Fuentes de la investigación detallaron a Página/12 el modus operandi de los estudiantes, que tendrían antecedentes por estafas similares aunque ninguna de esta magnitud. El dispositivo que leyó bandas magnéticas y claves personales fue colocado sólo en “el cajero de Tribunales” –tal como lo llaman los vecinos de San Nicolás–, perteneciente a la Red Link y ubicado en pleno centro de esa ciudad. Según las pruebas (videos de seguridad y fotografías), el dispositivo fue instalado el 10 de febrero y retirado ocho días después, lapso en el cual se leyeron los datos de 974 tarjetas de débito de empleados judiciales, policiales y docentes; aunque no todos fueron estafados.
Las extracciones se hicieron en dos días y luego de que los hombres fabricaran las tarjetas mellizas: el sábado 5 y domingo 6 de marzo. Los montos retirados oscilaron entre los 200 y 10 mil pesos. El total ascendió a 150 mil pesos, cifra que responde a las denuncias de los afectados y, por lo tanto, podría ser mayor. El fraude habría sido concretado en la madrugada de esos días, en cajeros del conurbano bonaerense y la Capital Federal.
Cuando amaneció el día 7, los empleados estatales se encontraron con sus cuentas vacías. El torrente de denuncias llegó hasta los banqueros, que no supieron dar explicaciones, y policías que sospecharon del fraude y se encontraron con que en sus arcas tampoco había nada. Fue la Dirección General de Investigaciones de San Nicolás la que pudo determinar que los implicados vivían en la Capital Federal y que “eligieron hacer lo que hicieron en un cajero de San Nicolás porque éste es un lugar tranquilo y pensaron que no los íbamos a descubrir”. La Justicia ordenó dos allanamientos, uno en un departamento de Varela al 1500, en el barrio porteño de Flores, donde se secuestró una lectora de códigos de barras, una PC y documentación varia.
“Cuando fuimos a allanar la vivienda del imputado, salió la madre y nos dijo ‘mi hijo está preso hace dos días’”, según relató un investigador a este diario. El joven había sido detenido en Villa Madero, La Matanza, por “tenencia de arma de guerra”. También se allanó un departamento de Baldomero Fernández Moreno al 1500, donde se secuestró elementos similares a los anteriores; ahí vivían dos jóvenes de 25 años que están prófugos. En la investigación participó Fraudes Bancarios de la Policía Federal. La causa está caratulada como “defraudación reiterada” y está a cargo de Ariel Tempo, de la UFI 4 de San Nicolás.
