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Proyecto de Ley de Uso del Suelo: La comunidad científica de Mendoza se pronunciará en un mes

La comunidad científico-tecnológica de Mendoza acordó solicitar al Senado de la Provincia un plazo de 30 días para presentar a ese cuerpo un informe completo con su evaluación del proyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, y postergar su tratamiento durante ese período.

05 de mayo de 2006, 13:08.

imagen Proyecto de Ley de Uso del Suelo: La comunidad científica de Mendoza se pronunciará en un mes
Convocados por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, asistieron a la reunión, que tuvo como escenario el Salón del Consejo Superior, alrededor de medio centenar de académicos e investigadores pertenecientes a las Facultades de la UNCuyo, a las Universidades de Mendoza y Maza, Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT), Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional del Agua (INA), Instituto Argentino de Investigación de Zonas Aridas (IADIZA), Centro de Estudios y Legislación del Agua (CELA), Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) y Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).   Presidió la reunión la rectora de la UNCuyo, María Victoria Gómez de Erice, secundada por el vicerrector Arturo Somoza.   Tanto las autoridades universitarias como varios de los presentes destacaron el hecho "casi inédito" de que prácticamente todos los sectores que integran el sistema científico-tecnológico de la Provincia hayan coincidido en la necesidad de trabajar en conjunto y pronunciarse respecto de este proyecto de ley.   La rectora explicó que la convocatoria tuvo como objetivo "establecer en conjunto una metodología de trabajo para producir una presentación coherente y ordenada" de las opiniones del sistema científico-tecnológico respecto del proyecto de ley, en respuesta a las inquietudes que sus miembros habían hecho llegar a la Universidad, después de la media sanción producida por la Cámara de Diputados.   A los efectos de ordenar el trabajo, se distribuyó a los participantes una ficha para que consignen en ella el "encuadre teórico" a partir del cual se enfoca el proyecto, las objeciones específicas que se plantean, las sugerencias y aportes que se puedan formular, todo ello fundamentado en las investigaciones y estudios publicados o inéditos realizados por las distintas instituciones y académicos.   Para sintetizar y ordenar todo ese material y producir el informe final, se acordó designar una comisión que quedó integrada de la siguiente manera: Edgardo Díaz Araujo y Elena Gudiño de Muñoz por la UNCuyo, Rosana Vallone por el INTA, Elena Abraham y Ana María Sedevich por el CRICYT, Adrián Vargas Araníbar y Graciela Fasciolo por el INA, Luis Alberto Martín por la Universidad Maza, Raúl Amprimo y Alberto Cutropia por el Universidad de Mendoza, Cayetano Fusari por el SEGEMAR y Eduardo Favre por el IDITS.

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