Tras la denuncia presentada por abogados y organizaciones Derechos Humanos de Córdoba y Catamarca el juez federal Pedro Navarro decidió promover acción penal contra integrantes del Ejército sospechados de haber fusilado a 16 militantes del ERP (brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores comandado en la zona por el “Negrito” Fernández) luego de haberse rendido y entregado sus armas en Capilla del Rosario, a veinte kilómetros de la capital catamarqueña el 12 de agosto de 1974.
Cinco de los fusilados fueron enterrados en calidad de NN en el cementerio municipal de la capital catamarqueña, hecho que ya había sido denunciado por Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Archivo Nacional de la Memoria Histórica y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de esa provincia. Entre ellos se encontrarían los uruguayos Hugo ‘Vicente’ Cacciavillani y Rutilio “Tupa” Betancour. Ambos habrían integrado el Movimiento de Liberación Nacional TUPAMAROS de Uruguay. Dada esta realidad, el gobierno de Tabaré Vázquez anunció que financiará los gastos que ocasione determinar el paradero de los combatientes asesinados en nuestro suelo.
A pesar de que la acción penal se realiza contra desconocidos, se sospecha como autores la masacre al entonces comandante general del Ejército Leandro Enrique Anaya; El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Ernesto Federico Dellacroce; y el comisario de la Policía Federal, Alberto Villar. Como responsable de la orden de ejecución de los guerrilleros rendidos y desarmados se identificó a Juan José Vaquero.
Los querellantes solicitaron a la Justicia la intervención del Equipo de Antropología Forense para materializar la excavación e identificación de los asesinados, el pedido ya fue aceptado y las labores comenzarán el mes entrante.
Pablo Lozano
Departamento de Sociedad y Movimientos Sociales
