El financiamiento de las universidades contará el año que viene con 2255 millones de pesos, monto que no contempla los aumentos reclamados por el CIN para mejorar los sueldos docentes y no docentes (pedían unos 700 millones más) e incrementar partidas de funcionamiento (unos 300 millones). Así, los gremios docentes ya anunciaron que en marzo no empezarían normalmente las actividades. Y hasta las autoridades universitarias, especialmente las de la UBA, hicieron la misma advertencia ante la caída de los fondos destinados a sostener el funcionamiento.
En ese contexto, el Gobierno prepara un anuncio para calmar los ánimos académicos. Según fuentes gubernamentales, el compromiso asumido consiste en que “los primeros fondos que aparezcan por encima del presupuesto se asignen a otros gastos de las universidades”, léase a las partidas de funcionamiento (servicios, bibliotecas, laboratorios, etc.). Se habla de unos 100 millones, que serían anunciados por el Presidente y que, en parte, podrían implicar una reasignación de otras partidas. Si eso se concreta, quedaría pendiente el reclamo de un aumento salarial: en este caso, las fuentes consultadas aseguran que habría un incremento para toda la administración pública, universidad incluida, cuyo monto dependerá de la renegociación de la deuda y la recaudación impositiva. Los rectores vieron crecer su malestar en las últimas semanas porque, desde el año próximo, las universidades tendrían que volver a pagar aportes patronales de un 18 por ciento de los salarios. El asunto es complejo. Así lo explicó el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese: “En 2000, entre los planes de competitividad de la Alianza, el Ministerio de Economía promovió el decreto 814, que bonifica la tasa de aporte previsional de las universidades privadas, bajándola al 11,67 por ciento. Muchas universidades nacionales se sintieron discriminadas y, a través de instancias judiciales o resoluciones del CIN, comenzaron a aportar sólo ese 11 por ciento. Eso continuó, porque aquel decreto fue sucesivamente prorrogado. Ahora, el Gobierno ha decidido que desde el 31 de diciembre esos decretos no continuarán”, dijo. “Las universidades están preocupadas, y lo compartimos, porque no han recuperado un presupuesto acorde para enfrentar esa situación”, reconoció.
En realidad, la situación es muy heterogénea en el sistema universitario. El rector de la Universidad Nacional de Villa María, contador Carlos Domínguez, aseguró que “las universidades están pagando lo adecuado, a partir de la interpretación que el CIN hizo de las leyes vigentes”. Se refería a que muchas universidades aportan también un 11 por ciento, pero no por haber igualado su situación a la de las casas privadas, sino porque consideran que les corresponde esa alícuota por estar excluidas de los regímenes de Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo, Seguridad Social y Obra Social. Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no compartiría ese criterio. Según pudo saber este diario, Educación está gestionando un decreto para definir y unificar el aporte patronal de las universidades nacionales en una alícuota del 11 o 12 por ciento. “Hay una doble preocupación. Una, si aquel decreto cae, y otra, si la AFIP interpreta que debemos pagar el 18 por ciento. En cualquier caso –estimó Mario Barletta, rector de la Universidad del Litoral–, sería absurdo pedirle hoy a las universidades asumir un gasto mayor. Sería una manera indirecta de reducir aún más el presupuesto universitario.”
