¿Cuándo se configura esta clase de acoso? Por ejemplo, cuando a un docente o a un empleado no docente, año a año, no se le asignan funciones. O cuando un profesor que demuestra su capacidad en un concurso, ante el jurado, resulta sistemáticamente relegado en la asignación de cargos. “Pese a su intención democrática, la universidad tiene una estructura jerárquica que inercialmente tiende a establecer relaciones piramidales y, muchas veces, autoritarias. En algún momento tendremos que repensar toda la institución de cero”, apunta Anahí Fernández, titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
Los estudios dedicados al acoso moral laboral son recientes. En la Argentina, una de las pioneras fue la socióloga Diana Scialpi, con una serie de investigaciones centradas en el sector público. “El acoso moral es un hostigamiento recurrente, durante un período prolongado, en el ambiente de trabajo, cuyo objetivo es denigrar a la persona. Y siempre es muy difícil de probar”, explica Scialpi a Página/12. Esta forma de violencia busca el daño psicológico de la víctima, destruir su reputación y redes de comunicación, con el propósito final de perturbar el ejercicio laboral y forzar su salida o renuncia (para, de paso, ahorrar la indemnización). Una distinción importante: no se trata de un problema interpersonal, sino de carácter público, vinculado con deficiencias organizacionales.
Más ejemplos. “Para ascender, una persona es obligada a hacer cursos de capacitación por debajo de su nivel. A una mujer no se le otorga la licencia por maternidad porque su hijo nació muerto”, enumera Scialpi, que integra la asociación civil Instituciones sin Violencia.
Desde diferentes países, los expertos coinciden en que el sector más afectado por el acoso moral es la administración pública centralizada. Y, dentro de ella, los sistemas de educación y salud. Parece estar relacionado con que, en esas áreas, el medio de trabajo es la relación con otras personas, el trabajo se mezcla con un servicio muy demandado socialmente. Muchas veces termina siendo un apostolado y entre los docentes disminuye la exigencia de ser tratado como corresponde”, detalla la dirigente de Conadu.
Para Fernández, la violencia moral en la universidad se relaciona con la estructura y tradiciones de la institución. “El acoso moral en el trabajo alude a un ataque a la dignidad humana, no sólo a la dignidad laboral. Un caso típico es del docente que se peleó con un profesor titular y cayó en desgracia. Nunca se le asigna tarea. Necesita el trabajo pero no puede hacer nada. El objetivo final es que se vaya, muchas veces porque hace falta darle ese cargo a una persona que viene recomendada.”
La primera denuncia de acoso moral en la universidad la hizo el sindicato docente de la Universidad Nacional de Rosario (COAD). En una minuciosa presentación realizada ante el decanato de la Facultad de Psicología, el gremio resumió una serie de sucesos ocurridos entre 1989 y la actualidad, caracterizados como la “desembozada discriminación sistemática que se ejerció y ejerce” sobre una profesora (cuyo nombre se ha preferido no exponer). Algunos de los hechos denunciados: en 1989, la facultad relega a la profesora en la cátedra que integra, pese a haber sido recomendada por el jurado del concurso correspondiente. Tiempo después (1991) la facultad vuelve a desoír la recomendación de otro jurado que recomienda su ascenso. Desde entonces, a pesar de lo que le correspondería, “siempre se le impidió reemplazar al profesor titular toda vez que éste tomó licencia y también se la desplazó de la presidencia de los tribunales de examen en ausencia del titular”. Cuando la docente propuso abrir una cátedra paralela (1994), el proceso es “obstaculizado”.
Según la denuncia, la docente sufrió también “descalificación y discriminación ideológica”. Por si fuera poco, durante 15 largos años, fue la única profesora en toda la facultad que, con abultada antigüedad, con jerarquía docente y habiendo ganado concurso, permaneció castigada con una dedicación simple (el sueldo más bajo).
Por ahora, el caso continúa bajo estudio del consejo directivo de la Facultad de Psicología. “Es necesario que las universidades piensen mecanismos institucionales que permitan prevenir y atender estas situaciones –avisa Anahí Fernández–. Podría ser un gabinete de mediación.”
