Según el director de la empresa, el "balance social señala que el Estado está administrando mal este servicio". Polémica.

Largas esperas de usuarios, frecuencias sin cumplir, 150 empleados que cobran pero que están fuera de la actividad y generan una pérdida de $ 6 millones; $ 40 mil de evasión diaria, falta de limpieza en los colectivos y una cantidad insuficiente de máquinas boleteras, son algunos de los obstáculos que, según las autoridades oficiales, deterioran cada día más a los colectivos del Grupo 2 de transporte de pasajeros.

Con este escenario, esta línea que vincula Guaymallén con el Centro y con zonas de Rodeo de la Cruz, parece encaminarse a la concesión o a transformarla, según un proyecto de ley de la diputada Amalia Monserrat (ConFe), en la empresa con la figura de Sociedad del Estado. Todo va a depender de la voluntad del Ejecutivo provincial.

Mientras tanto, el director de la empresa, Héctor Salcedo, advierte que hay una gran "ineficiencia del Estado en el servicio". "La deficiencia, los malos hábitos y la estructura actual" han provocado que el "balance social señale que el Estado está (administrando) mal en esta empresa".

Según Salcedo, "el Estado quiere que el usuario tenga el servicio que se merece" y en este sentido las autoridades de la línea y el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (Sipemom) se reunieron ayer en la Legislatura con los diputados de la Comisión de Usuarios y Consumidores y el miércoles con senadores provinciales, para poner al tanto a los legisladores y pedir su estatización definitiva.

El director de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM), la cual también tiene alrededor de 125 unidades más, entre colectivos y troles, pide que se modifique el sistema de organización de la empresa para darle una mayor agilidad en las compras, reparaciones, decisiones sobre la gente y administración de esta línea como para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y del control de costos.

Este servicio de pasajeros públicos transporta al 12% de los 15 millones de pasajeros que tiene el Gran Mendoza cada mes. Según fuentes de la administración de la línea necesitan al menos 100 unidades para funcionar. Actualmente, tienen 83 y trabajan sólo 75, porque el resto no tiene las máquinas lectoras de las tarjetas magnéticas.

Sin embargo, según Rodolfo Calcagni, de Sipemom, en realidad del parque móvil funcionan 42 colectivos de un total que, según su versión, es de 69. El gremialista señaló que hay 30 colectivos averiados que no pueden reparar, "no tienen repuestos, sacan de los parados para arreglar a los que están en uso", dijo. Con estos 30 colectivos fuera de circulación, hay 90 choferes que no tienen trabajo y cumplen otras funciones.

A su vez, el Ejecutivo provincial solicitó dos estudios a la Universidad Nacional de Cuyo para tener un panorama que dé cuenta sobre la factibilidad económica de la empresa e ir dibujando las posibilidades de que quede en manos privadas o estatal, y un estudio de satisfacción de los usuarios.

La diputada Monserrat presentó, hace más de un año, un proyecto de ley para convertir la Línea 2 en una empresa provincial de transporte como Sociedad del Estado. Este cambio de figura le permitiría una reforma estructural con mecanismos de compra y tomas de decisiones más ágiles. Monserrat señaló que "actualmente este proyecto es otra opción; ahora es el Estado el que debe elegir".

Esta diputada conoce de cerca la problemática, ya que en la gestión de Julio Cobos fue titular de la EPTM.

La empresa

La Empresa Provincial de Transporte de Mendoza, dirigida por Héctor Salcedo, es el único ente de transporte de pasajeros urbano que está en manos del Estado.

En su totalidad, esta institución tiene 48 troles que circulan por las calles principales de la Ciudad, 36 unidades de colectivos como servicio complementario de los troles, 22 colectivos que realizan el circuito Pedro Molina hasta el Barrio Unimev, anteriormente en manos de la desaparecida TAC y 6 colectivos que unen los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras.

La Línea 2 tiene el 12% del total de los pasajeros que circulan por mes en el Gran Mendoza; el resto representa el 8%.

Conservar las fuentes de trabajo

Rodolfo Calcagni, representante de Sipemom, trata de enviar señales de tranquilidad a los 250 empleados que hay en este ente público de transporte, los cuales temen por sus fuentes de trabajo ante una inminente privatización o concesión. De hecho, tal cual como está la estructura y con el crecimiento exponencial de los últimos años, si queda definitivamente en manos del Estado, el gremialista acepta que sólo se necesita una plantilla de 172 trabajadores.

El titular de la Línea 2, Héctor Salcedo, confirmó a este medio que habría 150 empleados que ingresaron como choferes o mecánicos hace unos años y en la actualidad prestan funciones como administrativos, ya que no tienen las condiciones físicas para conducir un colectivo urbano.

Este exceso en la plantilla produce dos efectos negativos: generan, por un lado, un déficit de $ 6 millones a la empresa, además, de no tener asignada una contraprestación que contribuya con las necesidades reales de este ente público. Salcedo expresó que en ningún lado se puede tener 150 personas sin una función laboral específica.
 
Asimismo, este grupo de trabajadores tampoco está ingresado en el costo por kilómetro que el Gobierno paga como subvención del transporte público. Este hecho genera el mencionado déficit. "El Estado debe reubicar a este grupo de personas con urgencia", declaró Salcedo.

Eximen impuestos a compra de 80 troles

Buenos Aires. El gobierno nacional eximió a la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza del pago del derecho de importación y tasas de estadística en la compra de 80 trolebuses usados, marca New Flyer, provenientes de Canadá.

La importación de esas unidades, según el pedido formulado por las autoridades de la provincia, resulta de "vital importancia" para mejorar el sistema de transporte urbano.

También se exceptúa de la prohibición de importación vigente para consumo de mercaderías usadas dispuesta por la Resolución Nº 909, de julio de 1994 del ex Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a los repuestos de los referidos trolebuses.

La medida fue dispuesta a través del decreto 208/09 publicado ayer en el Boletín Oficial.

La norma dispone que "la propiedad, posesión o tenencia de las mercaderías importadas al amparo de ese decreto no podrán transferirse por cinco (5) años a partir de su libramiento a plaza y deberán afectarse exclusivamente al destino tenido en cuenta para el otorgamiento de los beneficios otorgados".

Además la empresa provincial deberá acreditar ante la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dependiente a su vez, del Ministerio de Economía, la existencia de estas unidades cada vez que ésta lo requiera.