Para los 45 firmantes del escrito enviado al Presidente, la ley que modificó el artículo 55 del Código Penal “adopta una regulación que sustenta la determinación de la pena en la más absoluta discrecionalidad judicial”, según el texto. La Cámara de Diputados sancionó esta ley el 18 de agosto y modificó el artículo 55 del Código Penal al establecer un tope máximo de 50 años para la sumatoria de delitos.
“Ante la posibilidad de que se promulgue una ley que contraviene los principios constitucionales pedimos al señor Presidente que evite su promulgación”, expresaron los letrados. En particular, advirtieron que la norma sancionada “contradice” tres artículos de la Constitución Nacional, el 1, 18 y 75 y por ende la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. “Por otra parte, se generarán situaciones de gravedad para la vigencia de principios básicos, como lo son el de igualdad ante la ley y el de proporcionalidad de la sanción penal”, agregaron.
La jueza Larrandart afirmó que “las leyes penales no sirven para solucionar todos los conflictos” y destacó que “está comprobado científicamente que el aumento de las penas no baja el delito, por lo tanto suponer lo contrario es una consideración ingenua”. La magistrada relató que hace dos meses le expresaron a los legisladores el riesgo que implica “parches contra la inseguridad en lugar de diseñar una política de Estado al respecto”. Y definió la respuesta legislativa como “penalismo populista electoralista”. Larrandart indicó que la iniciativa de acudir al veto, como último recurso, surgió de las jornadas sobre inseguridad que se realizaron la semana pasada en facultades de Derecho de todo el país. “Es un llamado de atención para que paremos la mano, porque cuando en unos meses la inseguridad no haya bajado nos daremos cuenta que adoptaron el camino equivocado”, completó la jueza.
En su escrito, los letrados explicaron que resulta “por lo menos desacertado sancionar rápidamente normas de fondo y de forma que llevan a crear la ilusión en la población de que ello solucionaría el problema y, si luego fracasara, surgiría un deterioro institucional que repercutiría en todos los poderes del Estado, pues se incrementaría la disconformidad de la población con las instituciones, con el consiguiente deterioro del estado de derecho”. Apelando a la memoria, recordaron que el año pasado se sancionaron en el Congreso una serie de reformas tanto de la penalidad, como en el trámite procesal en relación a los secuestros extorsivos, y destacaron que “esto no influyó en la realidad”. Señalaron que “ahora nos encontramos en la discusión de soluciones más o menos equivalentes, y por lo tanto, de poca utilidad para modificar o influir en la solución de los conflictos”. Y por último apuntaron que “más allá del comprensible dolor e indignación por parte de las víctimas de algunos delitos, la política criminal no puede ser improvisada, ni dictada por circunstancias coyunturales o emotivas”.
Uno de los firmantes, que prefirió el anonimato, explicó a este diario que la elevación de las penas para los delitos graves también tiene efectos en los delitos menores. Agregó que también hay razones técnicas para rechazar la modificación del artículo 55 porque “desquicia el Código Penal al producir un desequilibrio en el resto de las disposiciones”. Y destacó que “el mismo (Juan Carlos) Blumberg ahora propone una reforma integral del Código, que sería lo correcto”.
