Por Natalia Brite
Departamento de Política
08/05/06 Este lunes los abogados Pablo Salinas, Alfredo Guevara Escayola, Diego Lavado y Dante Vega, junto a los organismos de derechos humanos, se presentaron como querellantes por el reciente caso de gatillo fácil en Mendoza, donde murió Mauro Morán, de 14 años. Siete efectivos policiales estarían separados momentáneamente de la fuerza, según lo informado por la Inspección General de Seguridad.
Nuevamente Mendoza es escenario de actuaciones represivas y asesinas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Este viernes, seis oficiales de la Policía de Mendoza acudieron al barrio Cuadro Estación, del departamento de Luján, porque decenas de vecinos estaban apropiándose de carbón que trasladaba un tren. Cuando el tren, parado en el lugar, recuperó la marcha, la policía avanzó sobre las personas que estaban allí y dispararon con balas de goma. Sin embargo esto no fue lo único que dispararon, ya que un chico de 14 años, Mauro Morán, recibió una herida en el pecho con bala de plomo que le causó la muerte. Además hirieron a un bebé de 1 año y 10 meses y a otro chico de 13 años.
Los abogados y organismos de derechos humanos se presentaron hoy como “querellantes populares”, según lo permite el Código Procesal Penal en su artículo 10. En esta presentación estuvo presente ATPA.
El abogado Pablo Salinas, explicó a ATPA que lo que están haciendo es “usar una jurisprudencia que ya existe en la provincia, con el mismo juez, que es hoy fiscal, Luis Correa Llano”, por un caso anterior que fue el del incendio en el penal de Gustavo André, en el cual murieron internos. En cuanto a la responsabilidad política, Salinas dijo que “esto no puede ser tomado como un caso de exceso policial o un caso en donde los únicos responsables son los efectivos policiales. En cuanto a la responsabilidad penal, sí son ellos. Pero hay que tener en cuenta la historia en Mendoza, con casos como el de Pablo Guardatti, Garrido y Baigorria, Tocopa, Reyes, e incluso el del jugador de fútbol Azcurra. Percibimos que estamos ante la presencia de una política de la provincia de Mendoza que carece de plan, de propuesta, de objetivos y esto genera bolsones de impunidad. En causas similares, en general, los funcionarios actuantes han quedado absueltos. Y los responsables políticos han seguido en sus funciones”.
Respecto al hecho de que el Gobernador reciba los familiares de Morán, Salinas cree que “es una nueva política del Estado de entrevistarse con la familia de las víctimas y de querer mostrar su solidaridad, pero en definitiva el que ha generado políticas para que esto pase y el responsable político es él”.
Entre los organismos que se presentaron en la querella está la Agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Casa por la Memoria y la Cultura Popular.
“La que ampara y deja libre a los Menem, a los Cavallo, a los genocidas, es la justicia que tenemos y que es la decisión del gobierno. Haremos todo lo posible para que no sea un caso de impunidad más de los que han sucedido en este país y en nuestra provincia”, expresó a ATPA Facundo Guerra, miembro de la agrupación H.I.J.O.S.
Ramón Ábalo, de la LADH en Mendoza, afirmó a ATPA que “es un nuevo hecho aberrante que la policía ataque y mate a menores. Esto es la evidencia de que los elementos represivos dentro del Estado no están marginados. No se trata de otro hecho aislado sino que hay una actitud política del gobierno de no poner final a estas situaciones. Todo esto, junto a lo que pasa en las comisarías, nos hace recordar a la época de la dictadura. Tenemos que ponernos firmes para que lo del ‘Nunca Más’ sea una realidad”.
Susana Muñoz, de la Casa por la Memoria y la Cultura Popular, expresó: “la policía provincial tiene una larga fama de violaciones permanentes a los derechos humanos de los ciudadanos. Los organismos, entonces, tenemos que ser guardianes cuando pasan estas cosas, por eso también nos presentamos como querellantes”.
Tras este asesinato, quien intervino en la causa fue el fiscal Luis Correa Llano, ante el que declararon esta mañana los padres de Morán. También hoy, en conferencia de prensa, Félix Pesce, miembro de la Inspección General de Seguridad por parte del Partido Justicialista, dio a conocer que se determinó la suspensión preventiva por el término de 30 días de los 6 policías involucrados en la muerte. A éstos se les sumaría un policía más, responsable según la cadena de mando.
