En otra conversación informal, un decano de la universidad explicó: “Desde la semana pasada se abrieron diversos diálogos con el ministro y otros funcionarios para resolver el conflicto más tranquilamente. Y como hay indicios de que existen diferencias dentro del Gobierno, no queremos que nuestras críticas perjudiquen a los sectores más afines a la universidad pública”.

De hecho, en la sesión de ayer varios consejeros de la UBA dijeron haber cambiado de opinión. Hace una semana los consejeros y el rector Guillermo Jaim Etcheverry habían considerado con dureza que las declaraciones sobre la UBA vertidas desde los ministerios de Salud y de Educación, así como las políticas públicas anunciadas para la universidad implicaban un ataque a la autonomía.

La resolución votada ayer por la amplia mayoría del Superior no hace mención directa a las políticas de Educación, aunque cuestiona que se las impulse con fondos condicionados. Reclama el respeto de la autonomía y reitera “la imperiosa necesidad de contar con un presupuesto adecuado” a la labor de la UBA. La declaración detalla su contribución al desarrollo del país mediante sus funciones de docencia, investigación, salud y extensión. Pero “esa actividad parecería no ser justamente valorada cuando el Estado realiza la asignación de recursos. Si bien nuestros estudiantes y graduados representan el 25 por ciento del conjunto de universidades nacionales, recibimos sólo el 16 por ciento del presupuesto”.