La reanudación de las clases en las universidades nacionales depende de las negociaciones que mantienen esta semana los gremios docentes, el consejo de rectores y el Gobierno. Por ahora, mientras se define la oferta oficial para mejorar los salarios, el acuerdo parece difícil. No sólo porque los docentes consideran insuficientes las mejoras que –según se rumorea– podría proponer el Ministerio de Educación, sino también porque no se abrió la discusión con los rectores sobre la estabilidad de los cargos y las condiciones de trabajo. “Si este jueves (cuando se reúna formalmente la comisión de negociación) no hay un avance significativo, a partir del lunes nada será normal”, anticipó Anahí Fernández, dirigente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El no inicio del segundo cuatrimestre también sería resuelto por la Conadu Histórica.
El reclamo de los sindicatos docentes, que ya generó cinco paros nacionales de nueve días en lo que va del año, incluye centralmente los siguientes puntos: blanqueo total de la masa salarial; una recomposición que eleve el cargo testigo hasta media canasta familiar (de unos 450 pesos a casi 800); jubilación con 85 por ciento móvil; carrera docente con estabilidad, y cese del empleo ad honorem. Un paso hacia el acuerdo se produjo a fines de junio, cuando la Secretaría de Políticas Universitarias anunció la transformación en remunerativos y bonificables parte de los adicionales otorgados en 2004. Pero eso sólo satisfizo a la Fedun, una de las tres federaciones nacionales de docentes universitarios.
Ahora está en peligro el comienzo del segundo cuatrimestre, cuya fecha de inicio varía según las casas de estudios, aunque en la mayoría de los casos debería concretarse la semana que viene. Los funcionarios de Educación consultados por Página/12 aseguraron ayer que aún no está definida la propuesta oficial que se hará pasado mañana. Los trascendidos indican que la cartera propondría una mejora del 20 por ciento de la masa salarial destinada a los profesores (lo cual, por efecto de los aportes y demás descuentos, no se traduciría en un aumento de tal magnitud en los bolsillos de los trabajadores). En total, eso implicaría una inversión anual de 240 millones de pesos, desde 2006. Y este año la inversión sería la mitad.
“Con las cifras que se están barajando, no alcanza ni siquiera para el blanqueo completo de los sueldos. Es insuficiente. Si no tienen algo más para ofrecer, las medidas de fuerza van a continuar”, advirtió Anahí Fernández. En la Conadu creen que “habría que hacer un mix: un blanqueo parcial y otro adicional”, para que la mejora tenga peso en los ingresos netos. En cambio, desde la Conadu Histórica, Néstor Correa consideró que el aumento debería ser completamente en blanco: “Sumar otro adicional puede tener incidencia en lo inmediato, pero a largo plazo destruye nuestros salarios”. Pero la conclusión es la misma. “En este escenario, es posible que continúen y se profundicen las medidas de fuerza si el gobierno no presenta una propuesta que avance en la verdadera recuperación del salario de los docentes, que siguen siendo los más bajos del Estado nacional”, dijo José Luis Molina, titular de la Histórica.
La Conadu, en un congreso extraordinario, y la Conadu Histórica, en un plenario de secretarios generales, definirán el viernes si confirman las medidas de fuerza. Mientras, en algunas casas de estudios ya están en marcha diferentes modalidades de reclamo. En la Universidad Nacional de Córdoba, el gremio Adiuc suspendió la toma de exámenes finales de julio y ya decidió no retomar las clases el lunes próximo; la misma decisión que tomaron los profesores de la regional cordobesa de la UTN.
El conflicto con los docentes universitarios no se limita al problema presupuestario. Otra arista de la discusión pasa por las negociaciones entre los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el órgano que reúne a los rectores. Si bien el CIN apoya el reclamo de los profesores por un mayor presupuesto educativo, los sindicatos pretenden debatir con las autoridades académicas cuestiones referidas a la estabilidad laboral y la carrera docente. “Hasta ahora los rectores se hicieron los distraídos –dijo Fernández, de Conadu–. Lo único que queremos es sentarnos a discutir. Pero por ahora no aceptan hacerlo.”
La reforma de la LES
Los rectores de las universidades nacionales pretenden tener consensuado para noviembre de este año un proyecto para reemplazar la controvertida Ley de Educación Superior. El comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llegó a ese acuerdo con el ministro de Educación, Daniel Filmus, tras una reunión realizada la semana pasada. La propia cartera educativa prepara un proyecto de ley, que presentaría ante el Congreso el año que viene. A través de una resolución, el CIN señaló que “para realizar propuestas superadoras, es preciso discutir en profundidad la modificación de los aspectos negativos, tanto de la ley como de los sistemas de evaluación y acreditación”. Los reclamos y las propuestas para reformar el marco legal sancionado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, se han reiterado desde los gremios de los docentes y los trabajadores de las universidades, hasta las diferentes federaciones estudiantiles. Además, desde el año pasado han comenzado a sumarse institucionalmente diversas universidades: la UBA y la UNLP preparan sus proyectos de ley.
