Ahora, seis secretarios de la facultad acusan al decano de orientar su gestión hacia “una confrontación permanente con el consejo directivo y con la estructura administrativa” de la unidad académica, de desconocer “sistemáticamente las resoluciones del consejo directivo (máximo órgano de gobierno de la facultad)”, de poner “en marcha una política clientelar nombrando a gente de su entorno sin las correspondientes partidas presupuestarias”, entre otras cosas. De hecho, como informó este diario, las mismas acusaciones fueron presentadas ante la Justicia, resumidas como malversación de fondos y defraudación. Con esos cargos, los secretarios le solicitaron al consejo directivo la remoción del decano y, además, pusieron sus renuncias a disposición de ese órgano colegiado.
“Al haber delitos penales de por medio, ya no hay mucho margen para la negociación”, estimó Juan Manuel Di Teodoro, uno de los denunciantes. Según el secretario legal y técnico, “hubo un intento de conciliar” antes de ir nuevamente al conflicto. “El consejo directivo le pidió que depusiera su actitud, él dijo que aceptaba dialogar, pero la semana pasada no vino cuando lo esperábamos. La gota que colmó el vaso fue que se pagara un viaje con un autosubsidio.”
En diálogo con Página/12, el decano Cernuschi Frías consideró que la avanzada en su contra “es otro intento desesperado para impedir la normalización y democratización del claustro de profesores. Durante la gestión de Raffo (Carlos, anterior decano y actual secretario de investigación), no se concursaron 250 cargos y sólo se concursaba cuando estaban de por medio los amigos. De ese modo controlaban el padrón de profesores. Por eso no aceptan la nueva política de concursos que está desarrollando el rector Guillermo Jaim Etcheverry. Yo no quiero acomodar a nadie: que en los concursos ganen los mejores y el año que viene ellos podrán elegir a las nuevas autoridades”.
Respecto de las acusaciones puntuales, dijo que, como los secretarios “pretendían inmovilizar a la facultad”, se vio obligado a designar subsecretarios y otros funcionarios. El coordinador del decanato, Armando Pérez, explicó también que “todos los gastos y las designaciones de personal fueron aprobados por la universidad”. Para Cernuschi, el conflicto forma parte de “una estrategia bastante equivocada del radicalismo para intentar minar el poder del rector y recuperar el control de la UBA”. Y agregó: “Esta gente es una desgracia para la UBA y para cualquier universidad del mundo. Con su politiquería barata van a matar a la universidad. La única alternativa es la democracia”.
El proceso de remoción del decano ya está abierto. Ayer, la comisión de interpretación y reglamento del consejo directivo analizaba las acusaciones. Una vez producido su despacho, se convocará a una sesión extraordinaria del consejo, posiblemente para este viernes. Ahí todo indica que se notificará al decano para que, en diez días, haga su descargo. Como la mayoría del consejo directivo se opone a Cernuschi, sólo la defección de algún consejero (se precisan 11 votos para echar a un decano), algún impensado acuerdo o la intervención de las autoridades de la UBA podrán evitar la segunda destitución de un decano en los 183 años de historia de la UBA, casualmente el mismo que estrenó esa exclusiva lista hace apenas algunos meses.
Despedido y repuesto
El primer intento de echar al decano de Ingeniería data de octubre de 2003. Fue fallido: a último momento, a los opositores les faltó un voto para llegar a los dos tercios del consejo directivo necesarios para aprobar la separación. El segundo intento fue aprobado en marzo de este año. Pero el problema se trasladó al Consejo Superior de la UBA, que debe refrendar las resoluciones de las facultades. Tras un denso debate que duró tres meses, el Consejo Superior declaró “la nulidad absoluta e insanable” del proceso de separación de Cernuschi Frías y, el 23 de junio pasado, por 16 votos contra 12, resolvió reponer en su cargo al decano de Ingeniería, cuyo mandato vence a principios de 2006. Ahora, mientras avanza el trámite de remoción, el Rectorado de la UBA ha convocado a las partes “para ver si hay alguna salida de consenso”.
