El conflicto no se limita, entonces, a la discusión generada a partir de las críticas a la UBA del ministro de Salud, Ginés González García, y del secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, que ya fueron retrucadas por el rector Guillermo Jaim Etcheverry y esta semana tendrán una respuesta institucional. La universidad más poblada del país no comparte el consenso emanado de unas jornadas realizadas en Tucumán el 26 y 27 de agosto. Allí, Pugliese presentó un plan con cuatro propuestas: articulación de la universidad con la escuela media; desarrollo de ciclos comunes para familias de carreras; mejora de las carreras de Ingeniería, e incremento de dedicaciones exclusivas para docentes. También insistió en que las universidades deben recuperar su responsabilidad social. Con la única ausencia de la UBA, los rectores universitarios –nucleados en el CIN– acordaron con la propuesta oficial y elevaron una declaración de prioridades para el sector.
Los informes internos que analizan en la UBA son dos, que enfrentan a ambos documentos de Tucumán. Sus ejes son:
- El punto central es la defensa de la autonomía y la autarquía: la universidad debe definir sus políticas públicas y no el Gobierno. Todas las líneas de acción propuestas son consideradas “inaceptables por ser en su conjunto una intromisión en la autonomía universitaria”. En el mismo sentido, el informe de la UBA cuestiona al CIN: “No se debe reclamar al Gobierno el establecimiento de prioridades políticas públicas para la universidad. Esto significa claudicar la autonomía y la autarquía que otorga la Constitución. Cada universidad, en consonancia con las demandas que expresa la sociedad a la que sirve, debe establecer sus políticas estratégicas” y puede acordar con otras instituciones y el Gobierno.
- Si bien el borrador coincide con el diagnóstico del CIN sobre el desfinanciamiento sufrido por las universidades, aclara que la UBA “ha recibido y recibe un trato discriminatorio en materia presupuestaria”. Según el texto, la constante subasignación de recursos no ha sido uniforme: mientras el ministerio propone para 2005 un incremento del 79,5 por ciento en el presupuesto universitario global (que pasaría de 2 mil millones de pesos a 3,6 mil millones), para la UBA propone un incremento del 19,5 (de 325 millones a unos 400 millones).
- La carencia de recursos sería, en parte, responsabilidad del “ilegal rol que juega el Ministerio de Educación”: dadas la autonomía y autarquía de las universidades, son ellas las que deben prever y solicitar sus presupuestos, y no la cartera educativa.
- El Gobierno, “violando la Constitución, intenta imponer demandas a las universidades ejerciendo de hecho una extorsión al plantear que o bien la universidad sigue los mandatos del Ejecutivo o no recibe una parte importante de los fondos que necesita”. También se destaca que “las demandas del Gobierno aparecen dirigidas tan solo a las universidades nacionales, dejando de lado a las universidades privadas”.
- No se acepta que la masividad “devalúa los títulos: La UBA es un claro ejemplo de una forma eficaz de lograr masividad y excelencia”.
- “No parece coherente que se impulse un cambio insistiendo en las mismas conductas” que llevaron a la crisis actual. “El primer y gran cambio a realizar es derogar la Ley de Educación Superior generada en el apogeo del capitalismo salvaje de los ’90.” Ni Educación ni el CIN sostienen esto.
- Frente al acuerdo de crear un plan educativo a 10 años: “Sería el peor de los errores que el conjunto de las universidades nacionales no se propongan una política de mediano plazo para la educación, la ciencia y la tecnología”. Otro punto recurrente en el informe es la advertencia sobre el riesgo de homogeneizar el sistema mediante la aplicación de planes comunes.
