Uno de los cuestionamientos principales está dirigido al Poder Judicial, que se limita a la “detección y castigo ejemplificador de las conductas delictivas” por ser esa una concepción “profundamente autoritaria”. En la crítica se puso el acento sobre “las desigualdades abismales que existen hoy en el acceso a la Justicia” porque con ello “no se juega solamente un problema de principios, sino también de eficiencia”. Esa desigualdad lleva a que el Poder Judicial se desvista “de su razón de ser en una sociedad democrática: el control de los otros poderes y la protección de los derechos ciudadanos. Por ello, el principal aporte que el Poder Judicial debe hacer en materia de seguridad es modificar sus prioridades”.
El documento fue firmado también por la Asociación de Derechos Humanos, la Asociación El Agora, el Centro Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, la Universidad Nacional de Lanús, el Foro de Derechos Humanos de San Isidro, el Foro para la Justicia Democrática, Poder Ciudadano, el Inecip de Córdoba, el Instituto de Altos Estudios Sociales, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el Laboratorio de Políticas Públicas, el Programa de Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad de la Universidad de Quilmes, la Universidad de Rosario. También lo firman Martha Pelloni, Jorge y Raquel Witis y el rabino Daniel Goldman. Los firmantes toman como punto de partida que “la cuestión de la seguridad ciudadana ha emergido desde la segunda mitad de la década del ’90 como tema central capaz de poner en juego la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas”. El problema “exige políticas responsables y soluciones efectivas para la protección de los derechos de las personas”. Se parte de una premisa que indica que “la inseguridad afecta a la sociedad en su conjunto”, pero en los hechos concretos “la sufren en forma particularmente grave los sectores de menores recursos”.
Para avalar la afirmación se pone como ejemplo que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra el 30,7 por ciento de la población total, vive el 60,2 por ciento de los habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En ese marco se registró, en 2002, el 36,3 por ciento (62 casos) de los homicidios en la Capital Federal, mientras que en 2003 las cifras llegaron al 35,9 por ciento (51 hechos).
Lo que se recomienda son “políticas de seguridad inclusivas que protejan a los diversos actores” sociales y no que contemplen sólo “los derechos de un determinado sector social” y menos aún que promuevan “la seguridad de un determinado grupo social a costa de los derechos de los demás”. Se alientan políticas contra el delito que no produzcan exclusión social.
Los firmantes parten de la convicción de que “sólo un nuevo enfoque del tema permitirá encarar una política de seguridad inclusiva que amplíe el ejercicio de los derechos en lugar de restringirlos”. Para evitar la restricción hay que “hacerse cargo del reclamo de mayor seguridad de un modo responsable”. Esto significa “otorgarle su real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos delitos ocurran”. Se insiste en que “la negación de las múltiples facetas del problema solo conduce a la restricción y no a la protección de los derechos”. El trabajo cuestiona tres tipos de planteos que se hacen sobre el tema y que agravan el problema. Uno de ellos es el que promueve “el orden público” y que tiene por objeto “el reforzamiento del orden en las calles” ignorando “derechos y garantías constitucionales”. Un segundo modelo tiene iguales fundamentos, pero para disimular su autoritarismo menciona la necesidad de mantener en pie los derechos aunque utiliza “un concepto tan restringido que vacían de contenido el sistema democrático y el estado de derecho”.
La tercera alternativa que se critica son los discursos “con una noción más amplia de derechos, en los que la cuestión del orden no se impone por sobre los derechos, pero que no logran articular respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana, pues o bien derivan las soluciones a una mejora genérica de las condiciones sociales o bien las limitan exclusivamente al control de las instituciones de seguridad”.
Para las organizaciones que aportan sus ideas al debate, “un enfoque responsable debe tomar en consideración el proceso previo al aumento de la violencia en general y el delito en particular, y de la manera diferencial en que ambos afectan a distintos grupos sociales”.
Esta visión del problema “exige intervenir sobre los sectores de la actividad delictiva más protegidos por su relación con el Estado, que gozan de impunidad y presentan mayores dificultades para ser sancionados”. Piden políticas públicas que vayan más allá de lo social. Se propugna la articulación de políticas no relacionadas únicamente “con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la salud”.
Se alienta la solución pacífica de conflictos, tomando como ejemplo la experiencia piloto de los Foros de Convivencia desarrollados en el marco del programa Comunidades Justas y Seguras de la Universidad de Rosario y la Universidad de Toronto. Este programa se hizo en los barrios de extrema pobreza de la ciudad de Rosario, tomando como base el modelo de seguridad canadiense, que nada tiene que ver con la “tolerancia cero” impuesta en Nueva York y otras ciudades norteamericanas.
Se recomienda, para enfrentar el problema de la violencia real, que se rechace la imagen sobre la existencia de dos fuerzas opuestas: la violencia social y la violencia estatal. Este enfrentamiento determina que “ante el incremento de la violencia delictiva, es necesario incrementar la fuerza estatal”. Sobre este punto se hacen distintas sugerencias:
- Ponerle fin a “la obligación de los agentes de portar armas y de intervenir cuando están fuera de servicio”.
- Revisar la relación de los policías con otras instituciones y poderes, y sus vínculos con la sociedad civil.
- Evitar las interpretaciones “simplistas e ingenuas” porque “es peligroso desconocer que el autoritarismo y las prácticas discriminatorias no son sólo producto del accionar estatal autónomo o aislado, sino modos de articularse entre los ciudadanos y las instituciones”.
- Para eso es necesario “garantizar asemejar la estructura y la cultura policial a la de otras instituciones civiles, profesionales, jerarquizadas, separándolas del modelo y cultura militar”.
Los fundamentos de un cambio necesario
El sociólogo José Nun, director del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes), sostuvo que el actual modelo de seguridad genera una difusión pública que hace que “en la Argentina exista una percepción que indica que acá estamos peor que en Brasil o México, cuando la tasa de homicidios, cada 100 mil habitantes, es mucho más alta en esos países que en el nuestro”. Horacio Verbitsky, como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), apuntaló esa visión diciendo que la situación en el país se asemeja “a lo que ocurría en pequeños pueblos de los Estados Unidos, donde nunca había un crimen, pero donde la gente vivía aterrorizada por lo que la televisión contaba que ocurría en Nueva York o en Chicago”. Las personalidades que hablaron en la presentación del documento insistieron en señalar que los sectores más desprotegidos de la sociedad son los que más sufren la inseguridad.
“Dar seguridad a un sector de la sociedad siempre priva de derechos a los sectores más vulnerables”, afirmó Verbitsky en su intervención. Agregó al respecto que esos sectores marginados “no son generadores sino víctimas de la inseguridad”. El director del CELS apeló a la ironía para definir el estado de cosas al que han llevado “cincuenta años” de malas políticas de Estado. Dijo que el afán por aplicar la “mano dura” en la materia convirtió en realidad a una vieja frase de la sabiduría popular: “A seguro, lo llevaron preso”.
Nun mencionó a la pobreza como uno de los factores que inciden negativamente. “Las estadísticas dicen que un millón y medio de jóvenes no estudian ni trabajan. Todos sabemos que la mayoría de ellos, el 90 por ciento, jamás va a caer en el delito, pero queda la duda sobre un diez por ciento, que significa que hay 150 mil personas expuestas”. Enrique Font, director del Programa de Seguridad Urbana y Derechos Humanos de la Universidad de Rosario, insistió en que el delito “no es un problema debido a los sectores más postergados”.
“La situación de impunidad, la violación de las leyes ocurren en todo el arco social”, aseguró Font, quien sostuvo que “el control de la violencia debe hacerse, en especial, sobre la violencia que se ejerce desde el Estado”. Juan Carr, de la Red Solidaria, aseguró que uno de los objetivos es “evitar la fragmentación de la sociedad, promoviendo la inclusión social, la integración, la unión, el diálogo”. El rabino Daniel Goldman recordó la necesidad de la participación de todos, porque “hay algunos culpables, pero todos somos responsables”. Puso énfasis en señalar que el documento presentado “no pretende cerrar el debate, sino abrirlo, en un país donde nos hemos olvidado de debatir”. El abogado del CELS Gustavo Palmieri, ante una pregunta sobre la recepción que hay, en los escritorios oficiales, a este tipo de iniciativa, recordó que “lo que se planteó acerca de la necesidad de tener una Corte Suprema de la democracia tuvo buena receptividad de parte de un gobierno y eso fue muy importante”.
Otra pregunta de la prensa estuvo dirigida a medir el nivel de participación en el debate, sobre todo de parte de los sectores más postergados que, a veces, según dijo una cronista presente en el acto, “a veces se autoexcluyen”.
Sobre el tema, José Nun consideró como “muy importante la actitud de algunos pibes chorros que hoy reivindican la figura de un chico como ellos, el Frente Vital, que fue asesinado por la policía”. Recordó que el Frente “robaba los camiones que transportaban leche y yogur para dar alimentos a los pobres. Que se reivindique hoy su figura como un Robin Hood es positivo, porque está indicando que todos aspiran a una mejor distribución de la riqueza como un factor importante”.
Nun dijo que las políticas en materia de seguridad “deben ser respaldadas con plata, con un mejor presupuesto, para que puedan avanzar”. El rabino Goldman dijo que es muy importante hoy “enfrentar el mensaje fascista”encarnado por los mentores de las políticas de “mano dura”. En ese sentido puntualizó que “al mal no se lo elimina, al mal se lo combate”. Todos insistieron en que el documento presentado “no es un proyecto específico” sino “un punto de partida para ampliar y discutir, aunque ya hay algunas propuestas legislativas afines que están en discusión en el Congreso”. También señalaron como una buena señal la audiencia que mantendrán el 24 de este mes con los miembros de la Corte Suprema para analizar la grave situación en las cárceles bonaerenses.
