El reclamo por puestos de trabajo en la Planta Deshidratadora de Petróleo de Cañadón Seco (12 km de Caleta Olivia – Santa Cruz) se remonta a septiembre del año pasado cuando la empresa Repsol-YPF comprometió su palabra en la entrega de 146 puestos laborales fijos. Al no comprometer su acción, los trabajadores instalaron, como medida de reclamo, un piquete en la ruta provincial 12, paso obligado hacia los yacimientos del norte santacruceño; Sin encontrar ninguna respuesta, se decidió la toma de las playas de tanques de Cañadón Seco mientras paralelamente se sostenía los bloqueos que desde hace unas semanas se viene realizando a Repsol y Vintage Oil.
Ante esta situación la juez subrogante Marta Yañez a pedido del fiscal Dumani ordenó desplegar una represión coordinada por la policía de Santa Cruz y grupos de choque de Gendarmería Nacional junto al GEOF (Grupo Especial de Operaciones Federales), ascendiendo a un número de 500 efectivos. A raíz de las detenciones efectuadas y el violento accionar de estos grupos, las movilizaciones en repudio comenzaron a realizarse desde el mismo día. De esta manera, numerosas organizaciones sociales se acercaron para reclamar la libertad de los presos a lo cual la policía respondió nuevamente reprimiendo. Pero no siendo esto suficiente, la amenaza a los detenidos se proyecta en la determinación de imputaciones con una máxima de 25 años argumentado como delito por sedición, ya que los trabajadores exigen la renuncia del actual intendente Osvaldo Rubén Maimo. Esto tiene su correlato histórico, pues el mismo tratamiento tuvo la toma petrolera en Termap realizada por sus trabajadores en agosto del 2004.
En este conflicto se encarniza las consecuencias de la política de privatización llevada adelante por YPF con el resultante saldo de desocupación, hambre, exclusión social, reducción salarial, y los métodos de criminalización y represión de la protesta social que coadyuvan en el afianzamiento de este tipo de maniobras neoliberales. Diferentes formas de represión que se suman a la ya aplicada con anterioridad, a través de una política clientelista que oprimió la reacción de su gente, pero que comienza a despertarse a medida que la pérdida de una fuente laboral segura y de las garantías sociales se le suma la pérdida del miedo por asumir una causa justa. Si bien esta actitud es primordial también su contrapartida no deja de ser un dato menor: en uno de los puntos del acta de acuerdo firmado entre los trabajadores y el intendente Maimo se acordó: “el señor intendente asume el compromiso que no habrá persecución alguna contra los empleados que hayan formado parte de las medidas de fuerza”. Lo terrible de este punto no es simplemente el incumplimiento literal del mismo sino que deja manifiesto que este tipo de políticas son de esperarse cuando un gobierno no asume un rol decisivo en la conducción que el pueblo le ha delegado. Esta es la realidad que vive desde hace un par de meses la provincia de Santa Cruz. Otrora gobernada por nuestro actual presidente, la política de represión no es novedad para los trabajadores de dicha provincia que demuestra no ser el paradigma de un nuevo modelo económico y social, sino la consecuencia aplicada del modelo de los ’90.
Andrea Cecilia Lamantia
Editora Departamento de Sociedad y Movimientos Sociales
Fuentes: indymedia.com/ seguimiento de diarios santacruceños
