La Coneau está evaluando a las carreras consideradas “de interés público”. Ya fueron analizados los planes de estudios de medicinas e ingenierías, así como las instituciones que dictan esas carreras y las condiciones en que lo hacen. Este año es el turno de las agronomías. Todo el sistema se sometió en los tres casos, excepto la UBA. Y, desde la semana pasada, Ciencias Agrarias. “La facultad no tiene dudas de que acreditaría en términos razonables. No es ése el punto sino que la acreditación genera un proceso de dependencia respecto de la Coneau que la facultad no quiere asumir sin antes reflexionar seriamente. Es bueno que se instale una cultura de evaluación de la calidad, pero las universidades debemos ser muy cuidadosas de la autonomía”, explicó a Página/12 el decano de Ciencias Agrarias, Jorge Girardín, desde Cinco Saltos.
Según el decano, al adelantar la convocatoria obligatoria, la Coneau hizo que se precipitara la discusión en Ciencias Agrarias. En una votación dividida (ocho a siete), el consejo directivo decidió no someterse a la evaluación oficial y presentarse ante la Justicia para que ésta “aclare consecuencias y preserve derechos”. “También se decidió hacer una autoevaluación a partir de las prioridades que defina la facultad”, dijo Girardín.
El gremio docente apoyó la medida. “La Ley de Educación Superior y la Coneau son hijas del menemismo, son parte de un sistema de chantajes para imponer determinadas reformas y determinadas políticas educativas, en lugar de evaluar la calidad y verificar el cumplimiento de estándares mínimos, que sería lo aceptable”, estimó Luis Tiscornia, secretario general del sindicato. Para el dirigente gremial, “un organismo extrauniversitario como la Coneau, que además tiene mayoría de miembros designados por el poder político, no puede intervenir en la definición de planes de estudios. Eso corresponde exclusivamente a la academia, en su autonomía”.
En cambio, la rectora de la UNC, Ana Pechén, calificó como “lamentable” a la decisión de Ciencias Agrarias porque, entre otras cosas, “deja a la carrera fuera de los términos en que se está manejando el resto del mundo académico” y porque “pone en riesgo la validez nacional de los títulos. Es una situación muy delicada para alumnos, docentes y graduados”. “Uno puede presentar sus discrepancias con la Ley de Educación Superior, pero no puede dejar de cumplirla.” Si bien no informó cuáles será las próximas medidas del Rectorado, recordó que “la personería jurídica la tiene la universidad y no la facultad”: habrá que ver si el Consejo Superior de la UNC, que sesionará el jueves 30, resuelve algo al respecto y, en ese caso, se abrirá una nueva disputa centrada en la autonomía de la facultad dentro de la universidad. Aunque las autoridades de Ciencias Agrarias insisten en que la ley no especifica ningún impacto de la evaluación (o su ausencia) sobre la expedición de diplomas, fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que sí: “Interpretando la ley a rajatabla, el artículo 43, el que se refiere a las carreras de interés público, condiciona la validez del título a los regímenes de evaluación y acreditación”. No obstante, el funcionario consultado informalmente dijo que la cartera intentará dialogar con las partes, dado que hay muchos alumnos involucrados. Y aclaró: “El caso de la UBA es distinto, porque tiene el paraguas judicial. Ni la UNC ni el resto del sistema lo tienen”.
