Por Lucas Adre
Departamento de Cultura
Una vez más la violencia estuvo presente en un estadio de fútbol. Sin embargo este acontecimiento no es un caso más de agresión en un deporte de tamaña convocatoria. En realidad representa otro caso de represión policial a la que, según parece nos quieren acostumbrar a los mendocinos –por hablar solamente de lo que pasa en nuestra provincia.
El domingo 11 se jugaba en el Estadio Mundialista mendocino “Malvinas Argentinas” el clásico local San Martín – Godoy Cruz, por la sexta fecha de la B Nacional (fútbol de ascenso). En circunstancias ampliamente difundidas por los medios de comunicación el defensor del club “chacarero” (San Martín), Carlos Azcurra, recibió un balazo de goma efectuado por un policía a menos de un metro de distancia, quedando gravemente herido. Otro caso más de “gatillo fácil”.
El hecho conmocionó a la sociedad entera. Pero no es la primera vez que la policía de Mendoza queda involucrada en un acontecimiento de esta índole. Sólo basta con recordar algunos casos de público conocimiento. En un informe proporcionado por la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) en su página en internet www.correpi.lahaine.org, los casos de “gatillo fácil” en el país desde 1983 a la actualidad ya suman 1684 muertes y desapariciones – sin contar aquellos casos como el de Azcurra donde la víctima salva su vida.
Mendoza acumula un número importante en esta lista. Tal es el caso número 122 de la CORREPI donde las víctimas son Raúl Baigorria y Adolfo Garrido, desaparecidos el 28 de abril de 1990 luego de ser detenidos y torturados por la policía local. Ésta, como era de esperar, se ocupó de suministrar información falsa para desviar la investigación. Nunca hubo imputados ni procesados. Otro ejemplo es el caso número 196 de ese informe que concierne a Sebastián Bordón (de 18 años) el cual fue asesinado a golpes por policías del distrito sanrafaelino El Nihuil, el día 7 de octubre de 1997, donde el joven de Buenos Aires pasaba su viaje de egresados. Fue encontrado muerto en un barranco. Después de mentiras y encubrimientos, el comisario Hugo Trentini fue condenado a 15 años de prisión; el oficial Daniel Gómez a 12 años; el cabo Abelardo Cubillos y el agente Roberto Gualpa a 10 años y el cabo Esteban Merelo a 2 años y medio, por lo que es el único que quedó en libertad.
La lista es larga y se pueden mencionar muchos casos, como el del joven Pablo Guardatti desaparecido el 24 de mayo de 1992, o el de Hugo Gómez Romagnoli asesinado el 31 de agosto de 1996; incluso el del cabo de la policía de Mendoza Jorge Daniel Ceresoli, ultimado también por uniformados, el 16 de abril de 2003.
En todos los casos que figuran en el informe de la CORREPI -incluso los nombrados- está claramente acreditado que los muertos en manos de las fuerzas de seguridad no ponían en riesgo ni a civiles ni a uniformados, con sus conductas o actitud al momento de ser golpeados, baleados o secuestrados. Todos hechos que nos recuerdan a los terribles años de plomo en nuestro país (1976-1983).
A esto se le puede sumar el reciente suceso de abuso de autoridad policial sufrido, el 29 de agosto de este año, por Lorena y Jésica Guayama en el puente peatonal de la terminal de ómnibus en el departamento Guaymallén. Ellas fueron detenidas por un efectivo policial por no llevar cédula provincial -a pesar de que llevaban DNI. El policía no les dio explicaciones de por qué las detenía, ni tampoco les permitieron hacer una llamada telefónica una vez adentro de la Comisaría Segunda, según explicaciones de éstas en el programa periodístico “Opinión”, de Canal 9 de Mendoza. Estuvieron encerradas en un calabozo durante tres horas recibiendo malos tratos por el personal policial, explicaron las hermanas. Hechos de esta índole siguen sucediendo en nuestra provincia y desde lo ocurrido con Azcurra se han denunciado muchos más aún.
Los ejemplos antes mencionados son sólo algunos de los tantos casos de brutalidad y abuso de autoridad ejercido por parte de la Policía de Mendoza. Pero en esta problemática las responsabilidades no quedan nada más que en la policía. También es responsable el Estado, y en el caso particular de la Policía Provincial, el gobierno mendocino. Éste es quien debe garantizar a los ciudadanos el ejercicio de las libertades individuales que poseen por vivir en un Estado de Derecho. Sin embargo las fuerzas de seguridad a cargo del gobierno distan mucho de proteger este tipo estado para la sociedad. Su mala instrucción, el deficiente reclutamiento, la corrupción, las malas gestiones políticas, entre otros; se traducen en “gatillo fácil”, “abuso de autoridad”, “desapariciones”, “amenazas”, “mentiras, etc., violando así los derechos constitucionales de los ciudadanos. Incluso refleja el poco interés del gobierno por abordar esta problemática desde la raíz, al ofrecer respuestas fáciles, como la del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Mendoza Osvaldo Tello, cuando respecto al caso Azcurra argumentó a los medios que fue “un caso aislado”; o cuando en referencia al caso de Lorena y Jésica Guayama, declaró en el noticiero de Canal 9 de Mendoza que él no se preocuparía por ese hecho, sino que la sociedad debería estar tranquila porque eso indicaba que la policía provincial estaba trabajando. ¿Así es como quiere que trabaje la policía señor Tello? ¿Violando los derechos de los ciudadanos? ¿Es un hecho aislado el caso Azcurra? ¿Son hechos aislados todos los casos de violencia policial?
Conmoción por el caso Azcurra
Sin duda alguna, el ataque que sufrió el futbolista Azcurra ha generado un gran revuelo en el ámbito político y policial. El gobernador mendocino Julio Cobos se encargó inmediatamente de la situación. Aunque ni él ni Tello pueden justificar la mala actitud de la policía, a pesar de que éste último y el subsecretario de seguridad, Carlos Salas; o el director del área, Mario Campos; insistan en que los policías de los cuerpos especiales cuentan con un buen manejo de armas.
Al mismo tiempo, los bloques de senadores del Partido Justicialista y del Partido Demócrata lograron un despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para interpelar este martes a Tello por la agresión del policía. El ministro deberá responder preguntas sobre el caso y sobre el funcionamiento del ministerio y de la policía en general.
Mientras tanto, se conoció que el cabo Marciel Maldonado -autor de la agresión e imputado por el delito de “homicidio agravado en grado de tentativa, agravado por el abuso de la función y por uso de arma”- envió una carta a los padres de Azcurra pidiendo perdón por lo sucedido. Sin embargo, según fuentes oficiales, el texto no fue escrito por él sino por personal del Programa de Asistencia al Policía que, “casualmente”, depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto hace pensar que hubo presiones para que Maldonado reconociera culpabilidad y desligara a la policía del hecho; aunque el cabo asegura que la carta fue escrita a pedido de él.
En la epístola el policía decía haber sido bien preparado en la fuerza, pero la situación lo desbordó. Este dicho se contradice con los de su abogado, Eduardo Tapia y con los de él mismo en declaraciones posteriores a los medios, cuando dice que el arma se disparó accidentalmente porque hubieron manotazos. En el escrito se reconoce responsabilidad por un error a causa de un desborde de la situación y luego se habla de un acto involuntario.
Además, Maldonado -o el ministerio- dijo en la carta que no quiere que “por este hecho se cree una mala opinión de la policía que tanto le ha costado que la sociedad cambie su imagen sobre ella”. Una vez más aquí se intentó repetir la fórmula de Tello: “fue un caso aislado”. Como si el propio ministro la hubiera escrito. Además la sociedad no ha cambiado ninguna imagen de la policía. Siempre ha sido la misma: “mala”.
Se tomaron todas las medidas posibles para dejar una buena imagen de gobierno frente a este tema. Sobre todo a tan poco tiempo de las elecciones. La oposición que hace leña del árbol caído, y el árbol caído (el oficialismo) que busca que no lo hagan leña. Igualmente Cobos, por las dudas, ya ha anunciado que el gobierno se hará cargo de la rehabilitación del jugador; y que en caso de que no pueda jugar más al fútbol, le dará un puesto en la Dirección de Deportes.
Al mismo tiempo, el equipo del ministerio de seguridad confeccionó un manual instructivo con los pasos que debe seguir la policía para actuar en eventos masivos. Este nuevo protocolo se estrenó en el mismo escenario donde agredieron a Azcurra: el Malvinas Argentinas, en el partido entre Godoy Cruz y Chacarita. El personal policial que se encontraba dentro del campo de juego sólo podía usar sus palos, perros y escudos, mientras que los que estaban apostados en las afueras del estadio sí poseían armas.
Este acontecimiento deja muchas dudas y pocas respuestas. Más allá de la buena actitud del gobernador frente al caso ¿qué tan rápido habría actuado y qué tan preocupada se hubiera mostrado la oposición si no estuvieran en campaña electoral? Todos queremos que se haga justicia para Azcurra y que siga mejorando, pero ¿qué tanto se habría hecho si la víctima hubiera sido un pibe humilde del barrio La Gloria o del Campo Papa, y no Azcurra, un jugador de fútbol de la B Nacional?
Tello afirma que una persona que actúa como actuó Maldonado no puede formar parte de la fuerza policial. Pero asegura que la policía está bien preparada. Entonces, si la policía está bien preparada y éste es, como él dice, un caso aislado, lo que está fallando entonces es la etapa de reclutamiento del personal policial. Cualquiera de las explicaciones que dé el ministro no son para nada defendibles. ¿Hasta cuándo van a seguir defendiendo lo indefendible? ¿Cuándo se van a hacer cargo del problema abordándolo desde el fondo? La historia no se acaba con poner a policías nada más que con palos en los eventos masivos, o haciéndose cargo del problema cuando el hecho ya fue consumado. Es necesario un cambio radical. Un giro completo acompañado de un cambio de mentalidad.
El gatillo fácil otra vez es noticia. La sociedad está consternada. Volvió a ver la misma figurita. La política que da manotazos de ahogado, al tiempo que se echan responsabilidades unos a otros. Mientras tanto un ciudadano más en un hospital con heridas de represión. Y la policía, en su mayoría formada en la vieja escuela (policía militarizada, de la época de la dictadura), sigue sin mostrar los “supuestos buenos frutos” que daría el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Por enésima vez las “fuerzas de seguridad” están en el banquillo de los acusados, tornándose cada vez menos creíbles y confiables. Haciendo desconfiar, incluso, a los que todavía creen en ella.