El Colegio de Arquitectos y Oikos, entre otros, lamentan que el cuerpo académico sea sólo consultivo. Consultas en Diputados.

Pese a que las necesidades ambientales, económicas y poblacionales de la provincia exigen su existencia y puesta en práctica, Mendoza aún sigue sin tener su Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.
 
Incluso, si bien el proyecto cuenta con media sanción en el Senado, ahora Diputados se encuentra recibiendo aportes e inquietudes desde distintas asociaciones y colegios de profesionales que mostraron su desacuerdo con las modificaciones que los senadores realizaron sobre el trabajo elaborado por científicos de distintas especialidades y que había sido tomado como propio por el Gobierno.

Uno de los principales aspectos que hoy está en el centro del debate, tiene que ver con el órgano de aplicación que se encargará de planificar, gestionar y controlar el desarrollo territorial en la provincia. Su objetivo, en líneas generales estaría basado en un correcto equilibrio entre las actividades socio productivas y el crecimiento urbanístico; siempre bajo la consigna de cuidar y mejorar la calidad del agua y la tierra tanto en las zonas de ciudad como en el campo.

De acuerdo a los dichos del propio gobernador Celso Jaque, la normativa estaría vigente en Mendoza antes de que 2008 finalizara. Sin embargo, los tiempos se han dilatado más de esa fecha. El último avance concreto que se dio respecto de la aprobación de la Ley fue en diciembre del año pasado, cuando la Cámara de Senadores aprobó el proyecto. Éste luego fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, donde se encuentra hasta ahora.

Ya con un recorrido de casi dos años desde que se encomendó a la UNCuyo la tarea de encabezar la concreción de un anteproyecto completo y dirigido a responder a los intereses de toda la comunidad, los cuestionamientos siguen. Ocurre que la modificación realizada por los senadores se refiere a quiénes serán los responsables de tomar decisiones para aplicar la Ley.
 
Tal y como fue reformado el proyecto, en la actualidad establece que esta tarea será específicamente de la Secretaría de Medio Ambiente.

En su artículo N° 40, el documento establece la creación de un Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, que estará presidido por el titular de ambiente y deberá emitir dictámenes periódicos. También participará un representante de cada una de las siguientes reparticiones: Irrigación, Vialidad, Hidráulica y Catastro. Se incluirá además a Vías y Medios de Transporte, el Instituto Provincial de la Vivienda y las direcciones de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, Saneamiento y Control Ambiental, Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

Se sumará una persona por cada uno de los municipios y cinco especialistas del sector científico y técnico de la provincia mientras que por vía reglamentaria podrán incorporarse otras entidades y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajen en temas ligados al uso del suelo. Pero el hecho es que estas perspectivas serán no vinculantes, es decir, que las decisiones últimas quedarán en manos íntegramente del Gobierno. Su rol será sólo consultivo.

Ahora, son los diputados quienes deberán decidir si realizan otra modificación en base al anteproyecto que había sido elevado por la comunidad científica (coordinada por la UNCuyo).

Es que una de las novedades que instauraba la propuesta inicial consistía en la creación de un sistema de seguimiento, evaluación y control destinado sólo a trabajar en el tema de Ordenamiento Territorial. Este órgano, que fue denominado Sicicot, permitiría la participación del Gobierno y los municipios pero también los proyectos serían elaborados y aprobados por un grupo de profesionales de distintas áreas. También se propone una Unidad Técnica de Ejecución.

Precisamente, esta diferencia respecto del actual proyecto es la que llevó a representantes de distintas asociaciones a elevar su pedido a Diputados durante toda la semana pasada. “Estamos trabajando para que todo esté consensuado y por eso hemos recibido aportes de distintos organismos y asociaciones. Cada vez aparece más gente a opinar”, aseguró Amalia Monserrat, titular de la Comisión de Ambiente de Diputados (Confe).

Según Monserrat la idea por estos días es compatibilizar opiniones y para eso pautarán una reunión con los senadores y el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona “para que la Ley definitiva cumpla con los objetivos para los que fue creada”.

Una de las entidades que llevó su propuesta a los diputados fue el Colegio de Arquitectos. En líneas generales, los profesionales solicitaron la incorporación de un ente independiente dedicado específicamente al tema de ordenamiento territorial y uso del suelo.

“Podría estar integrado por todas las reparticiones del Estado y presidido por Ambiente, sin dejar de lado las asociaciones y entidades ligadas al tema”, explicó Gerardo Montarulli, presidente del colegio, e hizo hincapié en la necesidad de contar con una normativa que a largo plazo permita ligar los aspectos científico y lo técnico a las decisiones políticas.

Principios del proyecto que está en diputados

Su objetivo primordial es el bienestar general por encima de los intereses particulares y el respeto por los valores de la sociedad.

Bien común. Derecho al agua, el suelo y el aire para todos los habitantes de la Provincia, respetando las actividades económicas y sociales vinculadas a la cultura agraria, sus cultivos y pastoreos, como así también las industrias y todas aquellas actividades estratégicas.

Federalismo. Establece códigos y facultades que le competen a la provincia en materia de protección ambiental y un régimen especial de Mendoza en materia de aguas.

Desarrollo Sostenible. Supone un modo justicia social y garantiza el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Establece la atención de necesidades básicas insatisfechas por parte del Estado, la utilización racional de los recursos naturales, la participación social, la prohibición de excepciones y la autonomía municipal entre otros aspectos.

Guillermo Carmona - Secretario de Ambiente:  “Si tenemos que firmar un decreto lo vamos a hacer”

“Cuando nos reunimos con las comisiones de Ambiente aclaramos que comprendíamos el espíritu de la propuesta, que nos poníamos a disposición de la Legislatura para el tratamiento de la ley y que el Gobierno está trabajando en temas de ordenamiento. Estoy de acuerdo con que participen todos los sectores, pero no puede haber un ente que funcione por encima de los ministerios. La perspectiva debe ser sistémica y la Ley es urgente; si es necesario firmar un decreto lo vamos a hacer”.

Eduardo Sosa Presidente de Oikos: "Todo quedaría en manos de las políticas de turno"

“Cuando vimos el proyecto de las universidades notamos que la creación del Sicicot era una muy buena propuesta, aunque no estaba al alcance de la capacidad institucional del Gobierno. Pero ahora que se eliminó es peor porque se pone en manos de un solo organismo (Medio Ambiente) el tema del ordenamiento territorial. Esto es un despropósito porque se desvirtúa el espíritu de la Ley, que era convocar a todas las partes involucradas y todo queda en manos de las decisiones políticas de turno.”