Por Adriana Meyer
El decano aparece puntual y abre las puertas de su luminoso despacho en la Facultad de Derecho de la UBA. Cuando el grabador todavía está apagado, y mientras pide café, Atilio Alterini comenta la actualidad universitaria. Pero se entusiasma cuando Página/12 aborda su iniciativa más reciente: el proyecto Mariano Moreno para un Nuevo Contrato Social. “Tenemos que volver a pensar el país, en forma transversal, con sociólogos y filósofos. Los próximos 200 años de la Revolución de Mayo son una oportunidad para empezar de nuevo sobre otras bases”, explica. Destaca que sea la universidad pública la que impulse el proyecto, y aclara que, a diferencia del Plan Fénix en lo económico, piensan darle un “sesgo totalizador”.
“Hay que distinguir lo que fueron en los ’90 la Corte y los jueces federales, del resto del sistema. No hay duda de que los primeros tuvieron índices de desprestigio tremendos. El sistema funciona con todos los inconvenientes de carencia de presupuesto, con la política de los hombres de la economía que consideran que la Justicia, como la salud o la educación, son gastos y no inversiones. La respuesta de la Justicia es razonable, es lenta, a veces no demasiado creativa. Hoy tenemos las bases para que la opinión pública recomponga la imagen de la Justicia. Hay caras nuevas y son jueces con currículum. Fíjese que los nueve ministros de la Corte son o han sido profesores universitarios. Y entre ellos, ocho han sido profesores de esta facultad. No digo que sea suficiente, pero es un requisito importante para pensar bien. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando. Creo que la sociedad está esperando que se asiente esta Corte, y cuando haya nuevas vacantes veremos cómo decide el Presidente.”
–¿Cuál es su posición respecto del número de miembros de la Corte?
–En la década del ’90 aumentaron de cinco a nueve con la excusa de la celeridad, y sólo consiguieron estar tan atrasados como antes o más. De modo que el número es neutro. A mi juicio, si quedan siete estamos bien, pero será una decisión política del Congreso.
–¿Conoce al nuevo candidato, Mario Kaminker?
–Es profesor de Derecho Procesal acá en la Facultad. Llegó por concurso, académicamente es de un nivel importante. Es intrascendente si es o no radical, lo que importante es que sea un hombre de bien.
–¿Qué pasa con la Justicia federal?
–Ha tenido un proceso de cambio. El ciudadano hoy no cree imprescindible tener un apoyo político para lograr una sentencia justa en ese fuero. Y esto es mucho.
–Un estudio de Mora y Araujo indica que para el 60 por ciento de los argentinos, el respeto a la ley no es un valor instalado enla sociedad, y que el 70 por ciento está poco satisfecho con cómo funciona la democracia. ¿Esto se refleja en cierta anomia social?
–No creo. El hecho de que la gente no crea en la ley fue reflejado por Carlos Nino en su libro Un país al margen de la ley. Esto tiene tradición, somos transgresores como sociedad porque no hay repulsa social al transgresor y no hay sanción jurídica apropiada. No se trata de sancionar todo metiendo presa a la gente. La confianza de la gente tiene que ver con sus modelos y hoy no tenemos modelos.
–¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de modelos?
–Falta de credibilidad en la ley y de confianza en el sistema. Durante mucho tiempo, en esta Argentina de la prepotencia y de la ilegalidad de la dictadura la gente pensaba que antes de ir a ver a un abogado había que ver a un oficial de policía para hacer valer sus derechos, y esto es grave. Pero es cultural. No creo que la Justicia deba ventilarse en los medios, pero la opinión pública condena y se decepciona cuando esa condena no se da en el plano judicial. Algunos comunicadores no le advierten a la gente que una de las mayores conquistas del sistema jurídico es la presunción de inocencia, eso que nos hace una democracia y una república.
–¿No considera que la gente pide sanciones ejemplares por la sensación de impunidad generada cuando se indultó a quienes cometieron delitos de lesa humanidad?
–Sí, hay que prevenirse del “efecto Fuenteovejuna”, de ese tipo de juicios con componentes casi histéricos. Los penalistas han estudiado los efectos que tiene la multitud en las decisiones. Gente que jamás arrojaría una piedra, en una tribuna de fútbol es capaz de grandes desmanes. Es gravísimos esto de “linchemos al culpable”. Claro que tiene que ver la impunidad. Tenemos 30 mil muertos no sepultados.
–En el contexto del “efecto Fuenteovejuna” que mencionó, ¿cómo ve los cambios al Código Penal por el efecto Blumberg?
–El efecto Blumberg me preocupó por la magnitud, pero celebro que se haya diluido. También me preocupó que esa misma Cámara de Diputados que en el gobierno de Alfonsín allanó estudios jurídicos en un ejercicio desviado del poder, permitiera que el señor Blumberg les pasara lista y los retara públicamente. El departamento penal de la facultad produjo dos documentos, uno respecto de Blumberg y otro respecto de la liberación de Chabán, hecho que también ha desprestigiado al sistema. Se confunde la naturaleza que tiene la prisión preventiva, que está para que no se esquive la acción de la Justicia. Si se tiene conciencia de que esto no va a ocurrir, lo exime. Pero se instaló la idea de que la prisión preventiva es a cuenta de condena. Esto está muy mal.
–Pero, ¿cuánto influye la impunidad en esa percepción?
–Sin duda, tenemos muchas asignaturas pendientes respecto de la juridicidad en la Argentina. Pero llevamos 20 años de democracia, a fines del 2001 hubo un quiebre y el sistema salió adelante. Para mi generación, esto es un valor supremo porque yo viví la Argentina de Frondizi, la época long-play, porque había 33 revoluciones por minuto. La inestabilidad era la norma. Ahora estamos en condiciones de tener un sistema más potable.
–¿En qué sentido ustedes propugnan un nuevo contrato social?
–En todos. No se trata de los artículos de la Constitución sino de su desarrollo, en lo concreto, tratando de detectar con ayuda de todos cuáles son los problemas como foro de discusión primero, y luego como propuesta de solución. Queremos revertir la ausencia de debate y de participación. Los ejes son la reforma judicial, la reforma política y la seguridad ciudadana. Se trata de cosificar lo que estamos discutiendo para generar nuevas inquietudes. Convocaremos a notables de la cultura, de la academia.
–¿Por qué lanzar esto desde la Facultad de Derecho?
–En la presentación del proyecto está explicado que esto debe hacerse desde la universidad por su neutralidad política y por su calidad académica. Es la teoría del velo de ignorancia de (John) Rawls, que dice que el contrato social lo debe hacer un grupo de personas que no sepa si va a ser alto, bajo, pobre o rico, por lo cual no va a establecer ventajas sectoriales.
–En los fundamentos sostienen que aspiran a enfocar el proyecto en una sintonía entre lo económico y lo ético. ¿A qué se refieren?
–Hemos padecido con Martínez de Hoz y luego en la década del ’90 el embate economicista, que es una deformación del economista. La economía debe estar al servicio del hombre y no de que los números cierren.
 
El caso Cromañón
–¿En qué quedó aquel proyecto sobre la tragedia de Cromañón?
–Hicimos una tarea con la Facultad de Psicología para ofrecer contención. El servicio de patrocinio gratuito a carecientes trabajó para que la gente pudiera consultar sobre lo que le pedían los abogados.
–¿El proyecto sobre las indemnizaciones no prosperó?
–No, porque fue mal manejado. La propuesta de la facultad era que se fijara una suma que la gente cobrara y que luego, si quería, iniciara juicio. Era una suma razonable de unos 300 mil pesos, que es lo que hubiera fijado un juez. Pero a algún burócrata se le ocurrió agregarle una cláusula por la cual si cobraba eso tenía que desistir de las acciones contra la ciudad. Y el Código Civil establece que si usted desiste de un reclamo de daños, desiste de la querella. Fue un grave error.