Mientras prosigue la polémica entre el gobierno de la UNLP y las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas –partidarias de la admisión restringida–, unos 1350 estudiantes comenzaron a rendir un examen de ingreso que, salvo una decisión contraria de la Justicia, no tendrá carácter eliminatorio. Ya el año pasado González García había criticado la formación masiva de médicos y, en especial, el libre ingreso reinante en la UBA. Al finalizar ayer, en Mar del Plata, una reunión del Consejo Federal de Salud, insistió: “La Argentina no necesita muchos médicos, necesita mejores médicos”. Y siguió: “Estoy absolutamente de acuerdo con la posición del claustro académico de la Facultad de Medicina... Si la Universidad de La Plata, con sus profesores, totalmente autónoma, dice que ellos pueden formar bien a una determinada cantidad de alumnos, es increíble que otros cuerpos le digan que no, que formen a todos los que cumplan con el 80 por ciento de asistencia en los cursos”. Para el ministro, no se trata de una “discusión académica, sino que es una discusión nacional vinculada a la calidad de los médicos”. Sin saber aún qué consecuencias tendrá, los aspirantes a cursar Medicina en La Plata rindieron ayer la primera parte del examen de ingreso: tuvieron que completar un multiple choice con quince preguntas sobre matemáticas y otras tantas sobre física. Hoy tendrán que responder sobre química y biología. Los resultados se conocerán la próxima semana. Antes del conflicto, para ingresar había que contestar correctamente 40 de las 60 preguntas, o superar el recuperatorio (se tomará del 18 al 19 de este mes). Según el reglamento aprobado el martes por el Consejo Superior de la UNLP, ningún sistema de ingreso puede ser eliminatorio. Así, Ciencias Médicas debería garantizarle a todo aspirante su condición de alumno y darle la oportunidad de comenzar a cursar contenidos curriculares. A eso se oponen el decano Miguel Salvioli y los profesores de Medicina, quienes defienden un cupo anual de 500 ingresantes. El jueves hicieron una presentación ante la Justicia Federal para impedir la entrada en vigor del nuevo régimen.