Por Santiago Mampel
Departamento Política
19/04/06 Organismos de Derechos Humanos pidieron hoy a la Justicia que no acepte que los detenidos a los que se les atribuye delitos de lesa humanidad cumplan prisión en sus casas o en dependencias de las Fuerzas Armadas o la Policía. “Queremos que vayan a prisión como los otros detenidos que no gozan de estos beneficios”, aseguró a ATPA el abogado Pablo Salinas. “De ningún modo puede admitirse que se asignen tareas de custodias de personas imputadas a otras instituciones que no sean el Servicio Penitenciario Federal”.
La presentación que se hizo ante el juzgado de Walter Bento por la causa “Fiscal/Menéndez Luciano Benjamín y otros”, reclama que “la ley de Seguridad Interior Nº24.059 enumera expresamente en su artículo 7 qué organismos forman parte del sistema de seguridad interior, sin que se encuentren entre ellos las Fuerzas Armadas”. Por las causas de este juez, se encuentran detenidos: Luis Alberto Rodríguez Vázquez (ex comisario), Juan Oyarzábal (comisario retirado), Tamer Yapur (ex coronel, primer interventor en Mendoza), y Orlando Dopazo.
A su vez, días atrás la Ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo ante la agencia TELAM, que su cartera también está estudiando una presentación similar a la que harían estos organismos porque le preocupa “una diferenciación en los detenidos en la Argentina”. Además agregó que “hay cierta flexibilidad (en las condiciones de detención) por mecanismos corporativos que aún permanecen y que no existirían en cárceles comunes”.
Los abogados también aclaran que “se impone la necesidad de asegurar condiciones de detención bajo un régimen de seguridad adecuado para arribar sin inconvenientes a una sentencia que ponga fin al trámite de la causa”, debido al interés del Estado y de la Comunidad Internacional en investigar, perseguir y sancionar los delitos de lesa humanidad.
Hace pocos días el juez Ariel Lijo mandó al represor Pascual Guerrieri a una prisión común por haber violado cuatro veces el arresto domiciliario. También había ocurrido lo mismo con los represores Suáres Mason y Massera, dando cuenta de la inutilidad de la prisión domiciliaria.
El beneficio de cumplir pena en el hogar, es un extraño privilegio al que no acceden la mayoría de los argentinos. En una nota del diario Página12, Raúl Kollmann ejemplifica que en la provincia de Buenos Aires “no existe el tope de edad para los delitos comunes y en el complejo de Olmos hay una dependencia en la que están alojadas las personas mayores”. En esa nota también explica que el artículo que permite las prisiones domiciliarias se “coló” en un decreto del año 1997 de Carlos Menem sobre los enfermos de HIV, quien vería luego beneficiado por este artículo, ya que cumplió prisión domiciliaria en su quinta de Don Torcuato.
Actualmente hay unos 200 militares en dependencias castrenses por causas vinculadas con violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, según lo informa el diario Los Andes. En la presentación que hicieron los abogados Alfredo Guevara, Diego Lavado, y Elba Morales además de Salinas, se pide que vuelvan a la cárcel entre otros imputados Jorge Acosta, Alfredo Astiz y Juan Antonio Azic.
