Aunque por vías separadas, la iniciativa oficial y el proyecto de la UBA avanzan justo cuando la LES ha vuelto a ser centro de un conflicto, esta vez en la Universidad Nacional del Comahue: tras una toma estudiantil que se prolongó durante casi un mes, la institución con sedes en Neuquén y en Río Negro acaba de aprobar un rechazo a la ley, el inicio de acciones para derogarla y la suspensión de los procesos de evaluación que se estaban realizando bajo su letra (ver aparte). Hasta hoy, la UBA es la única de las 38 universidades nacionales que no ha tenido que adecuar sus estatutos a la LES, gracias a un fallo judicial nunca apelado por el Estado. En ese contexto (un sistema universitario regido por una norma que no alcanza a su institución más prestigiosa), el rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, le encomendó a un grupo de juristas la confección de un proyecto de ley universitaria. Como se recordará, la ley 24.521 fue promovida por el gobierno de Carlos Menem y, entre otras cosas, permitió el arancelamiento de los estudios y avanzó sobre la autonomía universitaria al definir, por ejemplo, la composición de los gobiernos académicos.
El encargo de la UBA está en manos de tres profesores de la Facultad de Derecho: Jorge Sáenz, Andrés D’Alessio y el actual decano, Atilio Alterini. La idea del rector es tener listo el proyecto antes de fin de año.
Está claro que el proyecto de ley que elabora la UBA se basará en el respeto de la autonomía y la autarquía universitarias, una cuestión que este año generó roces entre la casa de estudios y el Ministerio de Educación. En ese sentido, se evitarían reglamentaciones que avancen sobre las atribuciones de las universidades para decidir sobre sus cuestiones institucionales (estatutos, formas de cogobierno) y académicas (libertad de cátedra, planes de estudios).
Consultado por Página/12, Alterini comentó que, a su entender, una nueva ley debería “mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones”, promover “la igualdad real de oportunidades educativas para toda la población” y “garantizar la gratuidad de los estudios”, fomentar la cooperación institucional (entre las universidades y con el resto de los niveles educativos) y evitar la fragmentación del sistema. Uno de los puntos clave de la propuesta esbozada por Alterini es sacar a las universidades de la órbita del Ministerio de Educación mediante la creación de un Consejo Nacional de Educación Superior, integrado por autoridades de las universidades públicas y privadas (en minoría). Ese consejo “se ocuparía de tareas de control, planificación y programación, de la definición de políticas universitarias y su realización con estímulos y becas”. Otra cuestión clave es la evaluación de la calidad institucional que, desde la LES, está en manos de la Coneau, un órgano descentralizado cuyos miembros son elegidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de las universidades públicas y privadas, el Congreso, la Academia de Educación y el Gobierno. Para el decano de Derecho, “la evaluación debería ser voluntaria”.
Rechazo y suspensión
Por 17 votos a 12, el consejo de la Universidad del Comahue rechazó la Ley de Educación Superior y suspendió los procesos de evaluación en marcha. Tomada el viernes pasado, una vez levantada la toma que duró 29 días, la decisión fue cuestionada por diversas autoridades de la UNC, que pusieron en duda su validez jurídica. El secretario de Políticas Universitarias dijo a este diario que “en la práctica, los efectos de la resolución son declarativos”, porque los procesos de evaluación o ya concluyeron (Medicina, Ingeniería) o están en etapa de autoevaluación (Agronomía). No obstante, Pugliese destacó que Educación nunca tomó ninguna decisión basada en la obligatoriedad de la evaluación. “Todo se ha hecho en función de la voluntad de las instituciones.”
