Gracias a que el gobierno paraguayo otorgara inmunidad total al ingreso de tropas estadounidense a su territorio, Estados Unidos logró dar un paso importante en la militarización del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en pos de sus objetivos geoestratégicos.

Desde que el Congreso de Paraguay aprobara el ingreso de efectivos militares a ese país, con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente, se ha desatado el peligro de que el Plan Colombia opere en el seno mismo del Cono Sur.

Ya desembarcaron 400 marines en Paraguay pero la base construida en plena región chaqueña está preparada para albergar hasta 16.000 militares con todos los armamentos necesarios y permita aterrizar aviones Galaxy y desembarcar armamento pesado.

También se suma el hecho de que se instalara un departamento de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para apoyar al país en asuntos de seguridad, según declaraciones del vicepresidente paraguayo, Luis Castiglioni.

Según sus declaraciones, el aumento de la criminalidad en este país obliga la concurrencia de expertos estadounidenses y de Colombia, para instruir a los sectores especializados y asesorar en la preparación de programas de seguridad.

El departamento funcionará en la embajada estadounidense en Asunción, detalló Castiglioni, quien anunció que los representantes del FBI llegarán la próxima semana, para coordinar el inicio de sus actividades, previsto para 2006.

Informó también que el gobierno espera para finales de este mes a un representante del Pentágono, quien asistirá a los miembros del Ejecutivo en la organización de un plan nacional de seguridad.

Cabe recordar que la Triple Frontera es un lugar ya elegido por Washington desde hace tiempo para instalar un asentamiento militar. No es ilógico aseverar que estas tropas que entrarán a Paraguay operaran rápidamente sobre una zona estratégica: el Acuífero Guaraní, donde se encuentra el epicentro de la mayor reserva de agua dulce del mundo, con capacidad de almacenamientos por 180 años.

Sin embargo, no solo la Triple Frontera entra en los objetivos de Estados Unidos. También existe la posibilidad de que le país del Norte instale una base militar en Bolivia, similar a la denunciada en Paraguay, aunque la versión fue desestimada por el presidente de ese país, Eduardo Rodríguez.

La embajadora paraguaya en Bolivia, Minia Adela Oviedo, negó la existencia de una base estadounidense en su país y digo que " tenemos un acuerdo de ayuda humanitaria (con Estados Unidos), no hay ninguna base militar, sólo arribaron hay 45 efectivos para la prestación de labores sociales".

El experto boliviano en asuntos militares Ramón Quintana señaló que "el supuesto despliegue de efectivos del ejército de Estados Unidos en esta región tiene un propósito geopolítico y que puede estar vinculado a un supuesto interés en las ricas reservas bolivianas de gas".

"Sería ingenuo pensar que estas intervenciones militares sólo se deben a la lucha contra el terrorismo o a una acción humanitaria", añadió.

A su vez, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Antonio Peredo, de Bolivia, dijo que "Estados Unidos tiene planes estratégicos para controlar y dominar los recursos naturales de América Latina, entre ellos los grandes yacimientos de gas natural".

Peredo recordó que Washington ha intentado antes establecerse militarmente en el Cono Sur, y recordó que en 1986 una fuerza militar norteamericana desembarcó en Bolivia sin permiso y permaneció varios meses en supuesta misión de lucha contra el narcotráfico.

Consideró, al mismo tiempo, que Bolivia, por su ubicación, sobre las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata, "tiene importancia estratégica para Washington, pero tiene aquí un pueblo que no acepta su dominación".

Según la edición argentina de revista Le Monde Diplomatique, la decisión del Congreso paraguayo se dio enseguida después de la caída del presidente boliviano Carlos Mesa y de la exigencia estadounidense no aceptada en la OEA (Organización de los Estados Americanos) de que se crease un "observatorio de las democracias" en el organismo.

Estos hechos tienen lugar justo en el momento en que el gobierno paraguayo opta por una política represiva contra los movimientos sociales y la oposición, contrarios a las privatizaciones en curso en el país, y contra las organizaciones de campesinos en lucha por sus tierras.

"Washington debe formalizar ahora una base militar en Paraguay (donde, desde años mantiene un aeropuerto semiclandestino en Mariscal Estigarribia, cerca de la frontera con Bolivia. Allí pueden aterrizar aviones B-52 y Galaxys, capaces de transportar grandes cantidades de tropas y armamentos", señaló la publicación.

En este contexto, el diputado federal brasileño y ex-presidente de la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR, Joao Rosinha advierte que tener tropas estadounidenses actuantes en dos flancos (en el norte por Colombia y en el sur por Paraguay) no deja a Brasil en una situación confortable. En su análisis el diputado federal afirma que "la militarización de las fronteras es muy peligrosa, estamos comenzando a quedar prensados, y considero que esto es una amenaza a nuestra seguridad".

Según el diputado, debió darse una discusión al respecto en el ámbito del MERCOSUR. "Estados Unidos ganó la puja contra la resistencia de su presencia en la Triple Frontera. No se como fue el acuerdo con Paraguay. Pero en Colombia sucedió que se restringió la entrada de militares y se permitió el acceso libre de civiles norteamericanos. Esos civiles son todos mercenarios, empresas privadas de seguridad. Si eso se repite en Paraguay, las cosas se complican", concluyo el funcionario.

Por otro lado, desde Estados Unidos, su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, comprometió el envío a Paraguay de expertos del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, una institución dependiente del Pentágono, a fin de desarrollar un "Seminario de Planificación del Sistema de Seguridad Integral Nacional", programado para septiembre.

Las Fuerzas Especiales de Washington instruirán sobre narcotráfico y lucha antiterrorista a efectivos paraguayos, de la Secretaría Nacional Antidrogas, del Regimiento Escolta Presidencial y de la Brigada Aerotransportada.

Los soldados estadounidenses poseen ahora los mismos privilegios de un funcionario diplomático, no tienen que responder por los daños que causen a la salud o al medio ambiente, ni tampoco a los recursos de la población.

El estado paraguayo no podrá investigar ni juzgar los delitos que pudieran cometer estos soldados y no podrá demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional (CPI), violando su propia legislación, ya que está adherido a la misma.

Esos privilegios, que tanto Brasil como Argentina se negaron a otorgar, incluyen también la liberación aduanera y la exención de inspecciones e impuestos para los productos y propiedades.

Cabe recordar que tropas estadounidenses entraron a Paraguay a fines del año pasado y que fueron ubicadas en distintos puntos de la zona fronteriza con Argentina, entre ellos Concepción, el Chaco y Encarnación. Hasta el momento, el gobierno paraguayo no ha desmentido esas versiones.

Estados Unidos lanzó esta arremetida dentro del siguiente marco: el golpe fallido en Venezuela y posterior triunfo de Chávez en un referéndum, el nacimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones, el empantanamiento del Acuerdo de Libre Comercio (ALCA), los fracasos militares en Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), Bolivia y su creciente movilización popular, y el reciente fracaso de Washington en su intento de aplicar un sistema de "monitoreo de las democracias" a través de la OEA.

Juan C. Alfaro

APM/Agencia Taller