De las 38 universidades nacionales, sólo un puñado elige a sus autoridades por voto directo: la primera en utilizar ese sistema fue la de Santiago del Estero y luego se sumaron las universidades de Río Cuarto, Salta, La Pampa, Luján, Villa María y San Luis. En las demás instituciones, los docentes, alumnos y egresados se limitan a votar a sus representantes en cada facultad y son éstos quienes, a su vez, eligen a los decanos y rectores.
“Buscamos generar un proceso de democratización en los órganos de gobierno universitario, preservando la autonomía”, dijo Silvia Esteban, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja y autora del proyecto. “En las universidades donde ya existe, la elección directa favoreció un mayor compromiso entre los votantes y las autoridades de su universidad y también entre los rectores y los universitarios que los eligieron.” La diputada santacruceña comentó que a lo largo del 2005, en consenso con autoridades y actores universitarios, se avanzará en otras reformas de la LES.
Firmado por catorce legisladores justicialistas, el proyecto en cuestión indica en sus fundamentos que “las diversas experiencias de los distintos modos de elección indirecta de autoridades en la vida institucional argentina han mostrado su falibilidad. Cuando una voluntad delega en otra su derecho a la elección de sus gobernantes, se corre el serio riesgo de la pérdida de la genuina y cristalina representatividad”. El cambio concreto se dirige al artículo 54 de la LES, sancionada en 1995. Allí se pretende agregar que “el rector o presidente se elegirá por votación directa, secreta y doble vuelta”. Podrían votar los miembros del claustro docente, los estudiantes regulares, los graduados y el personal no docente. “La doble vuelta se realizará entre las dos fórmulas más votadas, cuando la que hubiera resultado ganadora no hubiera obtenido el 50 por ciento de los votos válidos”, añade la propuesta. De aprobarse la reforma, las universidades deberían adecuar sus estatutos en un plazo de 180 días.
Al no proponer cambios en el artículo 53 de la LES, del proyecto se desprende que el voto directo sería ponderado, es decir, no valdrían por igual el sufragio de un docente y el de un alumno, por ejemplo. El recuento de votos debería respetar la proporción vigente para la conformación de los consejos directivos y académicos (establecida en el citado artículo): los profesores tienen la mayor representación relativa, no inferior al 50 por ciento. La otra mitad se distribuye, de acuerdo a lo pautado por cada estatuto universitario, entre los alumnos, graduados y trabajadores no docentes. Así, la propuesta de reforma se aleja del reclamo sostenido por diversas agrupaciones de izquierda: un hombre igual a un voto, sin distinguir su pertenencia a uno u otro claustro. Contra ese reclamo, numerosos profesores han sostenido que el voto directo sin ponderación implicaría la dilución del claustro docente en manos del número de estudiantes.
Ponderada o no, la votación directa tiene un punto crítico. La necesidad de que todos los alumnos, docentes y graduados de una universidad conozcan a los candidatos a rector puede terminar favoreciendo a los postulantes con más recursos (propios o aportados por terceros interesados en alguna recompensa posterior) para publicitarse y hacer campaña. El riesgo es proporcional al tamaño de la universidad: crece cuanto mayor es la comunidad universitaria.
No es ésta la primera vez que se intenta llevar la votación directa a todas las universidades. El proyecto original de la LES, de 1994, la incluía, pero luego se modificó el texto. Más adelante, el Frepaso hizo una propuesta similar y también, como diputada, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, cuyo proyecto fue tomado ahora como insumo por los diputados kirchneristas.
