Participaron docentes, estudiantes, trabajadores y también autoridades, entre ellas el rector Jorge González que, pese a coincidir con las exigencias, rechazó la pérdida de días de clase.
En sus primeras tres jornadas, la huelga de los profesores tuvo un acatamiento del 80 por ciento, según los cálculos gremiales. Fue importante en numerosas facultades y escuelas medias de las universidades de Córdoba, Cuyo, Litoral, Salta, Río Cuarto, Sur, Misiones, Patagonia Austral y se cumplió parcialmente en otras casas de estudios. No sólo hubo huelga en San Luis, sino que los alumnos mantenían ocupadas hasta ayer las instalaciones de la universidad, en solidaridad con el pedido de aumento salarial de los docentes.
En la UBA, las clases resultaron afectadas en Filosofía y Letras y en Ciencias Sociales, en especial en el turno noche. Justamente, los consejos directivos de esas facultades comunicaron su apoyo a los reclamos docentes porque –de acuerdo con la declaración de la primera facultad– “los nuevos incrementos, además de insuficientes, no son remunerativos, por lo que no aportan a las obras sociales ni al sistema previsional” y porque “en un inédito operativo mediático, el gobierno nacional decidió intempestivamente abandonar la vía de la negociación acordada con los trabajadores, informando cifras que no cuentan con el acuerdo de los gremios” y “al deformar el nomenclador docente, profundizan el conflicto”.
La medida de fuerza convocada por Conadu Histórica seguirá al menos hasta el próximo viernes. Y en un congreso, la Conadu resolverá si toma medidas la semana que viene. Hoy habrá clases públicas en Plaza Houssay y, a las 18, un acto en Córdoba y Junín, con estudiantes y docentes. Una movilización en todo el país está prevista para el jueves 25.
En ese contexto, las negociaciones con los gremios docentes quedaron en manos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a los rectores. Hubo una reunión el miércoles y habrá otra el lunes. Por el momento, el diálogo busca un acuerdo con cifras y plazos incluidos que, luego, los rectores intentarían consensuar con el Ministerio de Educación para lograr un nuevo aumento presupuestario. Los gremios docentes insistieron con la incorporación al básico de los adicionales “en negro” y pidieron un cronograma para llevar el cargo testigo a la media canasta familiar (hoy ronda los 460 pesos, frente a los 800 requeridos). A su vez, los rectores reconocieron la legitimidad del reclamo: “Entendemos que la situación salarial de los docentes tiene un atraso prolongado y que esto no los satisface. Pero los gremios tienen que ser conscientes de las dificultades para encontrar un esquema que nos permita hallar una solución”, dijo el rector de la UNL, Mario Barletta.