Emilia Palazzo

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Departamento de Política

14/04/06 Según lo expuesto por la Dra. María Rosa Salinero a ATPA la ley provincial surgió en el año 1999, cinco años después de la sanción de la ley nacional. “Nuestra ley fue fundamental porque cuando no teníamos leyes de violencia, la mujer no tenía ningún medio legal para solucionar este problema” explicó la abogada del Instituto de Políticas Públicas para la Equidad entre el Hombre y la Mujer (IPPEHM).

La ley Provincial N° 6.672 en su articulo 1° expresa que “toda persona que sufriere maltrato físico, psíquico o sexual por parte de los integrantes del grupo familiar, podrá efectuar la denuncia verbal o escrita ante los Juzgados de Familia de la Provincia, y solicitar las medidas cautelares conexas”.

“La violencia no está en el Código Penal ni en el Código Civil. No está tipificada como un delito” agregó Salinero. Ante esto, la mujer víctima de violencia tenía como única salida el divorcio a través de la justicia civil. “Era necesario un mecanismo alternativo, que viéramos el tema de la violencia como un conflicto familiar que puede llegar a solucionarse” añadió la letrada.

A modo de antecedente, la Dra. Salinero hizo especial referencia a la Ley N°6354 del año 1995: “es nuestra ley provincial de niñez y adolescencia. Esa ley establece el maltrato a los niños en su artículo 53. Es muy importante tenerla en cuenta porque por ella se crean los juzgados de familia y se establece el funcionamiento de los mismos”. Sus jueces de familia son los que aplican las leyes ante hechos de violencia intrafamiliar.

Claro que si hay agresión física actúa la justicia penal. En ese caso la violencia física debe denunciarse en la comisaría; se debe pedir que la revise el médico de sanidad policial; pedir constancia de esa denuncia para saber qué fiscalía está interviniendo. En cambio, cuando hay violencia psicológica, que no se puede denunciar en una comisaría, las víctimas son entrevistadas por psiquiatras y psicólogos del CAI que elevan sus informes al juez de familia antes de resolver qué medidas dictar.

“Los que aplican nuestras leyes de violencia son los jueces de familia tutelar. Porque el juez tutela, protege” explicó la Dra. Salinero. Entre las medidas tutelares se encuentran la exclusión, la prohibición de acercamiento y el reintegro al hogar. Este proceso reservado implica que luego de la denuncia de la víctima, el juez ordena la exclusión del hogar del agresor y el consecuente reintegro del grupo familiar agredido.

La Ley Provincial de violencia no destruye la pareja. Según explica la abogada del IPPEHM, una vez pasado el tratamiento, si quieren volver vivir juntos no hay nada que lo prohíba. La exclusión del agresor de su hogar supone un tratamiento para mejorar su conducta. En algunos casos este tratamiento se le otorga a ambas partes por separado.

Entre las principales diferencias que existen con la reciente ley cordobesa es que la nuestra en su artículo 2º señala: “A los efectos de la presente Ley, se entiende por grupo familiar, el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho y comprende a todos los grados de parentesco, siempre que sean convivientes; y a las personas allegadas a ese núcleo cuando por cualquier circunstancia cohabitaran regularmente con características de permanencia”. Por su parte, la ley de Córdoba habla de no convivientes y de ex matrimonios.

La Ley de Córdoba prevé la ayuda económica y el alojamiento de la víctima que tiene que irse del hogar. Además se señala en esta ley que en el caso de que el agresor tenga algún arma en su posesión esta le sería incautada. Y en el caso de que el agresor sea un efectivo policial, no sólo se le retiraría el arma sino que sería desafectado de la fuerza. En este punto la Dra. Salinero cree que es necesario no solo el compromiso de los legisladores provinciales para reformar esta ley o bien para crear una nueva.

“Para poder prevenir y evitar la violencia contra la mujer habría que tener una política coherente que no hay” sostuvieron Roxana Rodríguez y Nora Llaver, miembros de la organización colectiva en defensa de la mujer “Las Juanas y las Otras”, quienes no pudieron ocultar su preocupación en torno a esta temática.

“Nosotras, como colectiva, lo hemos venido denunciando” manifestó Llaver a ATPA. “Creemos que falta mucho y a nosotras como grupo nos gustaría ser convocadas, tenidas en cuenta para desarrollar y afianzar políticas con respecto a esta problemática. Cada cambio de gobierno no supone un afianzamiento sino un retroceso. No hay continuidad y no hay una política de estado sobre el tema. Cada Gobierno define su propia política y se empieza de cero” sentenciaron Rodríguez y Llaver.