridades de esa casa de estudios ya no lo disimulan, sino que lo pregonan.”
El escrito preparado por la asesoría letrada de la UNLP detalla que, vigente desde 1992, el examen de ingreso ha recibido un máximo de 1672 inscriptos y un mínimo de 1005, con porcentajes de admisión de entre un 51 y un 28,6. El ingreso más grande fue de 632 alumnos y se registró en 1998. El más bajo fue de 346, en 2002. “Cuando las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas afirman que el curso de admisibilidad vigente ‘no impone, de manera alguna, ningún tipo de limitación numérica’ se alejan de la verdad. Es claro que las resoluciones formales del consejo académico callan y ocultan esa calidad, pero al correr el velo de las palabras y dejar al descubierto la realidad, la existencia a priori de una cantidad limitada de vacantes se hace evidente.” Entonces, el sistema de ingreso propiciado por la facultad constituiría un “desvío de poder dirigido a violar el precepto estatutario que indica que en el caso de los estudios de pregrado, no se pondrá limitación numérica”.
Un punto interesante que discute la universidad es la supuesta merma de la calidad que implicaría liberar el acceso. “La gente no es tonta y sabe que esto (el ingreso irrestricto) dentro de unos años lo va a padecer la sociedad”, había declarado el decano de Medicina, aludiendo a la imposibilidad material (por falta de pacientes, camas e instalaciones hospitalarias) de atender la total demanda estudiantil. Para la UNLP, el argumento es “tan impactante como insincero. Que se igualen oportunidades... no significa que se garantice la graduación a quienes no alcancen los conocimientos previstos en la respectiva currícula. Cualquiera sea su número, los alumnos deberán aprobar las respectivas materias con el nivel de exigencia que las autoridades y los docentes establezcan”. Lo que sí busca el acceso irrestricto es privilegiar “la igualdad de oportunidades en la instancia inicial de la carrera facilitando que todos se ubiquen en la línea de largada para tener la oportunidad de competir”.
