El juez Aráoz de Lamadrid los acusa de "secuestro coactivo agravado" de las autoridades de la UBA durante la protesta para evitar el cierre del CBC de Merlo.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó por el presunto delito de "secuestro coactivo agravado" a diez dirigentes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), por una protesta en el Rectorado vinculada con el cierre de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en la localidad bonaerense de Merlo.

Así lo informó a la agencia DyN el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHu), que precisó que los procesados por delitos que contemplan penas de más de diez años de prisión son Agustín Vanella, María Damasseno, Cristian Henkel, Juan Pablo Rodríguez, Leonardo Emanuel Perna, María Laura Casal, Mariela Solesio, Néstor Raia, Santiago Gima y David Fridman.

"Lo tomo como una persecución política. Al leer la causa veíamos que era como algo ficticio, pensábamos que iba a caerse. Estamos trabajando con cuatro abogados de organismos de Derechos Humanos. Vamos a apelar, esperemos que ni siquiera llegue a juicio", contó Gima, uno de los procesados, a Críticadigital.

La resolución, firmada el pasado 7 de noviembre, achaca a los dirigentes de la FUBA los episodios ocurridos el 28 de mayo en la sede del Rectorado de la UBA, durante una reunión del Consejo Superior.

En esa instancia, "debía tratarse la reapertura de la sede del CBC de Merlo, cerrado por decisión del intendente Raúl Othacehé a principios de año", al que concurren unos 3.500 jóvenes, especificó la entidad humanitaria.

"La sesión se vio interrumpida ante la negativa de las autoridades universitarias de hacer frente al reclamo de los estudiantes", sostiene el comunicado, que acusa al juez de actuar "con una línea política clara: judicializar la protesta social, buscar un castigo ejemplar para los cientos de estudiantes que reclaman por condiciones dignas de cursada y mayor presupuesto educativo".

Para el juez, los alumnos "ingresaron al edificio del Rectorado forzando y rompiendo la puerta de ingreso" y los consejeros fueron mantenidos "contra su voluntad". Los diez procesados "son los únicos involucrados que por el momento han sido debidamente individualizados e identificados", indica el fallo.

El procesamiento incluye embargos para todos los imputados por 10.000 pesos y la "prohibición de salir del país". El CADHu anunció que apelará la medida para que sea la Cámara Federal la que, en definitiva, se pronuncie sobre la cuestión.